Dirigentes de la Red Nacional para la Defensa de los Consumidores (RNDC) anunciaron que en los próximos meses estarán presentando ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que denominan Ley de Protección a los Consumidores.
Esta nueva ley vendría a sustituir la Ley 182, o Ley de Defensa de los Consumidores, actualmente en vigencia.
Jorge Eduardo Rooseess, coordinador de Juventud en la Red, manifestó que este proyecto plantea una propuesta legal más amplia, referidas a las herramientas legales que estarían resguardando a los consumidores.
Rooseess señaló que esta nueva ley plantea la creación de una nueva instancia reguladora, que se denominaría el Instituto de Protección de los Consumidores, el cual funcionaría como un ente autónomo con presupuesto propio, el que sería asignado mediante el Presupuesto General de la República.
Rooseess dijo que es necesario llenar los vacíos que deja la legislación de defensa de los consumidores. Falta un nuevo marco legal que venga a llenarlos, dijo.
- El diputado Freddy Torres, miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, manifestó que no es necesario crear un nuevo marco legal para defender los derechos de los consumidores, cuando se puede aplicar una reforma a la Ley 182 y fortalecerla.
“Este país está lleno de ‘elefantes blancos’ (entes reguladores) que no cumplen sus funciones a como se debe. Creo que lo mejor sería fortalecer el marco legal que existe para defender los derechos de las personas, porque el país está pasando por graves problemas presupuestarios y no podría cargar con más instituciones que necesiten partidas económicas, para poder funcionar a como se debe”, indicó.
El caso más reciente de estafa a los consumidores se dio el año pasado, con la empresa Marca Móvil, donde resultaron afectadas más de 1,600 personas de cuatro departamentos del país, quienes perdieron fuertes sumas de dinero.
Gustavo Ortega, directivo del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec), consideró que el marco legal vigente para la protección de los consumidores reúne las características necesarias para mantenerse en función. Ortega no se mostró en contra de la propuesta que hace la RNDC, pero dijo que sería más conveniente para el país aplicar una reforma a la Ley 182.
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MIFIC No cumple
“Esta propuesta de ley vendría a llenar algunos vacíos legales que dejan las actuales leyes con que se resguardan los derechos de los consumidores. Esta nueva ley sería superior en muchos aspectos a la Ley 182, que fue aprobada en 1994 y que se reglamentó en 1999; sobre todo porque nosotros planteamos que se debe crear un Instituto de Defensa de los Consumidores”, indicó.
Rooseess argumentó que en la actualidad la Dirección de Defensa de los Consumidores, que está adscrita al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), no cumple a plenitud con su papel de órgano gestor y promotor de los derechos de los ciudadanos consumidores.
“Es tiempo que en materia legal se dé más relevancia e importancia a los derechos que tenemos los consumidores. De tal manera que haya una autoridad nacional como el Instituto de Protección de los Consumidores, que estaría facultado para sancionar y regular todas las relaciones entre proveedores y consumidores a nivel nacional, una vez agotados los trámites administrativos que se deben seguir”, destacó.
La propuesta se presentaría ante la Asamblea Nacional en marzo próximo, según dijo.
Sistema de acción de clases
Rooseess explicó que dentro del proyecto de ley se plantea establecer el Sistema de Acción de Clases, que permitiría a los consumidores establecer demandas legales en grupos de personas, superando lo que se plantea en la actualidad, donde cada ciudadano puede establecer demandas de manera individual.
“La ley tendría incidencia en todos los contratos de bienes y servicios. También abriría la posibilidad de llevar demandas en grupos de consumidores en contra de alguna instancia o empresa que haya violentado sus derechos”, explicó.
“Actualmente la Ley 182 señala que los casos se resuelvan de forma individual y por eso es necesario contar con un marco legal moderno”, añadió.
Faltaría presupuesto
El economista René Vallecillo manifestó que cualquier esfuerzo, para fortalecer el marco legal que protege los derechos de los consumidores, es bueno.
Manifestó que la idea de crear una ley, para proteger los derechos de los consumidores, vendría a dar mayor envergadura al marco legal ya existente.
Vallecillo argumentó que uno de los problemas sería crear ese instituto, por la asignación del presupuesto requerido para que llegue a funcionar.
“En toda relación comercial el consumidor es la persona con menor capacidad de negociación, la que lleva las de perder y son las entidades encargadas de defender sus derechos, en este caso el Mific, quien debe actuar con la suficiente fortaleza que se necesita, para la protección de los consumidores”, explicó.
“Sin embargo, el problema aquí sería de presupuesto. ¿De dónde saldría el capital para que funcione esta institución?, necesariamente tendría que ser asignado vía presupuesto y creo que el Estado no tiene en estos momentos los fondos suficientes para ello”, agregó.
El economista dijo que no sería apropiado establecer algún cobro adicional o impuesto en la venta de productos, para asignar recursos para que funcione el Instituto de Protección de los Consumidores.
“¿De dónde saldría el dinero para que pueda funcionar y mantener la estructura administrativa adecuada para que trabaje a nivel nacional este instituto? Creo que gravar con más impuestos los productos no es viable, porque al final son los mismos consumidores los que asumirían este costo y se verían seriamente afectados”, cuestionó René Vallecillo.
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