Premian a los No Pago

 

 

Con 87 votos aprobó la Asamblea Nacional la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones de Microfinanzas y Deudores en Mora, conocida como Ley Moratoria, la que representa un “premio” a los productores y comerciantes en mora.

 

La Ley Moratoria manda a las microfinancieras a sentarse con los morosos y en un plazo de 120 días renegociar las deudas a partir de su entrada en vigencia, beneficiando a aquellos comerciantes y productores en mora al 30 de junio del 2009. También manda a suspender los embargos y juicios y fija una tasa de interés única del 16 por ciento para la renegociación de los préstamos.

 

El dictamen original de la ley establecía un 12 por ciento de interés, pero se elevó a través de una moción presentada por Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, la cual supuestamente fue de consenso, pero que en el debate tuvo varias oposiciones, algunas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de la Bancada Democrática de Nicaragua (BDN), que pedían se respetara el dictamen de mayoría.

 

Durante la aprobación de la ley, el plenario se convirtió en un espacio donde los diputados se congraciaban con el grupo de los No Pago presentes en la Asamblea.

 

“Dejar ese 16 por ciento es decirle a esta gente que nunca van a pagar. Si queremos dar esa oportunidad, seamos consecuentes con el acuerdo a que llegamos todas las bancadas”, dijo en su intervención Fabricio Cajina, suplente de Eduardo Montealegre.

 

Mientras, Francisco Aguirre, del PLC, presentó una moción para que se suspendiera la aprobación del artículo 4, que se refiere a la tasa de interés, “hasta que la Comisión Económica abordase su afectación con la Asociación de Microfinanzas, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y los productores”. Dicha moción no encontró respaldo, y finalmente Aguirre se sumó a la votación quedando 47 votos a favor del 16 por ciento, y 36 diputados pidiendo el 12 por ciento.

 

A favor de la Ley Moratoria también votó Wilfredo Navarro, quien en septiembre —cuando se dictaminó el proyecto de ley— fue el único que se opuso, y en ese momento reconocía las advertencias de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), de que se afectaría a todo el sistema financiero por la señal de que en Nicaragua se promueve la cultura del no pago.

 

TODO EN LA MESA

 

La Ley Moratoria establece que una vez renegociadas de manera individual las deudas, el productor o comerciante podrá hacerlo en un plazo de hasta cuatro años para las deudas menores de 10 mil dólares, y en los casos que sean mayores de este monto el plazo es hasta cinco años. Se dan seis meses de gracia para comenzar a pagar.

 

En el artículo cinco de la ley aprobada por los diputados se “dispensan los intereses moratorios acumulados de los créditos otorgados y los gastos legales que hayan incurrido las microfinancieras”. Incluso prohíbe que se incluyan costos adicionales en los arreglos de pago, con la advertencia a las financieras de ser multadas con el 30 por ciento del valor de cada deuda que se negocie.

 

PERDONAN HASTA LOS JUICIOS

 

Los diputados incluso perdonaron a los morosos que enfrentan procesos judiciales por no haber honrado los préstamos recibidos.

 

Douglas Alemán, diputado sandinista y uno de los promotores de esta ley, confirmó que de esta manera quedan suspendidos todos aquellos embargos de propiedades y los juicios por deuda contraída por los comerciantes y productores que cubre la moratoria. Lo que no se supo explicar, y tampoco lo aclara la ley, es cómo quedan los casos de las propiedades ya embargadas y que pasaron a manos de las financieras.

 

Los líderes del Movimiento No Pago dicen que dos mil de sus miembros han perdido sus propiedades. Mientras Asomif afirma que la cartera en cobro judicial es del 0.3 por ciento, unos 23 millones de córdobas, que significan mil personas, de los 350 mil clientes.

 

NO SE LES HALLA ACOMODO

 

Pero ni aun obteniendo los beneficios que pedían quedaron contentos en el Movimiento No Pago. Sus líderes evidenciaron su división en torno a la tasa de interés que se fijó.

 

El bloque que dirige José Andrés Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Nicaragua, rechazó el 16 por ciento insistiendo en que no hay condiciones para pagar los créditos con esta tasa de interés.

 

“Tenemos peleando la ley desde el año pasado y que hoy vengan a aprobar algo que no han consensuado con la dirigencia del movimiento no lo aceptamos”, se quejó Castillo, quien dijo representar a siete mil productores en 36 municipios.

 

Mientras Omar Vílchez, otro de los cabecillas de los No Pago, lo aceptó como “un triunfo”.

 

“No se trata de aceptar, sino que es una ley; queríamos el 12 por ciento y no se pudo, pero lo más importante es que existe una Ley Moratoria que va a regular a las microfinancieras para la reestructuración de deudas, de quienes quieran negociar. Antes no teníamos nada”, reaccionó Vílchez.

 

Para él el mensaje más importante que da la Asamblea Nacional es a las microfinancieras, “porque les dice: señores, estaban robando y cometiendo usura. Para nosotros es un triunfo”, dijo.

 

El dirigente de los No Pago sostuvo que unas 23 mil familias de productores y comerciantes a nivel nacional, que acumulan una deuda de 36 millones de dólares, serán beneficiadas.

 

SECTOR PRIVADO RECURRIRÁ DE AMPARO

 

Pero la Ley Moratoria ha sido constantemente rechazada por la Asociación de Microfinanzas y los mismos organismos internacionales, porque se considera que fomenta la cultura de no pago en Nicaragua.

 

Los proveedores internacionales que les otorgan el financiamiento advirtieron con suspender o recortar los fondos, e incluso Asomif ha manifestado su preocupación porque se les pida acelerar la cancelación de los 70 millones de dólares que corresponde para este año.

 

Además su aprobación viene a desconocer el acuerdo alcanzado el año pasado entre Asomif, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Presidente de la República, Daniel Ortega, quien se comprometió a no respaldar la moratoria.

 

Las reacción de los empresarios fue inmediata. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, anunció acciones legales como recurrir de amparo ante los tribunales e ir con el propio Ortega para que se evite la aplicación de la moratoria.

 

Aguerri reiteró que el sector privado “está en contra de que la clase política imponga una tasa de interés fija para solucionar un problema” que se arrastra desde hace dos años, y reclamó a los diputados por no aceptar la propuesta de dejar la tasa entre particulares que administra el Banco Central, como la opción adecuada.

 

“Estamos en contra de esa imposición, manda una señal equivocada que vendrá a afectar el financiamiento en este país, y además se estimula a quienes se les tiene que exigir que cumplan sus compromisos de pago”, expresó el presidente del Cosep, bastante molesto.

 

Abordarán el tema de la aprobación de la Ley Moratoria con los directivos de la misión del Fondo Monetario, que estarían llegando anoche a Managua. Aguerri recordó que el Gobierno de Nicaragua se comprometió con el FMI a garantizar la estabilidad financiera a través de la carta de intención firmada el año pasado.

 

Mientras, René Romero, vicepresidente de Asomif, dijo a LA PRENSA que recibían con “mucha preocupación” la Ley Moratoria aprobada, pero será hasta hoy jueves que anuncien las acciones a tomar, luego de la reunión de la junta directiva de Asomif.

 

“Siempre hemos dicho que (esta ley) sentaría un pésimo precedente”, dijo Romero, quien considera fomentará la cultura del no pago, “y se va a demostrar en los próximos cuatro meses que entre en vigencia esa ley, si es que entra, cuando veamos que esos miembros de los No Pago ni con esta ley ni con otra, nunca van a pagar, porque nunca han tenido voluntad de hacerlo”.

 

Asomif espera conocer la posición que van a adoptar los funcionarios del Gobierno que hasta hace poco rechazaban que este tipo de marco legal existiera en Nicaragua.

 

Por su parte, el titular del Magfor, Ariel Bucardo, evitó pronunciarse alegando no saber los detalles de la ley.

 

 

Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A