En riesgo el programa con el FMI

Por Lucía Navas, Wendy Álvarez y Ludwin Loásiga López

 

El programa macroeconómico que tiene Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI) puede resultar afectado, como consecuencia de la recién aprobada Ley de Moratoria, que ha provocado inestabilidad en el sistema financiero.

 

El presidente del Banco Central (BCN), Antenor Rosales, reconoció ayer que el tema es muy importante en la discusión con la misión del FMI que se encuentra en Managua, indicando que las conversaciones son tensas.

 

La Ley de Moratoria, aprobada el miércoles por el parlamento, obliga a las microfinancieras a reestructurar las deudas de productores y comerciantes morosos con una tasa de interés fija del 16 por ciento. Establece un plazo de 120 días para negociar y otorga entre cuatro y cinco años para pagar.

 

El presidente del BCN expresó también que él no respalda la Ley de Moratoria y rechaza que se fomente la cultura del no pago a los créditos contraídos.

 

Señaló que no le conviene al equipo de Gobierno, reunido con los delegados del FMI, “que afloren tensiones en esta negociación”, porque el interés nacional es buscar “más bien puntos coincidentes y soluciones a los problemas que, obviamente, la economía nacional presenta”.

 

Rosales admitió que discuten con el FMI las consecuencias que provocará dicha ley a la fluidez del crédito desde el sistema financiero”, en momentos en que el FMI hace la cuarta revisión de su programa en Nicaragua.

 

El embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, advirtió anoche que la Ley de Moratoria afectará el clima de inversión en Nicaragua, porque generará un entorno de incertidumbre para los inversionistas que estén interesados en venir al país.

 

Señaló que tras conversar con varios nicaragüenses, conoció que “hay una preocupación (por esta ley) porque va a afectar la inversión”, ya que “la manera de promover y hacer crecer la economía es a través de las inversiones extranjeras”.

 

Callahan aseguró que es necesario encontrar una respuesta equilibrada a la situación de la aprobación de la ley, para “dar confianza a los empresarios nicaragüenses y también a los inversionistas extranjeros”.

 

Miguel A. Savastano, director adjunto para el Hemisferio Occidental del FMI, dejó claro el jueves que analizan cuidadosamente la Ley de Moratoria, advirtiendo que no es “saludable” para la economía alentar la cultura del no pago.

 

CUARTO EXAMEN EN DUDA

 

 

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que cabe la posibilidad de que el Fondo Monetario decida no aprobar el cuarto examen del programa económico de Nicaragua, por no estar de acuerdo con la Ley de Moratoria.

 

Aguerri aseguró que el FMI ha manifestado su total oposición a la intervención del Estado en el libre mercado.

 

“Sentimos que esto puede condicionar la cuarta revisión al programa macroeconómico con el Fondo Monetario, y esto puede poner en riesgo de manera seria la estabilidad que hemos obtenido y los recursos de parte de los organismos multilaterales, como el BID, que han puesto dinero a las microfinancieras para financiar al sector productivo”, comentó el dirigente empresarial.

 

“Estamos poniendo en riesgo y es producto de la irresponsabilidad de la clase política, que no podemos dejar que continúe”, añadió.

 

FALTA CONFIANZA

 

 

El presidente del BCN, Antenor Rosales, enfatizó en que es responsabilidad de productores, empresarios, políticos y del Gobierno “transmitir a la ciudadanía la importancia de crear un clima que asegure un nivel de confianza en las operaciones económicas que se dan en el país.

 

Para Rosales, las deudas arrastradas entre productores y comerciantes con las microfinancieras deben resolverse respetando “las condiciones de mercado”, donde el interés de los créditos entre particulares lo fija el Banco Central.

 

“La posición del Banco Central ha sido clara en que no debemos, los que cumplimos nuestras obligaciones, los que pagamos, soportar un aumento de la tasa de interés para compensar el hecho de que unos sectores no realicen el pago en el tiempo y forma como se habían acordado”, afirmó Rosales.

 

La Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y el Cosep solicitarán el veto de la ley al presidente Daniel Ortega. Si esa opción es aceptada, el presidente del BCN sugiere que el Gobierno adopte “todas las medidas que nos permitan mejorar el clima de confianza para que el crédito fluya en Nicaragua”.

 

Rosales recordó que, para estimular la recuperación económica del país, el Gobierno trata de revertir la disminución del crédito para los sectores productivos, que aporta la banca privada, pero esa intención gubernamental se vería afectada si los bancos comerciales deciden mantener políticas restrictivas por la inestabilidad que ocasiona la Ley de Moratoria.

 

Rosales se preguntó qué respuestas van a dar las instituciones de microcrédito y las instituciones del sistema financiero nacional, ante una situación que hace dudar del pago de los créditos en el sector agropecuario. “Son las respuestas que debemos analizar cuidadosamente. Por eso la posición del Banco (Central) es que las obligaciones (de crédito) deben cumplirse”, puntualizó.

 

DIPUTADOS “CUCHILLO”

 

Tres bancadas de la Asamblea Nacional confirmaron ayer que se mantendrán a favor de la cuestionada Ley de Moratoria aprobada el miércoles, y el secretario ejecutivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), José Figueroa, anunció que agilizarán la ratificación de la nueva Ley de Microfinancieras, la cual impondrá nuevas regulaciones.

 

FSLN, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) descartaron que el sector financiero vaya a sufrir un descalabro, como han afirmado otros sectores.

 

Los legisladores acusaron a las microfinancieras de cometer usura y más bien informaron que vienen nuevas regulaciones.

 

“Se supone que son organizaciones civiles sin fines de lucro y ése es un detalle importante que queremos nosotros resolver en la Ley de Microfinanzas, porque aquí la mayoría de instituciones de microfinanzas son asociaciones civiles sin fines de lucro y sin embargo ejercen funciones de lucro, como microfinancieras; y por lo tanto es un problema que la Asamblea Nacional se va a meter a regular, una vez que discutamos y aprobemos la Ley de Microfinanzas”, indicó Figueroa.

 

El diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa dio a conocer el jueves que las microfinancieras pasaron de ganar 270 millones de córdobas en 2007, a perder 304 millones de córdobas en 2009.

 

Sin embargo, para el FSLN, ALN y MRS, la Ley de Moratoria era necesaria y ahora van con la Ley de Microfinancieras.

 

“En este momento no hay una ley que regule al sector de las microfinanzas y no deben ser instituciones de lucro, porque si son asociaciones civiles, como dice la palabra, sin fines de lucro, deben de ser sin fines de lucro; sin embargo, las instituciones de microfinanzas tienen ganancias importantes, como las tienen otras instituciones bancarias”, manifestó Figueroa.

 

El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, apuntó que miembros de Asomif habían aceptado ante su persona la aprobación de la Ley de Moratoria.

 

 

 

 

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