José Adán Aguerri, presidente del Cosep; Julio Flores, presidente de Asomif, y Juan Carlos Argüello, presidente de Asobanp coincidieron en que debe resolverse el problema de los No Pago y exigieron que sea respetando las políticas económicas.
LA PRENSA/G. MIRANDA.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, advirtió que las políticas de colocación de préstamos a nivel nacional se “endurecerán” si llega a ser aplicada la llamada Ley de Moratoria.

Eso significará, dijo Argüello, que quienes “van a pagar las consecuencias aquí son todos los productores al recibir menos financiamiento del que necesitan porque por la misma presión de la inseguridad jurídica van a llegar menos fondos (...) y por ende habrá menos créditos disponibles”.

Aseguró que los bancos tomarán medidas ante la inseguridad jurídica que se está creando en el país producto de la intervención hecha por la Asamblea Nacional, por medio de la Ley de Moratoria que viene a “anular los contratos suscritos de manera voluntaria” entre particulares. Además fija una tasa de interés del 16 por ciento.

Asobanp junto al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) manifestaron “el rechazo” como “la exigencia al veto” del Presidente a la Ley de Moratoria, reiterando que “es confiscatoria”.

La banca privada desde el año pasado restringe el crédito por la crisis económica mundial, haciéndolo al elevar la tasa de interés y ser más selectivos con los clientes a los que otorgan crédito. “Y esto (la restricción) simplemente se va a ampliar”, dijo Argüello, lo cual significa que “habrá políticas de crédito más rígidas dirigidas a esos segmentos” dedicados a la producción.

• Tarjetas de crédito

  En la Comisión Económica del Parlamento ya está listo el Proyecto de Ley de lo que será la nueva Ley Facilitadora de la Emisión y Uso de la Tarjeta de Crédito, que sustituirá a la Ley 515 que actualmente rige a los tarjetahabientes, y se empiece a discutir a partir de esta semana.
  
  La ley establecería una serie de regulaciones a los bancos privados, pero tal vez lo que cause más controversia es que en el Arto. 21 dice que “la máxima tasa de interés corriente derivada por el crédito del uso de la tarjeta de crédito será el doble de la tasa de interés promedio ponderado que cobren los bancos comerciales (...), sin embargo la tasa aplicada a las tarjetas de crédito no deberá exceder el 40 por ciento”. Actualmente el interés anda hasta en 60 por ciento.
  
  “No nos agrada”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Juan Carlos Argüello, al agregar que estarían de acuerdo en revisar la ley, pero no en que se quiera usar a conveniencia de los partidos políticos.
  
  “Hay que dejar claro, donde uno pone dinero uno puede disponer, de lo contrario no”, dijo Argüello. Agregó que los únicos fondos de los cuales los diputados pueden disponer como quieran es del Presupuesto de la República, “de lo contrario no es consecuente meterse a jugar con empresas privadas y meterse en contratos ya establecidos”.
  
  Los bancos privados tienen colocado actualmente 270 millones de dólares de la cartera de tarjetas de crédito.

“Simplemente se pueden llegar a bloqueos a ciertos tipos de actividades (productivas)”, enfatizó el presidente de Asobanp al criticar la decisión de la Asamblea en aprobar la Ley de Moratoria para beneficiar a un grupo de deudores que representan el cinco por ciento de la cartera de las microfinancieras y en cambio arriesgar al 95 por ciento de los productores y comerciantes que sí están honrando los préstamos.

Dijo que el 60 por ciento de la cartera de los bancos está proyectada a disponerse para financiar a la agricultura y ganadería, sin embargo mientras no se revierta la moratoria, van a “pensarla dos veces” antes de poner crédito en zonas donde existan seguidores del Movimiento No Pago.

Por su parte Julio Flores, presidente de Asomif, dijo que el daño a las microfinancieras no sólo es que no logren recibir 70 millones de dólares de sus proveedores internacionales para este año, sino que eso significará dejar sin posibilidad de atención de créditos a 80 mil pequeños productores y microempresarios del sector urbano.

Antenor Rosales, presidente del Banco Central, mostró preocupación por las advertencias, pues de concretarse se verá afectada la recuperación económica prevista por el Gobierno, la cual depende del aumento de la producción nacional.

“Por eso insisto, tenemos que garantizar el clima de confianza que nos permita que los señores de la banca puedan emitir el crédito a quienes lo necesitan”, expresó Rosales, quien es uno de los opuestos a la Ley de Moratoria.

Este tema igual es de tensión en las negociaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional. De que se pase la cuarta revisión del programa económico depende que el directorio del organismo cancele o apruebe la extensión de Nicaragua de su programa.

Tanto Rosales como los representantes de la banca, financieras y Cosep, recordaron que hay una urgencia debido a la sequía en los municipios de la zona seca, donde se requiere disponer de recursos económicos para enfrentarla, pero que en lugar de contribuir a mermar las necesidades, los fondos podrían faltar.

Sólo la Federación de Ganaderos requiere de 100 millones de córdobas para garantizar el alimento del hato de unos 50 mil ganaderos, y 30 millones de dólares todo el sector agrícola para garantizar la siembra y la crianza del ganado a nivel nacional.

FUSTIGAN A DIPUTADOS

Asobanp, Asomif y Cosep sostienen que por culpa de la Ley al Sistema Financiero nicaragüense se le reducirán los fondos de los organismos y proveedores internacionales, por el aumento del riesgo que representa a la inversión el hecho que se estén cambiando las normas jurídicas.

La Ley de Moratoria, aprobada la semana pasada por 87 diputados de la Asamblea Nacional, ordena entre otras cosas suspender los embargos y juicios de los productores y comerciantes en mora al 30 de junio del 2009. Da 120 días para reestructurar las millonarias deudas con una tasa de interés de un 16 por ciento.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, hizo fuertes críticas a los diputados por aprobar la Ley de Moratoria, sin medir la magnitud de lo que significa para la estabilidad económica del país. Exigió al Gobierno aclarar cuál es su posición en el tema porque mientras el Gabinete Económico está contra esta ley, la bancada sandinista la impulsa. “No puede haber esa contradicción, tenemos que tener una posición concreta del Gobierno. Están por la estabilidad macroeconómica o no están”, dijo.

INSEGURIDAD

“¿A dónde puede parar esto? Aquí no ha habido terremoto. No estamos en Chile o en Haití. ¿Cuál de verdad es la raíz de esto?”, cuestionó el presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, sobre los intereses que tuvieron los diputados para aprobar una ley de moratoria que ha sido cuestionada por representantes del sector financiero, organismos internacionales e, incluso, autoridades del Gobierno.

Ver en la versión impresa las páginas: 8 A ,1 A