Por Anne Pérez Rivera

El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, reiteró hoy que ese gremio está en contra de la polémica ley que manda la renegociación de las deudas con las microfinancieras del país.

“No se puede venir y poner una camisa de fuerza igual para todos los clientes, o sea la solución no es la misma para todos y más bien depende de la naturaleza y el origen de cada uno (de los inconvenientes en el crédito) (...) No se trata de cuánto perdés o cobrás, es el establecimiento de algo que incluso es retroactivo en ciertos contratos, incluso un bien adjudicado lo tenés que regresar. No es sólo la taza de interés, es una serie de cosas”, dijo Argüello, luego de participar en una firma de convenio en donde la banca privada se comprometió a desembolsar veinte millones de córdobas en el tema de educación ambiental para Managua.

Aunque el Gobierno defiende que la llamada Ley de Moratoria permitirá un alivio para el sector endeudado con las microfinancieras, los empresarios insisten en que el crédito está en riesgo y que, por lo tanto, cada institución afectada tomará las medidas pertinentes, de acuerdo a su afectación y percepción de riesgo en cada zona, en cada rubro.

El empresario indicó que la misma ley podría, incluso, contraer la perspectiva de crecimiento económico.

La Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones de microfinanzas y deudores en mora, o Ley Moratoria, fija una tasa de interés del 16 por ciento para que se renegocien con las microfinancieras las deudas que tienen los productores y comerciantes morosos.

La misma ley, aprobada con 87 votos del Legislativo la semana pasada, indica que el el plazo para negociar es de 120 días y, para pagar, hay un plazo de entre cuatro y cinco años.

De acuerdo a los especialistas en la materia, la Ley de Moratoria podría en riesgo el financiamiento de más de 500 millones de dólares para la producción.