CORRESPONSAL / COSTA RICA
Organismos que defienden derechos humanos, unos con sede en Nicaragua y otros en el exterior, declaron su respaldo a “Amalia”, la joven de 27 años que está embarazada y a la vez padece de cáncer, al indicar que debe acceder a tratamiento médico y además considerar que sigue siendo responsabilidad del Estado las consecuencias negativas que pudieran resultar del retardo de la atención médica.
Los organismos que divulgaron un comunicado en San José, son el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua, Women’s Link Worldwide de Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en Costa Rica.
Estos organismos exigen al Gobierno de Nicaragua garantizar que Amalia tenga acceso al tratamiento médico que necesita para tratar su cáncer metastásico. Piden además que esta garantía sea adoptada entre el Gobierno, la familia de “Amalia” y sus representantes, pero a la vez exigen que se le reserve su identidad.
Para las organizaciones solicitantes de estas medidas, “la penalización del aborto terapéutico expone a todas las mujeres y de manera más grave a las que carecen de recursos económicos; a la retardación en la atención médica o negación de los servicios de salud, comprometiendo sus derechos humanos a la vida, como sucede en el caso de “ Amalia”.
El Estado de Nicaragua ha expresado en diversas oportunidades que la aplicación de los Protocolos de Atención de Emergencias Obstétricas del MINSA contemplan las respuestas adecuadas y oportunas a estas situaciones.
Sin embargo, en este caso los organismos denunciantes consideran que quedó en evidencia el temor del personal de salud a ser señalados, acusados y juzgados por cumplir con su deber médico de aplicar el tratamiento a “Amalia”, si de ello se derivaba una lesión o daño al que está por nacer y por ende incurrir en un delito.
Según los organismos de derechos humanos, la decisión de los funcionarios de salud se enmarca en la legislación vigente en Nicaragua desde finales del año 2006 que penaliza el aborto terapéutico.
“En casos como el que fuera denunciado, la falta de acceso al aborto terapéutico expone a las mujeres a la pérdida de su vida al no brindárseles el tratamiento médico adecuado para su enfermedad, por proteger las consecuencias del mismo para el feto”, dijo el CEJIL.
Al respecto, la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH había externado su preocupación en una carta dirigida al Estado nicaragüense que “la negación del aborto terapéutico presenta un obstáculo al trabajo de los profesionales de salud, cuya labor es la de proteger la vida y prestar un tratamiento adecuado a sus pacientes”.
OTRAS POSICIONES
Entre tanto, la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Provida, en Holland, Michigan, se ha pronunciado sobre el caso de “Amalia” al señalar que la situación de salud de la muchacha no justifica un aborto inducido, pero tampoco se debe dejar de suministrarle el tratamiento necesario contra el cáncer.
La Asociación Médica Nicaragüense ha alegado que no hay justificación para que la joven “sea sometida a un aborto directo provocado”.
“El aborto no la va a curar de su cáncer ni de sus metástasis, por lo que hay que brindarle terapia adecuada, ya sea curativa o paliativa, asegurarle calidad de vida y dar soporte psicológico a ella y su familia. La Asociación Médica Nicaragüense mantiene su principio de que es obligación del médico luchar por las dos vidas por igual”, refirió recientemente a través de un comunicado la Asociación.
Está pendiente que la Suprema de Justicia (CSJ) resuelva diversos recursos de amparo que ha recibido en contra de la penalización del aborto.
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