A casi tres meses de aprobada la ley 712, sobre la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Daniel Ortega, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad parcial en contra de la misma.
El abogado del Cenidh, Uriel Pineda, calificó la ley, que ya es implementada desde el 1 de enero del presente año, de “mezquina” porque no sólo gravó los intereses de las cuentas de ahorro en los bancos, lo que atenta contra la capacidad contributiva, sino también las promociones o rifas, que estaban exentas de impuestos.
En este último caso, dijo Pineda, estaban exentas de impuesto hasta los 50 mil córdobas y ahora deberán pagar cuando el monto a ganar sea de 25 mil córdobas o más. Esto Pineda lo consideró excesivo, porque quienes aplican a este tipo de promociones son personas de bajos recursos.
Para el funcionario del Cenidh, en esa ley existe “una trampa” porque el gobierno ha subido el techo de los asalariados para el pago del Impuesto Sobre la Renta (IR) a 75 mil córdobas, no así para el de las personas naturales cuyo techo es de 50 mil córdobas, por lo que la misma no es equitativa, sino discriminatoria.
Explicó que con esa ley el gobierno creó una doble tributación, al obligar a los negocios a pagar en anticipo el uno por ciento de las ventas, pese a que ya existe el impuesto municipal sobre ingreso, que también es del uno por ciento.
Según el abogado del Cenidh, es un impuesto antitécnico porque se crea doble tributación y “es lo que se conoce como impuesto confiscatorio, que es prohibido y eso está prohibido por la Constitución Política, no te pueden cobrar dos impuestos por el mismo hecho generador, en este caso”.
En el recurso por inconstitucionalidad parcial introducido por el Cenidh en contra del presidente de la República, Daniel Ortega y del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, consideran que las reformas a la Ley 712 “violentan principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política”.
El funcionario consideró más grave el caso del Impuesto sobre la Renta (IR) mínimo, que hayan establecido “la discrecionalidad” sobre la forma de pago del mismo, “porque hay una forma de pago que habla de un período de maduración del proyecto y esto no está definido en ley y establece que el Ministro de Hacienda en conjunto con Magfor (Ministerio Agroforestal) y Mific (Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio), pueden determinar cómo va a ser eso; queda a discreción y eso es ilegal, eso es arbitrario, porque así como los derechos deben ser creados por ley, las exenciones deben ser creadas por ley”.
Esta carga impositiva amenaza con que se aumente el sector informal y que los contribuyentes empiecen a no declarar, o que no se inscriban en el registro del contribuyente; también que haya empresas que opten por reducir personal, lo que implicaría aumento en el desempleo y del sector informal, manifestó Pineda.
CARECE DE EQUIDAD
El abogado del Cenidh explicó que el sistema tributario es un mecanismo de redistribución de la riqueza, que el Estado implementa para conseguir sus fines, el cual debe estar caracterizado por una equidad, de lo cual carece la ley.
Recordó que para realizar un ajuste presupuestario, el gobierno debió tomar en cuenta el gasto público, así como para aumentar la carga impositiva debió impulsar un proceso de consulta, lo cual tampoco se hizo.
“Y el resultado es que crea una reforma fiscal que termina siendo un parche, que afecta la capacidad contributiva de los nicaragüenses y consecuentemente la calidad o el derecho a un nivel de vida adecuado consignado en el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales, porque al no tener equidad, la reforma fue mezquina porque gravó hasta las cuentas de ahorro”, sostuvo Pineda.
LOS AHORROS
El defensor de los derechos humanos mencionó que durante el período de gobierno del presidente Enrique Bolaños estaban exentos de pago de impuestos las cuentas de ahorro, que en promedio mensual tuvieran un gasto menor a los cinco mil dólares.
“Ahora se gravó todo de forma indistinta, esto atenta contra la capacidad contributiva, porque hay gente que ahorra para mejorar su casa, para comprar un terreno y eso no implica que tengan capacidad contributiva, eso es algo inequitativo, eso tiene que ser revisado por la Corte Suprema de Justicia”, comentó Pineda.
En la edición del 4 de diciembre del 2009, LA PRENSA publicó declaraciones del diputado liberal Eduardo Montealegre en que califica la nueva ley fiscal como inconstitucional. Señaló que la misma establece un nuevo impuesto sobre la renta bruta, pero deja vigente el cobro de la renta neta, lo cual es ilegal.
“Viola el artículo cinco y el tres de la Ley de equidad fiscal”, indicó el diputado entonces.
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