Los materiales electorales, para los comicios regionales del domingo, fueron enviados ayer a las regiones autónomas del Caribe.
LA PRENSA/G. Miranda

 

Una vez más, los organismos de observación electoral nacionales fueron marginados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que a tres días de los comicios regionales en la Costa Caribe se niega a extenderles la acreditación.

Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), denunció ayer la “falta de voluntad política” del CSE, al guardar un profundo silencio sobre el tema de la observación nacional, a pocas horas de efectuarse las elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense.

Recordó que desde el pasado 26 de enero envió la solicitud de acreditación de Ipade al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas Reyes, sin que hasta hoy exista una respuesta efectiva.

“Ipade, como institución seria y responsable, denuncia la falta de voluntad política del CSE de acreditar a un organismo que desde hace 14 años ha venido contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática a partir de la incidencia continua en la mejora del sistema electoral, educación cívica y en la transparencia de los procesos electorales”, subrayó Zúñiga.

OTROS OBSERVADORES

Sin embargo, en un recorrido por municipios caribeños, las autoridades del Poder Electoral informaron ayer que acreditaron como observadores, para las elecciones regionales del próximo domingo, a un organismo de la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al organismo regional Cedehca, algunas iglesias y universidades y a magistrados de tribunales electorales de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con relación a los observadores europeos de que habla el CSE, la delegación de la Comisión Europea ha aclarado que no es una misión de observación, sino de monitoreo y tiene cinco miembros.

Ante la falta de acreditación para Ipade y el organismo Ética y Transparencia (EyT), Mauricio Zúñiga hizo un llamado a los magistrados electorales para que al menos permitan el ingreso de los observadores de Ipade, que tienen previsto observar el 52 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos de ambas regiones, y que esto no sea considerado como una causal de impugnación o nulidad.

“Al contrario, la presencia de la observación dará confianza y garantías a los electores de verificar si su voluntad será respetada. Hacemos un llamado al electorado costeño a concurrir a votar y ejercer su derecho a elegir sus autoridades”, enfatizó Zúñiga.

MANIOBRAS DEL CSE

Zúñiga destacó que existe un precedente negativo con la aprobación del reglamento de observación electoral, que fue emitido el 21 de enero pasado, lo que limita los tiempos, porque históricamente se ha aprobado seis meses antes de cualquier proceso electoral, para dar un margen de preparación a lo que establece esa normativa.

Ante la falta de respuesta del CSE, el representante del Ipade precisó que los observadores que movilizarán, tanto en el área urbana como rural, tendrán la tarea de dar seguimiento, desde los Centros de Votación y las Juntas Receptoras de Votos (JRV), al cumplimiento mínimo de las garantías que tienen los ciudadanos costeños de poder ejercer su derecho a la libre elección de sus candidatos, así como a las actividades previas y posteriores a la apertura de las JRV.

RIVAS SE CURA EN SALUD

Mientras en Managua se desvanece la posibilidad de que los organismos nacionales observen el proceso caribeño, la mañana de ayer los magistrados del Poder Electoral recorrieron varios municipios del Caribe, donde distribuyeron el material electoral y sostuvieron encuentros con funcionarios municipales de ese Poder del Estado.

El presidente del CSE, Roberto Rivas, pidió a los funcionarios ejercer sus funciones con la mayor transparencia posible, indicando que ese poder del Estado llega a las elecciones regionales desacreditado, por lo que calificó como una campaña de desprestigio de los medios de comunicación nacionales.

En las elecciones municipales del 2008, el CSE hizo un fraude electoral para favorecer al gobernante Frente Sandinista (FSLN), lo que fue documentado y denunciado por los partidos de oposición.

“Sobre nuestros hombros descansa el buen suceso de estas elecciones, recuerden que este Consejo ha sido atacado constantemente por los medios de comunicación, sobre todo los que se manejan a nivel nacional, lo cual no ha dejado de provocar algún tipo de desconfianza, que en Nicaragua ya nos estamos acostumbrando a que se dé antes de cada proceso electoral”, dijo Rivas.

El magistrado electoral agregó que los funcionarios deben pedir respeto a los observadores electorales y a los representantes de los partidos políticos, porque, según él, no es un asunto de querer llegar a boicotear el trabajo electoral.

“Tenemos denuncias, donde se han estado distribuyendo camisetas de una organización determinada, donde se está pidiendo el voto en una casilla que no corresponde a la otorgada a la organización política, eso es un delito y hay que tener mucho cuidado”, declaró Rivas.

José Romero Balladares, fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Rosita, cuestionó al presidente del CSE por la forma en que entregaron las cédulas de identidad y los documentos supletorios a través de algunos partidos políticos.

Derroche electoral

Aunque el CSE afirma que cuenta con un presupuesto limitado para la realización de las actividades electorales, durante el traslado del material electoral a las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, utilizaron dos helicópteros de la Fuerza Aérea para la carga, y en otros dos medios aéreos, uno de ellos conocido como el Ejecutivo, fueron transportados magistrados y periodistas.

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