Tierra, desempleo y droga preocupan a mujeres y jóvenes

Cuarta Entrega

ENVIADA ESPECIAL/REGIONES AUTÓNOMAS

 

En enero del 2003 los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua celebraron la exigida aprobación de la ley que finalmente reconoció en detalle sus derechos históricos sobre sus tierras ancestrales. Para la Asamblea Nacional esta fue la Ley 445, bautizada como Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

 

Los gobiernos comunales de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua recibieron la responsabilidad de velar por el proceso de demarcación y ordenamiento territorial.

 

En esa labor, de parte del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), están Nora Newball y Dolene Miller, secretaria y asesora de esa autoridad respectivamente.

 

LA PRENSA conversó sobre las demandas de la comunidad creole de Bluefields con New ball y Miller, y ambas se expresan ampliamente sobre el tema, en el que el respeto entre todas las etnias y la continuación de la demarcación y ordenamiento territorial son la prioridad.

 

Newball confiesa que ella está agradecida con la Ley de Demarcación, porque “reivindica el derecho sobre las tierras ancestrales” de las comunidades de la Costa Caribe y asegura que el Gobierno Comunal Creole está comprometido con el reconocimiento, titulación y respeto de las tierras reconocidas a las comunidades afrodescendientes, que se han definido a través del trabajo coordinado con los gobiernos de las otras comunidades o etnias.

 

Al respecto, lo primero que Newball aclara es que en la Costa Caribe no existen las tierras nacionales, sino los territorios de comunidades ancestrales que son reclamadas según los derechos históricos de éstas.

 

“Hay muchos a quienes no les interesa la ley y le temen porque poseen grandes extensiones de tierra que no se sabe cómo la consiguieron y carecen de título. Pero todos debemos entender el respeto a la tierra de las comunidades, esos que reconoce la ley”, dice Newball.

 

 

El Gobierno Comunal Creole, de Bluefields, se elige cada cuatro años por una asamblea general en la que votan unas 160 personas que representan a las directivas locales de cada uno de los dieciséis barrios de la ciudad, compuestas por siete miembros cada una. Además, Newball explica que realizan dos asambleas anuales para planificar el trabajo de su gobierno e informar a los miembros sobre su labor.

 

 

Miller también comparte que la ley refuerza la protección de los territorios ancestrales y estima que sobre esos derechos el avance de la frontera agrícola es un problema al que desafortunadamente no se le da prioridad, a pesar de la amenaza sobre los bosques y otros recursos.

 

A propósito, Newball lamenta que “es cierto que muchas cosas están en papel, pero para cumplirlas es otra historia”.

 

Como ejemplo, Newball reclama que la alianza estratégica firmada entre el partido regional indígena Yatama y el actual gobernante Frente Sandinista (FSLN) hecha en el 2006 menciona entre los compromisos la reanudación del proceso de demarcación y titulación de las tierras comunales indígenas y afrodescendientes. Igual que la implementación y respeto a la Ley de Autonomía y el trabajo en una reforma al Estatuto. Sin embargo, critica que para engañar a la gente también circulan otras versiones del texto y la gente —“igual que con las leyes”— es engañada por falta de información y conocimiento.

 

La Alianza de Yatama y el FSLN gobierna de manera conjunta en el Atlántico Norte. Para el 2006, según cifras oficiales de ese Consejo Regional, estaban tituladas 587 mil 629 hectáreas correspondientes a 85 comunidades indígenas en las que habitan 31 mil 705 personas.

 

Newball y Miller coinciden en la importancia de la defensa de la tierra, su demarcación y ordenamiento como base para el desarrollo de la Costa Caribe. Esto, explican, es por la cosmovisión del derecho colectivo de la propiedad, la protección de los recursos y el derecho a recibir el porcentaje de recursos que genere su explotación racional.

 

Sin embargo, Miller percibe que los pleitos políticos retrasan el proceso autonómico, que comprende el derecho y respeto a la demarcación de tierras, y sostiene que en esas condiciones no mejora el nivel de vida de las poblaciones.

 

“Lo que nosotros vemos es el canibalismo político partidario (...); cómo los representantes de las comunidades antes de escuchar a quienes les eligieron van a preguntar a su partido para hacerlo”, critica Miller, quien también advierte la disminución de la composición étnica entre las instituciones autonómicas.

 

COMUNIDADES RELEGADAS

 

 

Miller reclama que la participación de los ciudadanos costeños es restringida en los procesos electorales regulados por la Ley Electoral reformada en el 2000 y esas restricciones atentan contra los derechos de las poblaciones multiétnicas de la Costa Caribe reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

 

Efectivamente, la Ley Electoral vigente restringe la representación de las etnias a la primera de tres posiciones en seis de quince circunscripciones en el Atlántico Sur y en cuatro de quince en el Atlántico Norte, dejando a discreción de los partidos el resto de integrantes.

 

El artículo 142 de la ley establece que en el Atlántico Sur, en las circunscripciones ocho (Laguna de Perlas y aledaños), nueve (Corn Island y Little Corn Island), diez (Desembocadura de Río Grande), once (Orinoco y zonas garífunas), doce (zona de los ramas) y catorce (El Tortuguero) el primer candidato de toda lista presentada deberá ser miskito, creole, sumo, garífuna, rama y mestizo, respectivamente.

 

En el caso del Atlántico Norte, para las circunscripciones uno (Río Coco Arriba), siete (Llano Norte de Bilwi), trece (Rosita, sector urbano) y catorce (Rosita, sector rural y Prinzapolka) el primer candidato de toda lista presentada deberá ser miskito, creole, sumo y mestizo, respectivamente.

 

Miller sostiene su reclamo con cifras. En el caso del Atlántico Norte la composición étnica del primer Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS) —cuando la Ley Electoral no limitaba la presentación étnica a determinadas circunscripciones— fue de 17 creoles, 17 mestizos, 6 miskitos, 3 garífunas, 2 mayangnas y 2 ramas, incluyendo los dos diputados regionales ante la Asamblea Nacional, en Managua.

 

Sin embargo, la composición étnica actual del mismo Consejo es de 28 concejales mestizos, 10 creoles, 3 miskitos, 2 ramas, 2 mayangnas y 2 garífunas. Además, la presidenta del CRAAS y la Coordinadora del Gobierno Regional son dos mestizas.

 

Miller asegura que en víspera de las sextas elecciones regionales de este domingo “una de las demandas de la comunidad creole igual que del resto de comunidades afrodescendientes y poblaciones indígenas es que se levanten las barreras, que realmente nuestra representación en la Costa Atlántica sea sin distingo del nivel de desarrollo o nivel poblacional”, tal como lo estable el Estatuto o Ley 28.

 

Además, agrega que otra deficiencia sobre la representatividad multiétnica del país es que ésa está casi ausente en la Asamblea Nacional, que igual debería expresar esa diversidad.

 

“¿Quiénes velan por los intereses de la Costa Caribe en la Asamblea Nacional? Falta peso en la defensa de nuestros derechos. Yo como ciudadana costeña, como mujer afrodescendiente no lo siento”, reclama.

 

 

La asesora creole sugiere que “la autonomía no debe verse como un concepto partidario, sino comunitario”, pues cree que hasta entonces es que quienes sean electos para garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades del Caribe “en verdad velarán por el respeto a la tierra, a los recursos naturales, la participación, la atención social en salud y educación, y por tanto en alcanzar el desarrollo”.

 

 

Sed de oportunidades

 

Quince años atrás, el sueño de la educación superior costeña se hizo realidad y hoy existen dos universidades comunitarias y multiétnicas con varios recintos. Pero a los jóvenes costeños les preocupa la falta de oportunidades de trabajo, y que la amenaza del narcotráfico y el consumo de drogas facilitan el vandalismo entre algunos grupos y deterioran el ambiente en el que conviven. Cifras oficiales revelan que nueve de cada diez ciudadanos costeños están en el desempleo o sobreviven de la pesca, la agricultura o el empleo informal. El Caribe está sediento de oportunidades.

Desempleo y drogadicción amenazan desarrollo de la juventud

 

Walpasiksa, una comunidad miskita ubicada en el Litoral Sur de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), saltó a las primeras páginas de los diarios nacionales en diciembre del año pasado,  cuando el Ejército de Nicaragua informó sobre  una emboscada contra una brigada militar  en la que murieron dos oficiales de la Fuerza Naval y otros cinco resultaron gravemente heridos.

En los días siguientes la información de los diarios trataba sobre la huida de los comunitarios con el cargamento de droga de una avioneta que se había estrellado días antes. “Sólo quedaron las mujeres y los niños”, decían las informaciones.

Pero ahí estaba Alexander Thomas Martínez, un miskito de 17 años y estudiante de secundaria acelerada en la Escuela de Liderazgo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan, Kamla-Bilwi). Él relata las horas de desesperación que vivió la comunidad. “En Walpasiksa hay mucha pobreza y necesidades y aprovechándose de eso el crimen organizado y el narcotráfico tienen una base y las autoridades no habían hecho nada”, reclama Thomas.

Tres meses después, Walpasiksa sigue en el abandono. Las instituciones que integraron delegaciones y prometieron llevar asistencia no han regresado y la pobreza continúa y siempre bajo las mismas amenazas.
 Para Thomas, la tragedia de Walpasiksa se repite en otras comunidades de los litorales de las regiones autónomas, donde el crimen y la droga casi se han institucionalizado como “regalos de Dios”, por el dinero fácil que puede proporcionar.

Pero Thomas asegura que los daños son mayores, sobre todo para la juventud.
Thomas dice que para estas elecciones regionales —en las que no sabe si votará porque aún no recibe su cédula de identidad— espera que se elijan a autoridades responsables, “que se interesen por los problemas de la comunidad, que evalúen las causas y busquen soluciones, que tengan interés y sean chispa (listos) para trabajar por eso”.

Solangel Pérez, otra joven mestiza de 17 años, originaria del municipio de Rosita e interna en el recinto de la Uraccan en Bilwi, cuenta que en su municipio también hay muchos muchachos que no quieren estudiar porque están convencidos de la falta de oportunidades y en cambio optan por el vandalismo, las pandillas y el consumo de drogas.

 Ella cree que el problema también inicia desde la falta de profesores comprometidos con la enseñanza, con quienes los jóvenes también fácilmente pierden el entusiasmo.

Kenia Joiner, una joven creole de 23 años de edad empleada en el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM) en el recinto de la Uraccan en Bluefields, considera que tras veintidós años de régimen autonómico han logrado algunos avances, pero aún falta que las nuevas generaciones de mujeres tengan más incidencia en las instituciones autonómicas.

Joiner también espera que las autoridades que sean electas este domingo den facilidades y participación para las mujeres y la juventud, que urgen de oportunidades para desarrollarse desde su comunidad.
Jacqueline Chollette, estudiante de primer año de medicina en el recinto de la Uraccan en Bilwi, cree por su parte que otra de las demandas de la sociedad costeña es el rescate y preservación de su cultura multiétnica y lamenta que muchos candidatos durante las campañas electorales prometen la promoción de las tradiciones, “pero sólo es politiquería”.

A propósito, menciona las alianzas que tienen los partidos políticos “que sin embargo se enfrentan en la campaña como enemigos, nos hacen pensar mal de ellos y nos desaniman, pero están en su juego”, dice.
La oportunidad de empleos también es la expectativa de Léster Adner Reymundo, miskito de 20 años, originario de Yulu (RAAN) y estudiante de sociología, también en Bilwi.

“La Costa Caribe que yo sueño es una con comunidades desarrolladas, que tengan acceso a salud y educación, que se practique de verdad la autonomía que ya está aprobada, que los jóvenes tengamos participación en ese desarrollo, que existan oportunidades de empleos para todos”, demanda.

Fabiola Ocampo, su compañera de estudios, que es mestiza, de 18 años y originaria de Butku, agrega que parte de sus sueños es que la Costa Caribe sea más productiva económicamente y desea que la ciudad de Bilwi donde se ha instalado “sea ordenada, con condiciones de higiene y menos vulnerable a los desastres y enfermedades”. Además, quiere que no falten los espacios para la difusión de las diversas culturas.

 

 

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