Daniel Ortega.
LA PRENSA/ARCHIVO

Nohelia González
y Eduardo Cruz

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través del Poder Ejecutivo, logró tener control del sistema de justicia penal nicaragüense, al convertirse en un operador del sistema judicial, mediante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal. Gracias a éste, “articulará” a la administración de justicia del país, asestando así un nuevo golpe a la institucionalidad, al poner fin a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

El acuerdo, que será presentado oficialmente esta tarde por el Presidente de la República, Daniel Ortega, establece como parte del objetivo de contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia social, mejorando el sistema de justicia penal, la participación del Poder Ejecutivo, el cual articulará la administración de justicia, dejando literalmente a un lado a la Corte Suprema de Justicia, órgano rector del Poder Judicial.

“El Poder Ejecutivo considera fundamental su presencia en el sector, para articular los esfuerzos de una mejor y más pronta administración de justicia, respetando la autonomía de las demás instituciones de Estado, promoviendo y fortaleciendo el sistema de justicia penal”, indica el acápite 1.3 del documento, relativo al primer objetivo del acuerdo.

El enunciado anterior establece una contradicción irreconciliable, pues, aunque se expresa la intención de “respetar” la autonomía institucional, al darle poder de intervención al Ejecutivo como articulador de la administración de justicia, echa tierra a la citada autonomía de gestión del Poder Judicial mismo y asume el control de la administración de justicia penal.

• Acciones fuera de la ley

  • En el documento de trabajo de la fiscal adjunta Ana Julia Guido se estipula que “se les orientó” a los operadores del sistema de justicia penal que, en los casos de crimen organizado donde existan bienes muebles e inmuebles ocupados, se distribuyan de manera proporcional y equitativa entre la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.
  “Si se tratare de vehículos livianos, el Juez de Audiencias o el de la causa los asigne en calidad de depósito de uso entre las diferentes instituciones sujeto a las resultas del juicio. En cuanto a los bienes inmuebles deben de mandar anotarlas en el Registro de la Propiedad, si es declarado culpable, debe ordenarse inscripción de esa propiedad a nombre del Estado, los bienes como lanchas, armas cortas y largas asignarlas a la Policía y Ejército si es lancha de lujo se asignen a instituciones de turismo, los bienes comestibles distribuirlos a albergues, Minsa, Sistema Penitenciario. Todo mientras es aprobada la Ley de Crimen Organizado por la Asamblea Nacional”.
  
  Entre las orientaciones que el nuevo ente rector de la justicia dio a fiscales y defensas está la no recusación de los jurados, “aunque sea un derecho establecido por ley. En Managua esta práctica ha dado buenos resultados”.
  
  Contraviniendo la ley la Comisión “orienta” a la Policía “detener en las faltas dentro del término de 48 horas”, y manda a que sea el juez quien decida en la audiencia, “así se baja el índice de inseguridad e impunidad que percibe la población”.

Según un documento de trabajo enviado por la fiscal adjunta Ana Julia Guido a las instituciones miembros de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, el acuerdo surgió luego que la Policía Nacional presentara al presidente Daniel Ortega un informe en el que se refleja un incremento en el índice delictivo del país. Dicha comisión, creada por el Código Procesal Penal, es coordinada por Guido y el magistrado judicial sandinista Marvin Aguilar, quienes serían los autores del documento.

Como parte de este nuevo engranaje controlado desde el Ejecutivo, se crean las Comisiones Municipales del Sistema de Justicia Penal, que serán integradas por representantes de cada uno de los “operadores” del sistema. En esta línea jerárquica los órganos del sistema judicial quedan desplazados al último lugar, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, que bajo esta lógica ya no será el rector del sistema de justicia penal.

Aparentemente los operadores del sistema de justicia firmantes del documento no atisbaron la magnitud del acuerdo en el que además se otorga capacidad a los privados de acusar, como parte del acceso a la justicia penal como política de Estado.

“Se postulará la ampliación del acceso a la justicia penal que aglutine todos los esfuerzos públicos y privados en esta materia”, refiere.

El acápite 1.14, con el que se establece la ampliación del ejercicio de acceso a la justicia penal, deja claro que “se promoverá y orientará a los particulares para que puedan ejercer la acción penal privada, conforme lo establece el Código Penal y Procesal Penal”.

El argumento para promover la acción penal privada es que “no hay presupuesto” para nombrar fiscales y que deben priorizarse los territorios con más actividad delictiva —delitos menos graves y faltas penales—, por lo que orientan a los fiscales a instar acusaciones privadas.

En un intento por mermar el impacto del control, cita a continuación que “se realizarán acciones para involucrar a las facultades de Derecho, ONG, bufetes populares” entre otros.

 El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, y el fiscal Julio Centeno estuvieron entre los firmantes del documento de nuevas políticas penales que dará a conocer hoy el presidente Daniel Ortega. LA PRENSA/

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El documento que da origen a las Políticas Generales para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal en Nicaragua fue suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez; el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido; la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales; el Procurador General de la República, Hernán Estrada; la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera; el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, e integra al Director de Auditoría Militar, coronel Bayardo José Orozco Vanegas, quien también suscribe el documento. También son suscriptores el Director del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte, y la Prefecta del Sistema Penitenciario, María Salgado.

El acuerdo estipula la necesidad de fortalecer la representación del Estado en el sistema judicial, para lo cual otorga facultades de “operador del sistema de justicia penal” a la Procuraduría General de la República, que hasta ahora no tenía, y le otorga funciones que le competen al Ministerio Público, al indicar que la PGR “tiene el deber de consolidarse como institución líder en la defensa del Estado de Derecho, sirviendo permanentemente a la población, con eficiencia y eficacia para generar una actitud de confianza y respeto a la ley, ejerciendo la representación legal y defensa de los intereses del Estado, rescatando una cultura de honestidad, legalidad, justicia, equidad social, creando un ambiente óptimo para el desarrollo socioeconómico de la nación”.

PALLAIS NO VE NADA MALO

Para el diputado José Pallais no hay nada malo en la declaración de las nuevas políticas penales, porque no se trata de atribuir funciones del Poder Judicial al Ejecutivo, sino de que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada en contra del delito.

Al diputado parece no molestarle lo establecido en el artículo 158 de la Constitución, que establece que “la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial...”.

Pallais agregó que el Ejecutivo debe involucrarse en esas nuevas políticas de Estado, porque “¿quién maneja el presupuesto, quién asigna los recursos a cada Poder del Estado?”, preguntó el parlamentario.

El diputado finalizó diciendo que el documento es firmado por todos los Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) involucrados en la seguridad ciudadana, y también por los entes autónomos que operan en el sector justicia.

CENTENO OLVIDADIZO

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, al ser preguntado sobre el caso de la Fiscalía, respondió que “no conozco eso (documento)”, a pesar de que él ya lo firmó.

El magistrado judicial Edgard Navas sí mostró su inconformidad, porque el documento no fue presentado en Corte Plena.

“Yo no sé de dónde ese invento de presentar ese documento al presidente (Daniel Ortega), ésos son los inventos de los sandinistas”, dijo Navas, quien manifestó que el magistrado Marvin Aguilar primero debió presentarlo en Corte Plena, para que de los demás magistrados lo conozcan.

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