Los proveedores internacionales de crédito a las microfinancieras de Nicaragua contemplan solicitar la cancelación de su capital, calculado en unos 200 millones de dólares, como alternativa para proteger su inversión, si es puesta en vigencia la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Microfinancieras y Deudores en Mora (Ley de Moratoria).
“Si el entorno llegara a volverse muy riesgoso, en los contratos de las instituciones hay cláusulas que claramente dicen bueno, usted mejor me paga por anticipado, porque yo ya no le tengo confianza a ese país. Pueden haber fondos que actúen de esa forma”, confirmó vía telefónica desde Costa Rica a LA PRENSA Rodolfo Quirós, oficial de la fondeadora Inversiones de Locfund.
Alfredo Alaníz, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), afirmó que esas cláusulas existen y son medidas de precaución para cuando se considere que el capital o la solvencia de la financiera están en riesgo, pero dijo que “sería grave para todo el sistema de microcrédito” que los contratos se den por vencidos, porque la solicitud (del dinero) puede ser inmediata u otorgando un plazo corto para pagar el capital.
Además, de no cumplirse la transferencia los fondeadores pueden recurrir legalmente contra las microfinancieras.
ORTEGA DEBE ESCUCHAR
Rodolfo Quirós, oficial de Inversiones de Locfund, dijo que esperan que su posición sea escuchada por el Presidente de la República, Daniel Ortega, la cual hicieron pública 25 proveedores nacionales e internacionales a través de un comunicado.
Ya los inversionistas congelaron la renovación de las líneas de crédito por 70 millones de dólares previstos para este año.
Los inversionistas señalan que dicha ley “mina y afecta la confianza que todos los actores en el mercado de microfinanzas tienen que tener, para seguir invirtiendo en Nicaragua”. Por ello respaldan que se vete, al considerar que de lo contrario “se profundizará el deterioro del clima y la inseguridad jurídica” en el país.
“Nos asusta esta ley. Queremos seguir trabajando en Nicaragua, donde hay un desarrollo de las microfinanzas positivo, pero el entorno de incertidumbre nos atemoriza”, reiteró Quirós.
La ley aprobada hace dos semanas por el parlamento establece 16 por ciento de tasa de interés y plazos para pagar entre 4 y 5 años, beneficiando a unos 10 mil morosos.
Quirós considera esas condiciones “un espejismo que se les quiere vender a los pequeños productores, diciéndoles que les beneficia, pero van a salir perdiendo, porque a mediano y largo plazo ya nadie les va a prestar, porque no serán de confianza en ninguna institución de crédito”.
“¿Cuál es el fondo?”, cuestionó Quirós, reiterando que de promulgarse la ley, se arriesga a que en un futuro “ningún inversionista le va a prestar a Nicaragua, porque no hay certidumbre de cómo van a cambiarse las reglas de hacer negocios”.
Otra posibilidad que analizan los fondeadores, según Quirós, es elevar la tasa de interés a los préstamos a las financieras que actualmente es de 12 por ciento , sin embargo, ésta al final la terminará pagando el receptor final del préstamo.
Alfredo Alaniz, de Asomif, espera que todos estos hechos pesen en el análisis del presidente Ortega y decida vetar la ley, “y de darse (el veto) que la bancada sandinista lo respalde”.
WÁLMARO Gutiérrez: ES IGNORANCIA
Pero el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defiende la ley aprobada.
“Me parece extraño que tengan ese tipo de reacciones. Quiero pensar que es ignorancia y no mala fe, porque en ninguna parte habla de moratoria, porque no se dispensa o aplaza el cumplimiento de una obligación de plazo vencido. Lo que persigue esta ley es que en un breve plazo las personas que tienen deudas con las microfinancieras logren renegociar y comenzar a pagar, algo que no hubiesen hecho sin esta ley”, afirmó.
Gutiérrez criticó que la banca privada y de microfinanzas “pretendan presionar por la vía del chantaje” conseguir el veto del Presidente, “endureciendo la colocación de crédito”. Para Gutiérrez “no existe argumento técnico, jurídico, financiero o social de base” para el veto.
Rechaza igual el argumento del sector privado en que hayan intervenido en el sistema financiero al fijar una tasa de interés, afirmando que eso se dio en el 2001, con la reforma a la Ley Reguladora ente particulares.
“Que digan que por ministerio de ley no se puede intervenir en contratos entre particulares, y que podría generar un roce constitucional, es alegar una rotunda ignorancia”, dijo Gutiérrez, sosteniendo que la Asamblea lo hizo a través del Código Civil sobre la prenda agraria y comercial, y con el Código de Comercio.
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