Diputado Freddy Torres
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Representantes de organismos de derechos humanos consideran que el Ejecutivo estaría invadiendo funciones del Poder Judicial al firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal, y violentaría lo establecido por la Constitución y el Código Procesal Penal (CPP).

Gonzalo Carrión, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), estima que con esto el Ejecutivo pretende mayor control de las instituciones. Mientras el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, considera que el trasfondo es político.

Carrión criticó que la sustracción en el ámbito de competencias, únicamente ocurre en las monarquías. “Estamos hablando incluso de un tema peligroso, que violenta no sólo principios, violenta garantías constitucionales y violentaría derechos humanos básicos esenciales, como es el tema de acceso a la justicia”, sostuvo Carrión.

El funcionario del Cenidh recordó, que según la Constitución, los diversos órganos del Estado actúan de forma independiente y tienen entre sí, una especie de coordinación armónica sin anular o someter el uno al otro.

El CPP por su parte, se refiere a una comisión interinstitucional que “es la aproximación de lo que ahí sesionó, en este espíritu se tienen que regir”, y define que a la misma podrán invitar a representantes de otras instituciones que pueden contribuir a la justicia, de otros órganos del Estado “con voz, pero sin voto”.

Para Carrión “no estaría mal que el presidente se refiera a la problemática del país como jefe de gobierno y jefe de Estado, pero él debe insertarse en la dinámica y en el espíritu de lo que está establecido ya en materia de justicia penal”.

Ambos aconsejan que si el ejecutivo está preocupado por el sistema de justicia que proponga más presupuesto para el mismo.

Darce recordó que la capacidad de dirigir la justicia la tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero criticó que ese Poder del Estado no tiene independencia desde que se estableció el pacto entre el partido gobernante el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista ( PLC), y prueba de ello, es según éste, que los magistrados pertenecen a los dos partidos que detentan el poder, “esto es un reflejo de ese amarre político”.

“La intención es tener un manejo político porque la política del Estado en términos de justicia penal, está clara en la Constitución, Código Penal y leyes de las distintas instituciones”, sostuvo Darce.

A criterio de ambos representantes de derechos humanos, con el desentendimiento de la Fiscalía al promover que los casos sean llevados por bufetes o de Organismos No Gubernamentales como se señala en la propuesta de política de Estado, están promoviendo la privatización de la justicia. Carrión indicó que en la Fiscalía incluso existe “un bolsón” de casos que no son remitidos a los tribunales.

“Nos parece una cuestión de perder la vergüenza y reconocer que no han sido capaces de asumir lo que la ley les ha orientado, lo que la ley les obliga. De hecho están hablando de privatización de la justicia”, dijo Darce.

Para Carrión esto traería como consecuencia “impunidad”.

Y en el caso de arrestos durante 48 horas por faltas, según se proponen en el acuerdo, Carrión señaló que según la ley para detener a una persona debe haber flagrancia en el delito.

Carrión manifestó que en el artículo 182, la Constitución establece que es la Carta fundamental de la República las demás leyes están subordinadas a ella. En el Arto 183 de la Constitución, “ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confieren la Constitución y las leyes”, señaló Carrión.

CANCELAN PRESENTACIÓN

El diputado liberal Freddy Torres comparó el hecho de que funcionarios liberales firmaran las nuevas políticas penales que ayer iba a dar a conocer el presidente Daniel Ortega, como si estuvieran poniendo en la mano del mandatario “un puñal para volarle la cabeza a muchos ciudadanos de este país”.

Ortega canceló ayer la presentación del “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal”, en el que el Ejecutivo tendrá participación activa en las nuevas políticas penales que regirán en la administración de la justicia penal en Nicaragua.

“Tal vez el proceso (nuevas políticas penales) es de lo más limpio y adecuado, el problema es quién lo pone en práctica y en este momento tenés un Presidente que tiene una vocación autoritaria y dictatorial, y le estás poniendo en la mano un puñal para volarle la cabeza a muchos ciudadanos de este país”, dijo Torres.

 

Manuel Martínez LA PRENSA/ ARCHIVO

De acuerdo con el magistrado sandinista Marvin Aguilar, coordinador de la Comisión Nacional Interinstitucional de la Justicia Penal, la presentación de Ortega se canceló porque se encuentra fuera del país la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera.

El acuerdo, cuya fecha de presentación fue pospuesta establece la participación del Poder Ejecutivo, el cual “articulará la administración de justicia”, supuestamente con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia social.

MARTÍNEZ JUSTIFICA

El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado liberal Manuel Martínez, uno de los firmantes del documento, lo defendió alegando que el mismo es solo para que las diferentes instituciones estatales se coordinen mejor en la administración de la justicia penal.

“Se leen mal las cosas aquí”, dijo Martínez, quien manifestó que el acuerdo se origina en la Comisión Nacional Interinstitucional de la Justicia Penal, la cual a su vez tiene su fundamento en la aprobación del actual Código Procesal Penal (CPP), y en la cual debe actuar el Poder Ejecutivo, porque es quien aprueba los recursos para todas las instituciones.

“Nada tiene que ver la aprehensión de los delincuentes, su manutención en los sistemas penitenciarios, con lo que es el Código Penal (Pn) y el Código Procesal Penal (CPP), ahí no hay manera, nadie puede cambiar (lo que dicen las leyes), expresó Martínez, refiriéndose a que el Ejecutivo es quien provee la alimentación de los reos que condena el Poder Judicial.

“Que se encarguen ellos (Ejecutivo) de mantener los presos, si ellos son los que pagan, el Ministerio de Gobernación (Migob), mantienen el Sistema Penitenciario (SPN), la Policía, los Bomberos y todo los demás, eso es del Ejecutivo. Pero para juzgar, resolver y condenar sólo los juzgados”, afirmó Martínez.

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