El diputado liberal Freddy Torres disintió del coordinador de su bancada, Ramón González, por no asumir la responsabilidad de haber votado a favor de la Ley de Moratoria.
LA PRENSA/ H. ESQUIVEL

Ante el riesgo de que disminuya la disponibilidad de financiamiento para el sector productivo, por efecto de la Ley Especial de Reestructuración de Deudas (Ley Moratoria), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) demandó ayer de las autoridades buscar una salida al problema que causó esa ley recién aprobada.

David Sandoval, presidente de la UNAG en Boaco, considera que quienes resultarán más afectados por esta crisis financiera son los productores agrícolas, comerciantes y ganaderos.

Por tanto, hizo un llamado a al Gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional a que resuelvan el problema, recordando la situación difícil que enfrenta la producción agropecuaria por la sequía y los bajos precios internacionales de los productos exportables.

“Entre más pronto se solucione (este problema) más pronto se restablecerá la estabilidad, porque incluso las microfinancieras en algunas zonas han parado sus créditos; y aunque los ganaderos seamos el sector que menos crédito busca en ellas, y son los pequeños comerciantes y agricultores que dependen más, igual se perjudica a todo el país si no hay suficiente acceso al crédito”, afirmó Sandoval.

ALTO RIESGO

• Buscan a Ortega

  “Nosotros hemos buscado y tenido acercamiento con el gabinete económico, hemos tenido intercambios con las bancadas de la Asamblea y del partido de gobierno, lo único que nos queda pendiente es una reunión directamente con el presidente Ortega”, expresó ayer José Adán Aguerri, presidente del Cosep. La urgencia de hablar con Ortega es para expornerle el impacto real de la ley en la economía nacional.

• Sandinista duda del veto

  • Douglas Alemán, diputado sandinista en la Asamblea Nacional, descartó que el presidente Daniel Ortega vete la Moratoria.
  Alemán sostuvo que la opción que contempla su partido es devolver la ley al parlamento. No obstante, este mecanismo requiere del veto, porque una vez aprobada una ley por el Poder Legislativo, las opciones del Ejecutivo son vetar total o parcialmente, si está en desacuerdo con la misma. Otra opción es mandarla a publicar, y si la Presidencia no se pronuncia, entonces la Asamblea la da por aceptada y se publica en La Gaceta, el Diario Oficial.

Mientras, representantes de proveedores internacionales de crédito, a las microfinancieras de Nicaragua, siguen advirtiendo que el nivel de riesgo para la inversión es demasiado alto en este país en este momento, debido a la inestabilidad del sistema de microcrédito, producto de la Ley de Moratoria.

Miriam Pérez, representante de Oikocredit, de origen holandés y aportador de fondos externos para microfinancieras nicaragüenses, dijo ayer a LA PRENSA que les preocupa mucho “el aumento del riesgo” en este país, por la fuga de capital y la falta de estabilidad financiera que ha sido consecuencia directa de la aprobación de la ley conocida como Moratoria”.

Pérez no quiso dar detalles de cuánto es el capital que tiene Oikocredit colocado en Nicaragua, indicando que “lo importante acá es que el precedente sentado es lo que perjudica la imagen internacional, para obtener nuevos recursos y mantener los existentes”.

“Nuestra mayor inquietud es que el objetivo final, el de lograr el desarrollo sostenible de los micro y pequeños empresarios y productores en Nicaragua, no sea perjudicado de manera irreversible por la incertidumbre en el sistema financiero”, enfatizó.

Dijo que mientras exista la incertidumbre jurídica, la responsabilidad de Oikocredit es adoptar medidas “de cautela” en cuanto a seguir colocando dinero en el sistema de microcrédito.

RECORTE DE FONDOS

“Realmente sí nos preocupa que en términos generales y a nivel internacional probablemente hayan recortes de recursos, y eso venga a impactar fuertemente lo que es el acceso final al crédito para la población nicaragüense”, dijo la representante de Oikocredit.

A principios de esta semana, 25 proveedores de fondos para microfinancieras pidieron, mediante un comunicado, que el presidente Daniel Ortega vete la Ley Moratoria, advirtiendo que la inseguridad jurídica y la solvencia de las financieras les obligaría a tomar acciones para proteger su inversión.

Los proveedores internacionales no descartan cancelar los contratos con las microfinancieras y exigir el pago inmediato de los préstamos que les han hecho, calculados en 200 millones de dólares, para proteger su inversión, si es puesta en vigencia la Ley de Moratoria.

Los fondeadores ya tienen paralizada la renovación de las líneas de crédito hasta por 70 millones de dólares, que serían desembolsados este año.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tampoco va a desembolsar más fondos a las microfinancieras nacionales, mientras persista la incertidumbre por la Moratoria. Este organismo aprobó 87 millones de dólares para este año, de los cuales estarían disponibles 23 millones de dólares.

GOBIERNO SIN CAPACIDAD

La empresa privada y las microfinancieras confían en que el Gobierno vetará la ley, por considerar que el Estado no tiene capacidad para asumir una alta demanda de financiamiento del sector productivo nicaragüense.

Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación de Microfinancieras (Asomif), señaló que el único artículo aceptable en la Ley de Moratoria es el que establece los plazos de pago de la deuda, pero el resto de la ley debe ser vetada.

Una de las alternativas que propone es eliminar la ley y negociar con los morosos sobre el acuerdo que ya se había firmado en Jalapa, Nueva Segovia.

Esta situación provocó que los diputados de la bancada liberal, en la Asamblea Nacional, reconocieran que no midieron las consecuencias de la aprobación de la Moratoria, después de conocer el impacto negativo a las financieras.

Algunos legisladores, como el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ramón González, admitieron que “en parte” se equivocaron, pero justificaron diciendo que todo se debió “a las presiones políticas del momento en que se aprobó” la ley.

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