El domingo 20 de Febrero el recién retirado General Omar Halleslevens, el entrante comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, y el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, remarcaron insistentemente sobre la “flexibilidad” del cuerpo castrense para atender los diversos desafíos que se le presentan a la institución y a la sociedad nicaragüense.

Sobre la flexibilidad de los ejércitos para atender sus diversas misiones, es mucho lo que se puede decir y hacer en términos de despliegue, estructura y operatividad para ser mejores y más efectivos, pero desde ningún punto de vista esa flexibilidad deberá reforzar el patrón de que los militares usurpen espacios y funciones que corresponden a instituciones civiles; es un asunto que no es bueno para la democracia ni para la economía.

En el año 2000, desde el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua y con el liderazgo de personas que luego se convirtieron en importantes funcionarios del sector defensa y la política exterior del país, estuve a cargo de la investigación sobre “El gasto en Defensa en Nicaragua: La toma de decisiones en la asignación de recursos”, que fue en su momento el primer informe de esa naturaleza publicado en el país y el segundo en Centroamérica dedicado a explicar cómo y en qué gastan los militares, los recursos que anualmente les asigna el Estado. Antes, en 1997, el destacado economista Thomas Scheetz había publicado el estudio: “Gastos militares en Guatemala: su impacto fiscal y macroeconómico, 1969-1995”.

Uno de los temas fundamentales que desarrollamos era que la eficacia del gasto militar dependía mucho de una adecuada delimitación de las funciones que cumplen los ejércitos. Esto desde luego, dependía de un exhaustivo ejercicio de planificación, que dirigido desde los más altos niveles del Estado sobre la base de la transparencia y el consenso nacional, identificara con claridad los intereses nacionales que se supone deben ser resguardados por los militares. Remarcamos en ese informe que para la democracia no es sano ni viable que el quehacer institucional del Ejército de Nicaragua se extienda de tal manera que termine por copar los espacios que se supone corresponden a las instituciones civiles.

Primero, porque los militares tienen un sentido de no rendición de cuentas muy arraigado en su cultura corporativa. El militar en Nicaragua, así como en otras sociedades débiles institucionalmente, desprecia que los civiles se entrometan en sus asuntos, y más aún, que se atrevan desde una legislatura o un tribunal de cuentas, a preguntarles por lo que hacen o dejan de hacer. La premisa de sus operaciones se funda en — la auto percibida creencia— de que son redentores de la sociedad y de que como tales no deben rendir cuentas de sus actos.

Desde esta perspectiva, insistir en meter a los militares en operaciones de naturaleza civil no termina de mejorar la gobernabilidad, entendida esta en buena parte como un conjunto de normas y procesos que exigen a las instituciones públicas mayor transparencia y rendición de cuentas al pueblo.

Y segundo, porque desde todo punto de vista es irracional, que el dinero público sea asignado o transferido desde instituciones civiles a los militares para ejecutar tareas que no tienen que ver con lo que se espera de ellos. El profesor Scheetz en su análisis del gasto militar de Guatemala advierte sobre la irracionalidad de financiar presupuestos a instituciones armadas que ejecutan misiones que exceden aquéllas para las que fueron creados. Al producir éstas un bien diferente para el que cual fueron concebidas, se hace un uso ineficiente de la fuerza militar y de los escasos recursos públicos. Para Scheetz, el hecho de que cada quien haga lo que su especialidad indica, resulta invariablemente más barato.

De esta forma, la reiterada flexibilización del Ejército de Nicaragua no tendría más que alarmarnos por las implicaciones que puede tener en la invasión de los militares en las instituciones públicas civiles, en la ya desacreditada eficiencia del sector público. Esto, sin contar con las consecuencias presupuestarias que pudiera representar el subcontratar al Ejército para cumplir tareas que deberían hacer los ministerios de transporte en las calles para el pueblo, el Instituto Forestal en la conservación del medio ambiente, o la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. Las consecuencias en el gasto público, desde experiencias similares de ejércitos “flexibles”, es que al final de cuentas el Estado y los ciudadanos con sus impuestos, terminan pagando por partida doble: a instituciones públicas ineficientes y corruptas que argumentan escasez de recursos para ser mejores; y a militares que nunca fueron capacitados para hacer lo que se supone deben hacer otros, y que raramente dejan constancia de que su intervención terminó siendo mejor y más eficiente que las instituciones competentes para hacerlo.

Si el Presidente piensa que es urgente resguardar el medio ambiente, es mejor para la democracia y las instituciones formar 500 nuevos técnicos forestales y no disponer de 500 soldados. Si va a reforzar su programa de calles para el pueblo es mejor para la economía del país, incentivar la operación de pequeñas empresas que provean ese servicio, en lugar de involucrar al ejército, o si quiere reforzar la seguridad ciudadana convendría continuar mejorando los recursos presupuestarios y las capacidades de la Policía Nacional y no extender la actividad militar a la seguridad pública. Y así, por cada decisión en la que se pretenda vincular a los militares para asuntos que van más allá de la naturaleza de sus funciones, se verá que hay un costo que termina impactando en la economía y la democracia. Por eso, cuando los generales y el Presidente hablan de un ejército flexible, ¿de qué estamos hablando?

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