El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) podrían recurrir por inconstitucionalidad en contra de la Ley Moratoria o de los “No Pago” si el presidente Daniel Ortega no veta dicha ley.
La ley, aprobada en la Asamblea Nacional con 87 votos el pasado 24 de febrero, fue enviada al presidente Ortega el 5 de marzo.
Según indica el artículo 142 de la Constitución Política de Nicaragua, “el Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los 15 días siguientes a aquél en que lo haya recibido”.
A pesar de que esos 15 días se vencen hasta la próxima semana, el sector privado buscará esta semana la reforma a dicha ley una vez que entre en vigencia. De no conseguirse, introducirán el recurso por inconstitucionalidad.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó que el recurso por inconstitucionalidad no detendría los efectos negativos que tendría la ley en la economía nacional, sino que sería más bien una “cuestión de principios”.
Es por ello que el sector privado espera que la Asamblea Nacional apruebe una reforma.
- Luego de que el Movimiento No Pago realizara protestas en las calles durante varios días, el 12 de julio de 2008, Daniel Ortega dijo durante un acto público en Jalapa, Nueva Segovia, que en vez de estar protestando en las carreteras, protesten frente a las oficinas de los usureros (microfinancieras) y plántense frente a sus oficinas. Párense firme, nosotros los apoyamos a ustedes.
Diez días después de lo dicho por Ortega, el movimiento intentó quemar la sede de la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse). Después de eso el movimiento tomó fuerza, hasta tener miles de miembros en todo el país.
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“Nosotros sí vamos a introducir un recurso (por inconstitucionalidad) en el momento en que esa ley entre en vigencia, sin embargo, antes de eso vamos a estar trabajando en la búsqueda de una reforma a la ley”, aclaró.
Según dijo Aguerri, varios diputados han manifestado preocupación por los efectos que ya está teniendo la Ley Moratoria o Ley No Pago, pese a que no ha entrado en vigencia.
“Hemos escuchado la preocupación de algunos diputados de diferentes bancadas en relación que se han dado cuenta del daño que esta ley tendría para la economía del país, entonces vamos a buscar una reforma, a ver si es posible encontrar el respaldo de los diputados”, explicó.
PREFIEREN REFORMA
Actualmente —dijo Aguerri— el sector privado prevé dos escenarios: el primero es que la ley sea publicada tal como fue aprobada, y se introduzca la reforma. “Si esto no ocurre, entonces tendríamos que esperar que, ya sea el Presidente o la Asamblea, sancionen la ley y nosotros metemos el recurso por inconstitucionalidad”, agregó.
La Ley Moratoria o Ley de los No Pago manda que los morosos y microfinancieras renegocien los saldos vencidos hasta el 30 de junio del 2009, en un plazo no mayor a 120 días. Además ordena suspender todos los embargos y juicios por un plazo establecido y fija una tasa de interés única del 16 por ciento para la renegociación de los préstamos.
“Para nosotros el primer escenario es buscar esa reforma (a la Ley Moratoria), para ver si de esa manera a través de la reforma, nosotros logramos hacer que esa señal negativa que estamos enviando en relación a esa ley se neutralice”, afirmó el presidente del Cosep.
EFECTOS DEVASTADORES
Desde la aprobación de la Ley Moratoria distintas instituciones financieras han manifestado su preocupación por el riesgo que corre el sistema de microfinanzas del país, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Incluso, los proveedores internacionales de las microfinancieras han contemplado solicitar la cancelación de su capital, calculado en unos 200 millones de dólares, como alternativa para proteger su inversión, si entra en vigencia la ley.
El Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, expresó recientemente que “el Presidente (Daniel Ortega) no contempla vetar la Ley ni mucho menos, él con lógica, sostiene el criterio de que si en la Asamblea Nacional se tomó la decisión, que sea ella misma que efectúe los ajustes necesarios”.
La Ley Moratoria fue aprobada con el nombre de “Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Microfinancieras y Deudores en Mora”, lo que ha sido considerado por distintos sectores como un premio al movimiento de morosos conocido como “No Pago”.
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