El Acuerdo por la Justicia Penal que fue revelado la semana pasada por LA PRENSA contempla —según el magistrado Sergio Cuarezma—, una política de persecución en contra del crimen, pero a partir del control político sobre las decisiones del Poder Judicial y sobre la independencia de los jueces y magistrados.
El magistrado considera que el Presidente de la República tiene la facultad de elaborar una estrategia de política contra el crimen que sea incluyente, con el objetivo de prevenir el delito, que diseñe políticas públicas y estudios para determinar la evolución del crimen, comportamiento y extensión y sus causas, y el tratamiento del delincuente.
“De una política contra el crimen se desprenden el diseño y la ejecución de políticas públicas para crear condiciones de seguridad jurídica para inversiones y generar fuentes de empleo, con ello se promueve el ingreso económico en las familias y se disminuyen los delitos de hurto y robo”, dijo.
“O bien, políticas educativas para prevenir la violencia en contra de la mujer o políticas de salud para prevenir la adición a las drogas”, comentó el magistrado.
“Pero una política contra el crimen no puede partir de buenos y malos, ni diferenciar un delito de otro, sino que debe partir de la promoción de la libertad individual de la persona en relación con el sistema”, agregó Cuarezma.
Se penaliza la pobreza
Según la Comisión Interinstitucional que creó el Acuerdo, éste nace del hecho de que la Policía Nacional le planteó al Presidente que el índice delictivo en el país ha crecido y que esto genera inseguridad e incertidumbre ciudadana, y como respuesta el Ejecutivo aparece invitándose a sí mismo para articular la justicia penal.
Para Cuarezma, la afirmación de la Policía es exagerada y advierte —según un análisis que realizó de los datos estadísticos oficiales de la propia Policía— “que en el país no se incrementan los delitos, sino que existe un significativo ascenso en las dos familias más importantes de delitos contra la propiedad y las personas, que ocupan el 85 por ciento del total de hechos denunciados”.
Pero según asegura el magistrado “el aumento está relacionado a hechos menos graves y faltas penales dirigidos contra la propiedad, que podría corregirse con una adecuada política económica, y no con represión, porque se estaría penalizando la pobreza y la miseria”, dice.
Los delitos contra la salud pública, entre los que está el tráfico de drogas, sólo representan el uno por ciento del total, pero son la supuesta “razón” para crear el Acuerdo.
El Acuerdo además, dice el Magistrado, establece una línea de represión en detrimento de los derechos fundamentales de la persona. “Por ejemplo, algunos ciudadanos me han comentado que no han sido acusados por ninguna institución y que por el hecho que tienen afinidad con personas que han cometido delito, les han quitando fincas, caballos, ganados, vehículos, dinero, de forma arbitraria, y que se sienten impotentes. Éstos son los resultados de una política de persecución desbordada que termina en abusos y corrupción; que termina en lo mismo que persigue”.
El CPP creó un megapoder
Cuarezma recordó que cuando se aprobó el Código Procesal Penal (CPP) se creó la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal (arts. 415 al 417), con megaatribuciones y no se valoró en ese entonces el impacto negativo de la misma. Esta Comisión ejecutará los mandatos del Acuerdo “y será articulada por el Poder Ejecutivo, teniendo un impacto devastador para el Estado de derecho”, dijo.
Según el magistrado, desde la Comisión “se orienta” a los funcionarios del Poder Judicial sobre cómo proceder e interpretar la ley. “La Comisión se ha constituido de facto en una institución paralela que con su injerencia socava y desautoriza al Poder Judicial y la independencia de los judiciales. En la Sala de lo Penal vemos con preocupación que funcionarios penitenciarios no cumplen con las órdenes emitidas por los jueces o magistrados hasta que sus superiores le ordenan, cuando dicha institución, se supone, está subordinada a los mandatos del Poder Judicial”, comentó Cuarezma.
El magistrado propone que en lugar de poner en función el Acuerdo, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprovechen para poner en orden lo que él llama “una anarquía de conceptos y roles”.
“Deben derogarse los artículos 415 al 417 del CPP, creadores de la Comisión Interinstitucional y que cada funcionario vuelva a su institución y se ocupe de ella”, concluyó.
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