Los representantes legales de la familia Martínez arremetieron ayer contra el Gobierno de España que, según dijeron, no garantiza la legalidad de su inversión en el vertedero municipal La Chureca, de Managua, para ejecutar el proyecto de reconversión.
“La Cooperación española está dando dinero para una propiedad, sin que haya consentimiento de los dueños de esa propiedad y eso se llama estafa. La familia Martínez, incluso, está en la capacidad legal para demandar a los arquitectos y a cualquier entidad que esté trabajando dentro del terreno ajeno”, dijo el abogado Roberto Argüello.
El jurista actualmente representa a los Martínez ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se analiza la posibilidad de amparar a la familia que fue despojada del terreno por el Estado, a mediados del 2009, sin que se les haya indemnizado hasta la fecha.
El caso serían debatido hoy en la Sala Constitucional de la CSJ. No obstante, la Embajada de España en Nicaragua emitió un comunicado el lunes pasado, tras consultas de LA PRENSA, en el que se desentendía del conflicto legal que envuelve la toma de las 146 manzanas de tierra, donde invertirá unos 30 millones de euros, es decir poco más de 40 millones de dólares.
“En ningún momento las autoridades españolas han intervenido en los procedimientos internos de Nicaragua, tendientes a la adquisición de la titularidad pública de los terrenos del Proyecto”, sostiene el comunicado de la Embajada española, que además deslindaba todas las responsabilidades en la toma de la propiedad, en la administración orteguista de la Alcaldía de Managua.
“DEBIERON ESPERAR”
A juicio del concejal liberal, Virgilio Gurdián, la falta de seguridad jurídica en la propiedad es el “punto débil” en la inversión de los españoles.
“La Cooperación española debió esperar a que el conflicto de la propiedad se resolviera, porque si no lo que hace es avalar un procedimiento anómalo”, dijo Gurdián, quien es miembro de la Comisión Municipal de Asentamientos en Managua.
Según explicó, los Martínez debieron ser llamados a negociar y ser parte en la toma de decisiones de cómo se indemnizará o traspasará el terreno en cuestión.
“Decir que la Alcaldía (de Managua) tiene un título de propiedad sin las firmas de los dueños es una situación poco viable. Los dueños, más bien, debieron ser tomados en cuenta en todo el procedimiento”, dijo Gurdián.
La administración municipal ha defendido en todo momento el título en su poder, aduciendo que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregó el documento de manera legal.
La PGR entregó un título de las 146 manzanas de propiedad, aduciendo que el terreno había sido confiscado en 1982 por el Gobierno sandinista y fue en los años 90, cuando los dueños empezaron a tramitar la indemnización debido a la confiscación.
Desde entonces, no han recibido ningún dinero. La PGR prometió 39.5 millones de córdobas en Bonos del Estado.
Entre tanto el Presidente de la Comisión de Municipios de la Asamblea Nacional, diputado Agustín Jarquín, defendió ayer que la ejecución de la obra es lo más importante en todo el proceso.
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