El presidente venezolano Hugo Chávez intenta establecer un mecanismo de censura previa, lo que está prohibido por la Constitución de Venezuela y por los tratados internacionales ratificados por este país, advirtió un jurista.
LA PRENSA/AP/LEONARDO

Tomado de EL UNIVERSAL

Caracas, Venezuela

De acuerdo con una investigación académica, el Gobierno venezolano cambió su política sobre el uso público de internet, luego de ser derrotado electoralmente en el año 2007.

La profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes (ULA), Raisa Uribarri, señala que desde la aprobación de la Constitución de la República venezolana —en 1999—, de la Ley de Telecomunicaciones y el decreto 825 del Ejecutivo Nacional —ambos en el año 2000— se consideró el internet como una herramienta prioritaria para el desarrollo económico del país y se crearon estrategias para ampliar su penetración.

Según Uribarri, “en 2007 hubo un punto de inflexión”. Dice que la percepción del Presidente de la República, Hugo Chávez, acerca de que su derrota en el referendo para la reforma constitucional se debió a que “el pueblo no entendió la propuesta”, por una supuesta manipulación mediática, motivó el cambio de estrategia sobre internet.

• Consideran ley contra la red

  • La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el presidente Hugo Chávez, designó una comisión especial que se encargará de investigar a los administradores de páginas web que incurran en delitos estipulados en el Código Penal venezolano y en la Constitución Nacional.
  Conformada por los diputados de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales y de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del Parlamento venezolano, tendrá bajo su responsabilidad velar por que se reafirme la función de los poderes del Estado de velar que los medios de comunicación “cumplan su papel y no generen situaciones que alteren la paz y tranquilidad de los venezolanos”.
  
  La Comisión de Medios de la Asamblea comenzó a discutir la posibilidad de redactar una ley para regular los contenidos de internet. El presidente de la mencionada instancia legislativa, Manuel Villalba (PSUV-Monagas), negó que ya tengan un “papel de trabajo”. Negó incluso los llamados “madrugonazos” sobre el tema.
  
  El parlamento venezolano elevó una solicitud a los demás poderes públicos para que se abra un procedimiento de investigación a los portales web que usen de forma indebida y antiética internet.

• Pretenden censura previa

  Para el abogado experto en derechos humanos, Héctor Faúndez, “el Gobierno (de Hugo Chávez) parece tener la intención de cercenar la libertad de expresión por rebanadas”.
  
  Recuerda que el oficialismo venezolano ha actuado contra la radio, televisión, manifestaciones públicas, prensa escrita, los delitos de opinión y ahora internet.
  
  Faúndez explica que internet es un medio de comunicación y que en esa condición también está protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
  
  “El Gobierno intenta establecer un mecanismo de censura previa, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales ratificados por Venezuela”, declaró.
  
  En la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 2 de julio del 2004, por el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, se señala que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos engloba dos dimensiones: “La individual, que se realiza a través del derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y la social como medio de intercambio de ideas e información para la comunicación masiva entre los seres humanos. Ambas deben garantizarse simultáneamente”.
  
  Faúndez, quien fue llamado por la representación de las víctimas para expresar su opinión jurídica sobre el referido caso, explica que existen regulaciones en varios países sobre internet, unas con propósitos legítimos, como la explotación de los niños y la pornografía infantil o para combatir mensajes racistas o terroristas que puedan difundirse a través de la red. “Lo que es inaceptable no es la regulación, sino el control”, señaló.
  
  Explica que la responsabilidad penal es individual y que hay un principio en materia de libertad de expresión que se conoce como la doctrina del “Reporte Fiel”. “De acuerdo con ésta, un medio no responde por lo dicho por otros, en la medida en que ese medio se haya dedicado simplemente a reproducir lo dicho por un tercero”.
  
  El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló que “internet no puede ser una cosa libre”, tras cuestionar la publicación de dos mensajes en el portal Noticiero Digital que informaban de la supuesta muerte de Diosdado Cabello y Mario Silva.
  
  REYES THEIS/EL UNIVERSAL

Según Uribarri, la aprobación del decreto 6,649 en 2009, que cataloga a internet como un servicio suntuario —cuando antes era calificado como prioritario—, es un elemento que sugiere la nueva percepción sobre la red. También ese año se concretó la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, el principal proveedor de telefonía e internet del país.

A esto se sumaría la reciente declaración del presidente Chávez, en cuanto a que “internet no puede ser una cosa libre”.

REACCIÓN INTERNACIONAL

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras se pronunció acerca de las declaraciones del mandatario venezolano, quien cuestionó la publicación en el portal Noticiero Digital de los comentarios de dos foristas, quienes informaban la supuesta muerte del ministro de Vivienda y Hábitat, Diosdado Cabello, y del dirigente oficialista Mario Silva.

“Aplicar restricciones a internet no resolverá el problema de difusión de noticias falsas”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Añadió que “este caso sirve de pretexto al Gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control no ha conseguido hasta ahora. Una recuperación del poder por parte de las autoridades podría poner en peligro la libertad de expresión en internet, mientras el Gobierno actual ha reforzado su control de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, a lo largo de los últimos años”, declaró la organización.

Sobre este aspecto, la investigadora de la ULA destacó que con el ordenamiento jurídico vigente existe protección para el acceso a internet. “Cualquier elemento que se salga de allí es inconveniente”, opinó.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, “el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información”.

DERECHO GARANTIZADO

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 19 preceptos sobre la libertad de expresión y el derecho a la búsqueda de información, algo aplicable a internet.

Señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La tendencia de los gobiernos autoritarios a crear restricciones al uso de internet ha originado la preocupación de los organismos internacionales.

En febrero pasado, un documento suscrito por Frank LaRue, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, y Catalina Botero, relatora especial de la OEA para la Libertad de Expresión, —entre otras autoridades— alertaba, como un desafío para la libertad de expresión, sobre el bloqueo estatal de sitios web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales.

SE OPONEN

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) expresó su rechazo a cualquier intento que se haga por restringir o controlar internet en Venezuela, el acceso a páginas web y a los contenidos publicados en ella. “Internet es el medio de comunicación más abierto, democrático, globalizado y autorregulado del mundo, cualquier persona natural o jurídica puede exponer sus opiniones y puntos de vistas sobre temas de su interés y cualquiera puede avalar o refutar dichas opiniones”, indicó la cámara.

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