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Opinión | lunes 5 de abril 2010 Las piedras que suenan en el río
Roberto Orozco En tema de narcotráfico, no hemos salido de un escándalo cuando nos metemos en otro. Y digo “nos” porque de Nicaragua se trata. Ya cuando los medios de comunicación habían agotado el asunto de las “narcoliberaciones”, denominadas así por la forma en que tres traficantes de drogas guatemaltecos obtuvieron su libertad de la penitenciaría de Chinandega, la Ministra de Gobernación apretó y sacó más pus de la llaga que existe en nuestro sistema penal.
En declaraciones públicas, dijo que en un estudio hecho por su despacho, se encontró que en los últimos dos años fueron liberados 600 narcotraficantes que purgaban condenas altas, por jueces que aplicaron beneficios contenidos en la ley, pero que usaron argumentos y afirmaciones inverosímiles para sacar a los mismos de las cárceles.
Esto es lo más escandaloso que hasta ahora se ha dicho y, por ello, los funcionarios del más alto nivel del Poder Judicial en vez de alzar su voz para defender lo que parece indefendible y poner en duda lo que una Ministra de Estado afirmó de manera categórica, deberían abrirse a la reflexión y escrutinio público para solventar dudas, fundamentalmente porque las estadísticas dadas por ella indican que las “narcoliberaciones” alcanzaban el obsceno 50 por ciento de todos los casos analizados.
Más allá de sus declaraciones, lo que la Ministra de Gobernación reveló fue un estado de impunidad para los narcotraficantes y, peor aún, el mensaje que les da es el que Nicaragua es un “paraíso sin ley” fundamentalmente para aquellos traficantes de drogas que pertenecen a los grandes carteles mexicanos y colombianos que con esfuerzo y, hasta con la vida misma, los policías y militares han capturado.
Pareciera que el muro de contención que la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua han levantado para que las pretensiones de los narcotraficantes no se cumplan en nuestro país, tiene una amplia fisura por el cual el crimen organizado se está filtrando: el Poder Judicial aparece hoy, más que nunca, como la primera institución que podría estar contaminada por los “narcodólares”.
Sólo basta con mirar atrás y hacer un pequeño ejercicio de sistematización de los casos de corrupción en los que se han visto involucrados jueces de primera instancia y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No hace mucho tiempo, los medios de comunicación informaban sobre el caso de los US$$609,000 que abogados confabulados con un Magistrado del más alto nivel, sacaron fraudulentamente de una cuenta bancaria en la que el Poder Judicial los mantenía en custodia.
Luego vino la famosa lista de abogados y funcionarios del Poder Judicial que trabajaban para narcotraficantes y quienes se habían especializado en defender a narcos extranjeros. Se dijo que la Policía Nacional los había investigado y que había pasado un informe completo a la Corte Suprema de Justicia para que tomara acciones al respecto. Todavía las estamos esperando.
Luego la Ministra de Gobernación, muy valientemente, ordenó otro estudio para crear evidencia de que algo está pasando en el Poder Judicial. Parece que se ha demostrado hasta la saciedad que los tribunales de todas las instancias, es el eslabón débil de la cadena de justicia contra el crimen organizado en este país. Por ello, nosotros creemos que el estudio y la lista de la que habló la Titular de Gobernación son ciertas y existen. Reconocemos su valentía en esto que, siendo mujer, tiene doble mérito. Ya son dos mujeres las que se levantan valientemente en contra del peligro que representa el crimen organizado y han dicho públicamente que no le temen.
Sin embargo, mientras los funcionarios del sistema de justicia penal defienden sus propias actuaciones e intentan lavar el rostro de las instituciones que dirigen, los narcos siguen saliendo de las cárceles donde cumplen condenas. Salen con sentencias y beneficios “houdinescos” que parecen ser sacados del sombrero copero de un mago ilusionista. Hay un dicho popular que sentencia en este caso: “Cuando el río suena ”
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