En diversas ocasiones trabajadores despedidos

por el Gobierno han demandado se respeten sus

derechos laborales.
LA PRENSA/ ARCHIVO O. MIRANDA

Más de 18 mil empleados públicos han sido despedidos de diversas instituciones estatales desde que en el año 2007 asumió el presidente de la República, Daniel Ortega, “sin respetárseles sus derechos que están establecidos en la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”, aseguró Álvaro Leiva, secretario de organización de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público.

“Esto es preocupante porque estamos en un estado donde la clase trabajadora del Estado está manos arriba frente a las actuaciones de un gobierno que no respeta la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia CSJ), porque aún teniendo sentencia a favor de los trabajadores, no se respetan las sentencias judiciales (para ser reintegrados al puesto laboral)”, sostuvo Leiva.

Menciona que a los recientes despidos de técnicos en el Ministerio Agroforestal (Magfor), se suman los de al menos 40 trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), y 10 directores de área en el Hospital Humberto Alvarado de Masaya, entre otros.

La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público prepara un informe debidamente fundamentado para recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual recurrirán con el acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a fin de denunciar internacionalmente las violaciones de los derechos laborales de los trabajadores nicaragüenses.

Leiva dijo que también pedirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una supervisión al Estado de Nicaragua, en relación con las diferentes denuncias registradas por los trabajadores.

Recordó que en un reciente taller subregional realizado en El Salvador, en representación de los sindicatos nicaragüense, señaló la no ratificación por parte del Estado de Nicaragua del Convenio Internacional 81, relativo a las inspecciones del trabajo en la industria y el comercio.

“Lo cual es preocupante porque si no ratifica este convenio, quiere decir que no están de acuerdo que se les esté revisando internacionalmente las malas prácticas que está realizando el Ministerio del Trabajo (Mitrab), en sus actuaciones como órgano tutor de los derechos laborales de los trabajadores”, valoró.

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