SAN JOSÉ / ACAN-EFE
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica rechazó hoy un recurso de amparo de una organización ambientalista que mantenía paralizada desde 2008 la construcción de una polémica mina de oro a cielo abierto en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua y del Río San Juan.
La Sala Constitucional declaró “sin lugar” al recurso y da así vía libre a la construcción de la mina Las Crucitas por parte de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la compañía canadiense Vanessa Ventures, según indicó el tribunal en un comunicado.
En opinión del representante de la organización ambientalista Unión Norte por la Vida, Edgardo Araya, que presentó en octubre de 2008 el recurso, la decisión hace que hoy sea un “día triste”.
“Un día triste, de luto para un país que se dice amante de la naturaleza y protector de sus recursos naturales”, indicó Araya a Acan-Efe, al adelantar que las organizaciones ambientalistas realizarán una reunión en las próximas horas para definir las acciones a seguir y estudiar todos los alcances del fallo.
En el recurso la organización cuestionaba un decreto ejecutivo firmado por el presidente, Oscar Arias, en que declaraba de “conveniencia nacional” la mina, alegando que la mina contaminará aguas, afectará el hábitat de la especie de árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro de extinción, y que carecía de algunos requerimientos ambientales.
La Corte consideró “con base en los estudios acreditados en el expediente (…) que las presuntas violaciones aducidas por los recurrentes difieren de los criterios técnicos aportados, los cuales validan la ejecución del proyecto minero sin afectación negativa para el ambiente”.
La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700,000 onzas (unas 19,8 toneladas) de oro en diez años que dejarán unos ingresos estimados de más de 800 millones de dólares.
Los opositores a la mina indican que para cavar tajos de donde extraer el oro se requiere la tala de 192 hectáreas de bosque, pero la empresa afirma que tiene un plan de reforestación para la zona.
El proyecto enfrenta la oposición de grupos ambientalistas e incluso del Gobierno de Nicaragua que se ha mostrado preocupado por la cercanía de la mina con la frontera y con el nicaragüense río San Juan.
