Por Addis Esparta Díaz
La calidad de la educación, la profesionalización y los servicios educativos han sido tema de debate en seminarios interanuales, conferencias y talleres en los últimos 20 años en la universidad y en las escuelas públicas y privadas de Nicaragua, sin embargo a quienes se nos ha inculpado sobre la falta de mejora es a los profesores y a las instituciones educativas. Un claro ejemplo de esto es la competencia y el desempeño del maestro en la escuela secundaria, porque si esta persona tiene deficiencias la culpa recae ipso facto sobre la Facultad de Educación de la UNAN-Managua o la UNAN-León. No se toma en cuenta que la calidad es un espíritu de vida, un cambio de actitudes por hacer del quehacer docente un sistema de mejora continua para un aprendizaje eficaz.
¿Acaso el Ministerio de Educación y el Estado han reflexionado de manera racional sobre las condiciones materiales, culturales concretas en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en Nicaragua? Resulta claro para todos y todas que las necesidades mínimas o las carencias se ciernen sobre cientos de estudiantes que no desayunan, no cuentan con libros, bibliotecas o dinero para el bus. Hoy se habla que los accidentes son un problema de salud pública, pero añadiría que se trata de un coste excesivo en medicinas, hospitales, médicos, enfermeras y gastos funerarios que recaen sobre nosotros, los contribuyentes, en lugar que ese dinero sea invertido en educación.
A todo esto se suma el salario miserable que devengan hoy los educadores de Nicaragua. La preocupación por reivindicar las peticiones magisteriales para una educación de alta calidad debe comenzar por garantizar un salario mínimo de 8,000 córdobas que cubra los costos de la canasta básica. De hecho, por eso hay docentes que trabajan hasta dos turnos, sin posibilidad de hacer un diplomado o una maestría.
Dejemos a un lado el discurso público falaz y comencemos por un verdadero movimiento democratizador en todas las esferas del sistema educativo. Filmus (1988) asegura que los sectores populares son “discriminados educativamente al acceder a instituciones que distribuyen una educación de inferior calidad”. El docente que tiene un salario digno tratará de dar lo mejor de sí mismo en el aula de clase, tendrá el respeto de sus alumnos, comunidad educativa y sobre todo responderá a las expectativas de la comunidad. El tema debe surgir del Gobierno y sus instituciones. En todo momento debe privar el sentido de la razón que los colegios, los institutos y las universidades estatales, en particular, son organizaciones con vocación humanista y un bien público en donde la cultura, el amor por los clásicos, la ética, la filosofía contractualista y los modernos métodos de la educación del siglo XXI deben adecuarse a los actores sociales, que demandan una dinámica en el desempeño posterior del egresado.
Un problema central es el dilema de la inversión de recursos. La Asamblea Nacional debe debatir estratégicamente sobre la crisis de la educación en Nicaragua, prever los gastos de los fondos públicos y dar respuestas positivas en términos de una búsqueda genuina de la calidad total. Reaccionar ante los factores del entorno, del mercado y de una correcta gestión para el desarrollo; solamente así Nicaragua será una nación fuerte, sensible, comprometida con la vida y no con la muerte, fortalecida moral y espiritualmente, en tanto el ciudadano que formemos sea estratega, líder, competente y gestor de calidad.
El punto neurálgico para las universidades es la mejora continua, el desarrollo de equipos interdisciplinarios, aumento de la productividad a través de la eficiencia y avance sustancial de la calidad de los procesos. Todo esto debe estar regido sobre la base de la autonomía y la libertad de cátedra para hacer de nuestros discentes ciudadanos completos. Por tanto, no caigamos en el error de señalar que las culpables son las escuelas formadoras de educadores, porque no es así. Mientras existan protagonistas de élites, habrá un aumento significativo de desempleo, baja escolaridad, pobreza, marginalidad, corrupción y violencia. Luchemos por conducir a Nicaragua hacia una educación para la vida, siempre y cuando los debates sobre la educación se vean como un problema del Estado y la sociedad en su conjunto.
La autora es doctora en Filología y Maestra en Ciencias de la Educación. UNAN-Managua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
