De los diez mil productores y comerciantes en deuda con las microfinancieras, que son parte del movimiento conocido como los No Pago, sólo 86 han buscado arreglar su situación con los beneficios que les otorga la ley moratoria, desde que ésta entró en vigencia hace más de dos semanas.
Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), señaló que la poca afluencia de deudores “es una prueba de que los líderes del Movimiento No Pago responden a intereses políticos, cuyo único interés ha sido desestabilizar al sistema, pues nunca han tenido intenciones de pagar”.
Líderes del Movimiento No Pago habían dicho que una vez en vigencia la ley moratoria sus afiliados harían filas en las microfinancieras. Pero Asomif informó ayer que eso no ha sucedido.
La ley establece en su artículo 3, sobre Condiciones Básicas y de Garantías para la Reestructuración, inciso 1, que el plazo para las renegociaciones será de 120 días, pero “dentro de los primeros 30 días de dicho plazo, los deudores deberán presentarse ante las financieras a manifestar su voluntad de iniciar la renegociación”.
Alaniz recordó que el riesgo para los deudores de no presentarse en ese tiempo es perder la oportunidad de beneficiarse con las condiciones de la legislación, como son una tasa de interés del 16 por ciento, y entre cuatro y cinco años para pagar.
QUIEREN MÁS PLAZO
Los pocos deudores que han buscado arreglos estarían siendo mal asesorados por el Movimiento No Pago, ya que según las cartas presentadas a las microfinancieras, en que expresan voluntad de negociar, exigen que el plazo para la cancelación total de la deuda sea de diez años.
“Eso está fuera de las condiciones de la ley. Por ello esperamos que la normativa que emitirá el miércoles próximo la Superintendencia de Bancos aclare los términos a fin de que no haya interpretaciones equivocadas”, dijo Alaniz.
Sin embargo, Omar Vílchez, uno de los líderes de los No Pago, se quejó de que son las microfinancieras las que se niegan a recibir a los morosos. “Sospechamos que intencionalmente hacen que pasen los 30 días, para tener argumentos de dejarnos fuera del beneficio de la ley, pero vamos a acudir en ‘masa’ la próxima semana para presionarlos”, declaró.
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