Ante la fuerte andanada de críticas que ha enfrentado la Policía Nacional y sus altos mandos por la posición blandengue que han tomado una vez más ante las turbas orteguistas, la respuesta ha sido: “no vamos a dispararle a la gente” o “ese problema sólo se solucionaba a balazos y eso no lo íbamos a hacer”.
A simple vista, tal respuesta deja al cuerpo policial como un órgano consciente y al que le reclama que cumpla con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública como un salvaje que lo que quiere es ver la sangre correr por las calles.
Pero esa respuesta en realidad es sólo, como se dice popularmente, “una salida de baño”, pues nadie, y repito nadie, le ha pedido a la Policía que dispare contra las turbas orteguistas, ahora reforzadas aparentemente por miembros de la Mara 18 de El Salvador, o por lo menos por admiradores de esa organización criminal, como lo demostró la foto de primera plana de LA PRENSA de ayer.
La respuesta que ha dado oficialmente la Policía de que no pueden ponerse a “volar bala” se cae fácilmente, pues la Policía tiene otros métodos para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Sólo recordemos el exitoso quiebre del peligroso Cártel de Sinaloa en Nicaragua, cuando la Policía desmontó a ese grupo sin disparar un solo tiro.
Pues bien, es eso lo que se le pide a la Policía.
Es muy cierto que querer actuar cuando ya hay cientos de enardecidos orteguistas envalentonados con sus morteros y piedras obligaría a la Policía a utilizar la fuerza, pero si en lugar de eso mediante labores de Inteligencia identificaran dónde se está comenzando a organizar esta gente, dónde se están fabricando los morteros y los lanzamorteros y quién está financiando todo eso, fácilmente podrían decomisar todo y poner bajo arresto a los cabecillas.
Pero no lo hacen porque simplemente, lo he dicho antes, el principal cabecilla es el compañero comandante pueblo presidente Daniel. Y a ése la Primer Comisionada Aminta Granera no se atreve a detenerlo.
Podrán alegar entonces que ella no puede hacer eso porque él es su superior jerárquico y que la Constitución establece que tanto ella como toda la institución están “sometidas a la autoridad civil”, que es el Presidente.
Pero la Constitución también dice que la Policía Nacional debe actuar en estricto apego a la Carta Magna y a las leyes, las cuales enumeran un sinnúmero de derechos ciudadanos que la Policía está obligada a proteger, pero que están siendo pisoteados por las turbas orteguistas.
Y “para ponerle la tapa al pomo”, en su artículo 182 la Constitución dice que “es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
Así que ni la Primera Comisionada Aminta Granera ni ningún policía está obligado a obedecer órdenes ilegales, aunque sean del Presidente.
Ya estamos claros que si se atreven a desobedecer serán destituidos de inmediato, pero entonces quedemos sabidos que obedecen las ilegalidades de Ortega por miedo, porque están de acuerdo o por no querer soltar el hueso, y no por otra cosa.
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