Ni Ortega ni magistrados

Población los aplaza

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A pesar de los logros que proclama la actual Administración orteguista haber alcanzado en su período de mandato, la ciudadanía estima lo contrario, ya que un 69.4 por ciento no votaría por el presidente Daniel Ortega si fuese en la actualidad el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras que el 11.8 por ciento prefiere no opinar.

La falta de respaldo a una posible candidatura del presidente Ortega se refleja en los resultados de una encuesta realizada por M&R Consultores, en el marco de la crisis que afectó al país la semana pasada y que originó el rechazo y la preocupación de diversos sectores nacionales, así como en el extranjero.

La firma encuestadora entrevistó a 800 personas en distintas partes del territorio nacional, entre el 22 y el 24 de abril.

Raúl Obregón, de M&R, es del criterio que los resultados expresan que para la ciudadanía el mandatario nicaragüense ya no es un candidato potable.

“Y eso de alguna manera manifiesta también el rechazo al tema de la reelección presidencial, y definitivamente con este tipo de situaciones como las que se dieron la semana pasada hay una tendencia a poner distancia con este tipo de liderazgo; yo creo que definitivamente su posible candidatura perdió mucho la semana pasada”, explicó Obregón.

• Malas notas

  • En cuanto a la calificación a los otros actores involucrados en la crisis de la pasada semana, la oposición no se salva de las críticas de la ciudadanía.
  Para el 51.8 por ciento de los encuestados, la actuación de la oposición en “las circunstancias actuales” es negativa, motivada, de acuerdo con Raúl Obregón, de M&R, a la percepción de debilidad que prima sobre los grupos políticos que adversan al Gobierno y ante el temor de que todo termine con arreglos políticos.
  
  Ese porcentaje, en un índice del 1 al 100, indicó Obregón, la oposición queda aplazada, ya que obtienen el 36.2 por ciento de inaceptabilidad.
  
  Lo mismo ocurre en cuanto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que expresan lideraron los ataques contra los diputados de la oposición, ya que la percepción negativa alcanza el 71.53 por ciento, que significa el 25.3 por ciento de inaceptabilidad.
  
  El presidente Daniel Ortega alcanza un porcentaje negativo del 66.1 por ciento.

Durante las últimas elecciones nacionales, Daniel Ortega Saavedra, con el conteo del 91.6 por ciento de los resultados oficiales emitidos por el Poder Electoral, resultó electo como Presidente de la República por el FSLN, con un 38,07 por ciento, producto de una votación de 854,316 ciudadanos. No obstante, si los comicios se efectuaran en este momento y el mandatario nicaragüense fuese nuevamente el candidato del partido de Gobierno, obtendría apenas el 18.9 por ciento.

NO PUEDE SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

No obstante, la oposición mantiene que el presidente Ortega no puede presentarse como candidato oficialista, debido a que la Constitución en su artículo 147 establece que no podrá ser candidato el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales.

El 80.6 por ciento de los ciudadanos que se define como independientes (que en la actualidad sobrepasa el 50 por ciento de la población), afirma que no votaría por el presidente Ortega, mientras que los de oposición registran el 96.4 por ciento.

En lo que respecta a los que se identifican como sandinistas, el presidente Ortega habría perdido respaldo, ya que el 60.7 por ciento dice que votaría por él, mientras que el 20.4 por ciento asegura que no y el 18.9 por ciento se abstiene de opinar.

QUE SE RESPETE LA CONSTITUCIÓN

Pero no solo el presidente Ortega resiente la falta de apoyo para una reelección, sino también funcionarios de los Poderes Electoral y Judicial, tema que se ha convertido en parte de la crisis política que atraviesa el país, ante el interés del partido de Gobierno de que muchos de ellos sean reelectos en sus cargos.

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Ante la falta de consenso para elegir nuevos funcionarios en los Poderes del Estado, debido al interés del Ejecutivo de que muchos sean reelectos, el presidente Ortega emitió en enero pasado el decreto 03-2010, conocido como el decretazo, que tiene como objetivo mantener en sus cargos de manera ilegal a todos aquellos cuyos períodos ya vencieron.

Para el 59.9 por ciento de los encuestados, todos aquellos funcionarios a los cuales, de acuerdo con la Carta Magna, ya venció su período, deben separarse de sus cargos, contra el 37.8 por ciento que estima que deben mantenerse hasta que la Asamblea Nacional elija a sus sucesores o los reelija.

Este último aspecto es uno de los puntos más difíciles para lograr un consenso para la elección de los funcionarios públicos de Poderes e instituciones del Estado, ya que la oposición ha firmado un acuerdo denominado Metrocentro II, en el que se compromete a no reelegir a ninguno de los magistrados electorales, debido a las irregularidades con que se manejaron los últimos procesos electorales (municipal y regional).

El 82.2 por ciento de los que se dicen opositores creen que los funcionarios, cuyo período venció, debe separarse de su cargo, contrario al 73.1 por ciento de los que se dicen sandinistas.

EL PUNTO DE DISENSO

Aunque todavía no se vence el período del magistrado Roberto Rivas Reyes, su posible reelección, a propuesta del presidente Ortega, se ha convertido en la manzana de la discordia para proceder a buscar el consenso en la Asamblea Nacional para elegir a los nuevos miembros de ese Poder del Estado, ya que la oposición ha cerrado filas, vetando que se mantenga en el Poder Electoral.

Esa posición es respaldada con el 76 por ciento de los encuestados que desaprueba la reelección de Rivas y sólo el 20.5 por ciento aprueba que se mantenga un período más en el Poder Electoral.

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