La última crisis política en el país puso a prueba una vez más la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, la que a juicio de la ciudadanía el cumplimiento de órdenes políticas no le permitió cumplir con sus obligaciones de garantizar la seguridad ciudadana.
Eso se desprende del 75.8 por ciento de ciudadanos encuestados entre el 22 y 24 de abril por M&R Asociados, que respondió que la Policía Nacional tiene la capacidad de actuar, pero no lo hace por órdenes superiores, haciendo alusión indirecta al Presidente de la República, Daniel Ortega, quien es el Jefe de esa institución del orden público.
“La gente considera que la Policía Nacional sí tiene capacidad de poner el orden, tiene capacidad de evitar este tipo de disturbios, tiene capacidad y el deber de asegurarle la seguridad a la población en general, pero la gente ve una Policía bien armada, bien apertrechada, y estos grupos haciendo destrucción, poniendo en riesgo la vida de la gente y los efectivos como que no está pasando nada”, destacó Raúl Obregón, gerente general de M&R, como el sentir de quienes critican el actuar de los agentes de la institución del orden público.
Sólo el 17.8 por ciento de los ciudadanos observa que ha sido rebasada la Policía Nacional y no tiene capacidad de controlar la situación.
Un 4.6 por ciento no se inclina por ninguna de las dos situaciones.
Por su parte, el 46.8 por ciento de los que simpatizan con el partido de Gobierno sí creen que la Policía Nacional no actúa por órdenes superiores, porcentaje que se incrementa entre los que dicen ser de la oposición, ya que el 94.4 por ciento coincide con esa afirmación.
“La gente siente que la capacidad existe, pero lo que no hay es una voluntad, ven a la Policía como una institución sometida al poder político, en este caso al partido en el Gobierno, siguiendo esas instrucciones, que la convierte en una institución permisiva donde no debe serlo”, apuntó Obregón.
Desde que iniciaron los disturbios en el hotel Holiday Inn, el comisionado general Horacio Rocha se presentó a las instalaciones donde los diputados de oposición intentaban sesionar bajo los ataques de morteros y piedras, y les comunicó que la Policía Nacional había sido rebasada en su capacidad, por lo que no podía garantizar su seguridad, recomendándoles que salieran de esas instalaciones.
En un primer momento fueron desplegados únicamente 20 antimotines, pero después Rocha tuvo que pedir refuerzos, cuando la situación se tornó más violenta.
En el segundo día de disturbios, esta vez en los alrededores de la sede del Movimiento Vamos con Eduardo, el planteamiento fue el mismo, falta de capacidad, y aunque los manifestantes fueron replegados a ambos lados de la sede, procedieron a quemar dos vehículos y destruir un tercero, a la vista y paciencia de los uniformados, además de tirar piedras contra esas instalaciones.
Mientras un grupo se disponía a mantener sitiados lugares capitalinos, otro se mantenía en las afueras de la Asamblea Nacional con el objetivo de no permitir el ingreso de los diputados opositores.
En el tercer día de conflicto fue evidente la movilización de pandillas, que ante policías pasivos destruyeron con morteros y piedras ventanales del edificio parlamentario.
Es ante ese tipo de actuaciones que al solicitar una calificación a la actuación de la Policía Nacional, el 64.3 por ciento la calificó de negativa, contra un 17 por ciento de percepción positiva y un 17.6 por ciento que la señaló de regular.
El índice de ese 64.3 por ciento se traduce en un 29.9 por ciento de inaceptabilidad.
Previo a que los mandos de la Policía Nacional se comprometieran a garantizar la llegada de los parlamentarios opositores el pasado jueves a la Asamblea Nacional, directivos parlamentarios y legisladores de las bancadas opositoras intentaron hablar con la Primera Comisionada Aminta Granera, pero no estuvo disponible, y la respuesta de oficiales fue que no podían ser atendidos porque no estaban en agenda, lo que fue calificado por los diputados como una complicidad abierta de la Policía Nacional con la dirigencia sandinista.
Contradictoriamente a la mala calificación que la ciudadanía otorga a la institución policial, el nivel de agrado de la Primera Comisionada Granera mantiene niveles positivos, aunque varían de acuerdo a resultados de encuestas anteriores, donde la jefa policial logra un 62.1 por ciento de agrado y un 33.5 por ciento de desagrado.
Los sandinistas son los que sienten más agrado por Granera con un 87.1 por ciento, y los opositores llegan al 46.7 por ciento.
En cuanto a desagrado, los opositores reflejan un 49.3 por ciento y sólo un 11.9 por ciento de parte de los sandinistas.
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