Juan David Leal
México/EFE
La polémica ley que permite en el estado de Arizona detener a cualquier persona de la que se sospeche que no está legalmente en EE.UU., ha generado hasta hoy un rechazo unánime de la sociedad y las autoridades mexicanas, pero de momento pocas acciones de reciprocidad.
La aprobación de la ley SB1070 produjo una oleada de críticas del Ejecutivo mexicano e incluso de gobernadores locales, como el mandatario de Sinaloa, Jesús Aguilar, quien en un aviso de prensa afirmó hoy que esa norma tiene como propósito “discriminar a las minorías” y “perseguir a las personas por motivos de nacionalidad”, lo que evidencia su “carácter racista y discriminatorio”.
El Senado mexicano pospuso el martes indefinidamente la aprobación de un acuerdo de cooperación en materia de desastres naturales con Estados Unidos, y las dos cámaras del Congreso emitieron una enérgica condena contra la medida.
Apenas se promulgó el pasado viernes la nueva normativa en Arizona, la Presidencia de México emitió un comunicado en el que aseveró que ese instrumento legal “representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza”.
El Gobierno de México indicó que “utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales”, y reiteró “su absoluto compromiso con la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los mexicanos en el exterior”.
CANCILLER ADVIERTE QUE LEY “AFECTARÁ RELACIÓN ENTRE ARIZONA Y MÉXICO”
La canciller mexicana, Patricia Espinosa, fue más categórica y advirtió que la SB1070 “afecta la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”.
Para la funcionaria, los legisladores de ese estado estadounidense, que comparte frontera solamente con el estado mexicano de Sonora, no tuvieron en cuenta la “valiosa e inmensa” contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y EE.UU.
“La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada”, añadió Espinosa.
La nueva legislación fue promulgada por la gobernadora de Arizona, la republicana Janice Brewer, quien sostiene que se trata de “un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal (estadounidense) se ha negado resolver”.
La normativa, que entrará en vigor a finales de este año, también establece sanciones contra quienes empleen a inmigrantes ilegales o les faciliten la vida en ese estado.
Arizona es uno de los puntos de entrada más usados por los inmigrantes indocumentados después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California (EE.UU.).
Pero en esa área los indocumentados deben sortear no solo la vigilancia policial sino los peligros del desierto.
En efecto, la región donde se reportó la mayoría de las muertes de inmigrantes indocumentados en 2009 fue Arizona, con 208 fallecimientos, seguida de la región del Valle del Río Grande, con 71 muertes, y Laredo, con 58 fallecimientos.