Por Alberto Cabezas
México/EFE
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy, en un informe presentado en México, la existencia de un “panorama escalofriante” para los indocumentados que cruzan este país, ya que sufren secuestros, violaciones y otros abusos a sus derechos humanos, los cuales por lo generan quedan impunes.
“La persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra los migrantes irregulares ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo”, explicó a la prensa el activista Rupert Knox, investigador del secretariado de AI.
El estudio, titulado “Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México”, recuerda que en 2009 un total de 64.061 indocumentados fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), de los cuales el 94,2% procedía de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Del total, un 93,8% fue deportado o repatriado voluntariamente, y sólo un 4,4% tuvo la posibilidad de regularizar su situación.
El análisis documenta muertes y desapariciones, secuestros, amenazas y agresiones sufridos por los “sin papeles”, quienes también fueron víctimas de un uso de “fuerza excesiva en su contra”, víctimas de robos y de extorsión.
AI recuerda que uno de cada doce inmigrantes de los que pasan por México es menor de edad, y que 6 de cada 10 mujeres “sufren violencia sexual”, violaciones en algunos casos.
INMIGRANTES SIN ACCESO A LA JUSTICIA
Muchos “se enfrentan a una crisis de derechos humanos que les deja prácticamente sin acceso a la Justicia por miedo a represalias y a ser deportados” si denuncian esos abusos, destaca el documento.
“México tiene la responsabilidad de prevenir, castigar y remediar los abusos, tanto si los cometen bandas delictivas como si son obra de funcionarios públicos”, indicó Knox.
El guatemalteco José Alberto Donis, quien logró el sueño de muchos, llegar a EE.UU., pero fue deportado de ese país, contó cómo fue asaltado por policías en julio de 2008 y denunció el caso, pero su acción no sirvió para nada.
Relató que los asaltos al tren que recorre México de sur a norte son recurrentes y que en ellos incluso participan agentes de la Policía en complicidad con bandas de criminales.
“No es posible que ninguna autoridad detenga esto (…) Da coraje, tristeza, todo lo que está pasando, lo que me pasó a mí, lo que les sigue pasando a ellos (…). Hasta cuándo se va a detener todo esto, hasta cuándo?”, se preguntó.
MÉXICO COMPARTE PREOCUPACIÓN
Mientras se liberaba el informe, la Secretaría de Gobernación (Interior) de México emitió un comunicado donde “comparte la preocupación” de AI por el tema “y reconoce la complejidad y la urgencia de atender el fenómeno delictivo que padecen algunos migrantes”.
Admite que tras los abusos hay una criminalidad organizada que “ha diversificado su actuación extendiéndose hacia otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes, que por su condición de vulnerabilidad se convierten en blancos de delitos como el secuestro, la trata (de personas) y la extorsión”.
El Gobierno recuerda algunas de sus acciones, como haber fortalecido los Grupos Beta, que buscan “proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes, con independencia de su nacionalidad y de su calidad migratoria”, y reforzar la atención “a los menores” que emigran.
No obstante, para los activistas estos esfuerzos no han sido suficientes y demandan “acciones inmediatas”.
AI recomienda en concreto que haya “reformas legislativas para garantizar el acceso a la Justicia para los migrantes”.
Ante ello, el Gobierno contesta que el Legislativo está trabajando en reformar la Ley General de Población para que “no se pueda negar o restringir a los extranjeros” el acceso a la Justicia en asuntos de derechos humanos.
Otra exigencia de la ONG es que en México haya “un grupo especial federal para coordinar e implementar las medidas” de defensa de los indocumentados, y que se hagan públicos los “datos sobre los abusos”, prácticamente inexistentes.
El activista Rubén Figueroa, quien apoya a los indocumentados en Huimanguillo, estado de Tabasco, sostuvo que a una persona que intenta llegar a otro país no debería tratársele como a un delincuente.
“Ellos no son criminales en ningún momento. Son gente valiente que va en busca de una vida mejor”, concluyó Figueroa.