El proyecto de ley para anular el polémico decreto presidencial 03-2010 empezó a ser consultado ayer y será dictaminado la próxima semana. Juristas que asistieron a una audiencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional coincidieron en que el conocido “decretazo” es ilegal.
Por su parte, la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confirmó que mantiene su rechazo al trámite de la ley contra el decreto 03-2010, calificando como “ilegal” todo lo actuado desde el 20 de abril.
Los juristas María Asunción Moreno, Irving Dávila y Oscar Castillo, consultados por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, manifestaron que el presidente Daniel Ortega se extralimitó en sus funciones al emitir un decreto prorrogando en sus puestos a 23 funcionarios de Estado.
De acuerdo con los juristas, el presidente Ortega violentó el artículo constitucional 138, en sus numerales 7, 8 y 9, el cual dice que corresponde a la Asamblea Nacional la elección de los funcionarios de Estado de alto rango, con votación calificada, es decir con el respaldo de al menos 56 legisladores.
“El decreto viola la Constitución y rompe el principio de legalidad y contraviene una serie de funciones y competencias señaladas en la Constitución para la Asamblea Nacional”, precisó Castillo.
Ortega emitió el decreto el 9 de enero y el pasado 20 de abril, en una sesión celebrada en el hotel Holiday Inn, 47 diputados enviaron a la Comisión de Justicia la iniciativa para derogar el decretazo, pero con el rechazo del FSLN, intentó bloquear esa sesión mediante el uso de turbas que primero bloquearon el acceso de los diputados al edificio de la Asamblea y luego lanzaron piedras y morteros contra le hotel donde sesionaron.
“La Constitución Política es muy clara en señalar que corresponde al Poder Ejecutivo únicamente proponer una lista de candidatos para que la Asamblea Nacional los tome en cuenta a la hora de la elección”, indicó Moreno.
Ayer seis diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, incluyendo a Alejandro Ruiz, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), iniciaron las consultas al proyecto de ley.
Los otros diputados son José Pallais, Ramón González, Adolfo Martínez Cole, Maximino Rodríguez y Ulises Alfaro.
“Los decretos ocupan el último o el penúltimo lugar con relación al ordenamiento jurídico y el Presidente sólo tiene facultades para establecer decretos en el orden administrativo, no tiene facultades para establecer un decreto que tiene que ver con la Constitución misma (…) nosotros consideramos que es una aberración y no tiene ninguna validez el decreto presidencial”, afirmó Dávila, de la Coordinadora Civil.
Por otro lado, Moreno expresó sus reservas en torno a la idoneidad de que los diputados impulsen una ley para anular el decreto presidencial.
Sin embargo, hay que aclarar que la Asamblea no pretende anular el decreto, sino derogarlo, que está dentro de sus facultades según el artículo 137, inciso 1 de la Constitución.
Pero desde el punto de vista de la experta penalista, el espinoso tema tiene dos soluciones: que en pleno la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de conflicto entre poderes del Estado, o que los diputados elijan a lo inmediato a los 25 funcionarios de Estado, con lo cual el decretazo perdería su vigencia.
“Corresponde constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia, en pleno, resolver este conflicto de poderes planteado entre la aprobación del decreto y las violaciones que se dan a las atribuciones de la Asamblea Nacional”, explicó Moreno.
“Las violaciones de la ley, a partir del decreto y de las siguientes medidas, están siendo al margen del derecho y nos están ocasionando mayores conflictos”, advirtió Moreno.
La penalista agregó que los diputados deberían plantearse una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, para superar una serie de vacíos relacionados con la elección de los funcionarios de Estado, ya que no se establecen tiempos para la escogencia.
FSLN NO ASISTIÓ A COMISIÓN
En tanto, los miembros del oficialista FSLN en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos desconocieron las consultas a la ley contra el decretazo.
La diputada María Lidia Mejía (FSLN) sostuvo que el Tribunal de Apelaciones declaró ilegal la sesión del pasado 20 de abril, por lo cual la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos no debió iniciar las consultas a la ley contra el decreto 03-2010.
Para el FSLN el proyecto de ley en contra del decretazo ni siquiera está radicado en la Comisión de Justicia, sino que continúa en la agenda base y orden del día.
“No es válido, aunque ellos tienen un quórum de seis diputados (en la Comisión), pero nosotros como bancada mayoritaria no vamos a darle legalidad, aunque sigan violentando la Ley Orgánica y la Constitución”, comentó Mejía.
En una reforma a la Ley de Amparo, aprobada el 23 de enero del 2008, 87 diputados (incluyendo a los del FSLN) acordaron que no se puede interrumpir el proceso de formación de la ley. La diputada Mejía desconoció ayer esa norma legal.
“Se puede recurrir en contra de una iniciativa. Se puede recurrir en contra de la indisciplina misma de un miembro de la Junta Directiva o contra cualquier bancada, porque fueron cuatro bancadas las autoconvocadas y quedamos dos bancadas que no fuimos convocadas”, advirtió Mejía.
Pero el presidente de la comisión, José Pallais, rebatió el argumentó del FSLN, diciendo que el Tribunal de Apelaciones no puede frenar el proceso de formación de la ley y añadió que los cuatro directivos opositores de la Asamblea Nacional, quienes rigieron en la sesión del 20 de abril, preparan un pronunciamiento en defensa de lo actuado en el hotel Holiday Inn.
Mientras tanto, Moreno se declaró en contra de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones. “Sé que se ha recurrido contra la sesión de la Asamblea Nacional, pero el único resultado de esa sesión fue iniciar el proceso de formación de ley, que hoy (ayer) está continuando. Según la Ley de Amparo, eso no procede”, dijo Moreno.
COMETIERON PREVARICATO
El diputado Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aseguró que cometieron prevaricato los miembros del Tribunal de Apelaciones de Managua que declararon ilegal la sesión del 20 de abril.
“Son jueces y parte, de tal forma que por ética deberían de excusarse y no conocer de este tipo de situación. Son un grupo de terroristas. Ellos andaban en la mano con un grupo de terroristas. Gerardo Rodríguez ha dicho en las televisoras que ellos no estaban con morteros, pero lo mando a leer el Código Penal, de tal forma que ellos deberían de estar acusados de terrorismo, asociación ilícita para delinquir y prevaricato”, dijo Rodríguez.
El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez Cole, reconoció que la oposición está en desventaja ante el Poder Judicial, aunque tienen los fundamentos jurídicos a su favor.
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