Debido al bono-regalo para los empleados públicos, el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería modificado, pues el gobierno de Daniel Ortega Saavedra prepara una nueva Carta de Intenciones, en la cual se reflejarán las explicaciones del impacto en la base salarial del Estado, pero igual daría pie a nuevas condiciones de parte del Fondo al país.
Mientras el asesor económico del Presidente, Bayardo Arce, anunció ayer que una nueva misión del FMI llegaría a Nicaragua a más tardar el 20 de mayo, el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, dijo que trabajan en una nueva Carta de Intención para presentarla, en la cual se agregan las nuevas políticas en materia económica.
Dichos cambios incluyen los alcances de las normativas de regulación de la Ley de Tarjetas de Crédito, la Ley de Moratoria, pero también el estudio del impacto en la economía y el manejo de los 500 millones de córdobas donados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Sobre la llegada de una nueva misión del FMI, Rosales —al ser consultado previamente— dijo que aún conversaban al respecto y que será hasta hoy que definan el tema, luego que él converse con Luis Cubeddu, jefe de misión del FMI para Nicaragua.
Sin embargo, aseguró que trabajan en la redacción de la nueva Carta de Intenciones a presentar al FMI, ya que con las últimas decisiones del Gobierno —que toca el salario de los trabajadores públicos— cambian las condiciones de la anterior Carta que habían presentado a la Gerencia del FMI y que sería discutida por el Directorio junto con la cuarta revisión del actual programa.
Entre las principales inconformidades del Fondo está que con los 529 córdobas de bono-regalo se afecta la base salarial del Estado, al no contemplarse dentro del Presupuesto General. Por ello —dijo Rosales— debe reflejarse en la Carta de Intención que la donación de Albanisa no implica deuda ni déficit presupuestario y que el Estado no intervendrá en su distribución.
- Para el ex presidente del Banco Central, Mario Arana, la suspensión de la revisión de la cuarta revisión del programa con el FMI debe lograrse lo más pronto, aunque dice que el Gobierno no la tiene muy fácil en esta ocasión.
Además de que se tendrá que replantear la mezcla de políticas de manera que se responda a las inquietudes que sobre el impacto macroeconómico podría tener el FMI con respecto al bono que se ha ofrecido a los trabajadores públicos.
Asegura que una pregunta clave para el FMI es si “la medida es temporal o permanente, y las implicaciones para el presupuesto y su fuente de financiamiento. Luego está el impacto que la política del bono pueda tener a nivel de la relación productividad y empleo que habrá que analizar. El FMI esperaría ver compromisos del país para mejorar su productividad”, dice.
“Hay tener cuidado en el manejo de estos temas, independiente de lo justo que puede ser mejorar los salarios de los sectores beneficiados en este caso”, dijo Arana para quien esto debe alcanzarse un acuerdo, a fin de que no se afecten los desembolsos o la imagen de país y su compromiso con la estabilidad macroeconómica.
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PAÍS CONTRA RELOJ
Pero el “gesto solidario” que defiende el Gobierno provocó un desfase en el programa de Servicio de Crédito Ampliado suscrito con el FMI, pues el Directorio suspendió la cuarta revisión y con ello está en riesgo el desembolso de 78.5 millones de dólares, provenientes del organismo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Arce, sin embargo, dijo que “no era el fin del mundo”. Mientras, Rosales, presidente del BCN, es de la posición que los retrasos en el programa deben preocupar, porque detienen los desembolsos de recursos comprometidos y del resto de la cooperación que están atados al programa.
“Así que en la medida que los plazos no son cumplidos, nos debe causar preocupación y trabajar para superar la limitación y llegar. No sólo el Gobierno, ahí estamos todos porque nos comprometimos a tener un programa con el Fondo”, dijo Rosales.
“Mañana (hoy) tengo una llamada con el señor Luis Cubeddu para presentarle los aspectos que él está interesado”, dijo Rosales afirmando que dependerá del staff de la Gerencia del Fondo decidir cuándo vuelven a poner en agenda del Directorio el tema de la cuarta revisión del programa con Nicaragua.
ORTEGA NO QUIERE FMI
Rosales defiende la posición que la discusión del Directorio no se debe prolongar más, porque “se necesita discutir la finalización de este programa y la ampliación del mismo por un año más”.
Y al parecer a Daniel Ortega es lo único que le interesa obtener del FMI, según lo declarado por Arce.
“Yo creo que a lo mejor después ya no necesitemos más de ese programa, porque ya llevamos cuatro años sostenido de demostrar una extraordinaria responsabilidad y manejo de la economía nacional”, afirmó Arce quien calificó el programa con el FMI como “una camisa de fuerza”.
“Sólo aquí los lacayos, como les dicen Daniel: los peleles, están queriendo que siempre haya alguien que nos esté mandando y tutelando. La primicia que discutí yo con la misión del Fondo, en febrero del 2007, fue: queremos que ésta sea la última vez que estén aquí”, afirmó el asesor económico.
SE PAGARÁ EN ALBA CARUNA
Daniel Ortega ha puesto al país en una encrucijada ante el FMI, por su decisión de dar por seis meses a los trabajadores del Estado un bono salarial que saldrá, de una donación de 500 millones de córdobas que donó Albanisa, empresa mixta conformada por Petróleos de Venezuela y Petronic del Gobierno de Nicaragua, dentro de la iniciativa privada desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Arce dijo ayer al canal 12 de televisión que si bien él no ve mal que el “bono solidario” se entregara usando las estructuras financieras de las instituciones públicas, la decisión de Ortega es que el dinero lo entreguen directamente las empresas de capital Alba.
“Yo di una opinión y la sigo sosteniendo, que nosotros perfectamente podríamos pedirle al Gobierno, voy a llegar a tu oficina y con tu nómina voy a comenzar a repartirlo (el bono). Pero como se ha hecho esa manipulación, me decía Daniel que la va a entregar directamente el Alba”, dijo.
Con sus declaraciones confirma el presupuesto paralelo que maneja el gobernante Frente Sandinista con los recursos venezolanos, por encima de los controles obligados por las leyes del Estado nicaragüense.
Según Arce, la red de distribución del bono la conforman las oficinas de las empresas del Alba y los diferentes programas que financia Alba Caruna.
“Yo le decía a Daniel, bueno aquí en Managua lo veo más fácil, pero bueno ¿y la gente que trabaja fuera? (en los departamentos)… Que nadie manipule entonces que esto tiene que ver algo el Gobierno”, señaló Arce.
Lo que no aclaró es que si los 529 córdobas del bono será dado en efectivo o en cheque.
Diferentes sectores empresariales, políticos e incluso el mismo presidente del BCN han dicho que los 500 millones de córdobas adicionales a circular en la economía podrían provocar una presión inflacionaria.
Sin embargo, Arce lo niega porque “la inflación se da cuando hay una lanzada de dinero al mercado sin respaldo, y este dinero está más que respaldado. Este dinero lo respalda el petróleo (de Venezuela)”.
Igual restó crédito a que se cause inflación porque el circulante aumente la demanda y con ello los precios de bienes y servicios en el país.
En su opinión el Gobierno deberá plantear una estrategia que enfatice reformas estructurales que compren productividad para el país, porque se aumentó más los salarios que la productividad, lo cual no es sostenible más que generando empleo.
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