El Gobierno, en su intento por evitar que el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sufra un desfase, acelera el paso para tener listos y en vigencia los nuevos compromisos que en materia económica reflejarán en la nueva Carta de Intenciones.
Uno de esos compromisos es la normativa de la Ley de Moratoria, la cual fue terminada y estaría publicada a más tardar el próximo lunes, según anunció el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales.
Afirma que entregar dinero por parte de una empresa privada a servidores del Estado, en este caso de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), sin que estén contemplados en la Ley del Presupuesto General de la República (PGR) del 2010, incumple la misma ley presupuestaria, así como el Código Penal, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos e incluso la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Por ello opina que debe revertir el procedimiento e incluir los fondos al Presupuesto.
Entre las ilegalidades, señala Álvarez, al recibir los 529 córdobas los miembros de la Policía, se está permitiendo la figura de la “mordida” o soborno a toda la estructura que está “precisamente para evitar y combatir este tipo de prácticas”.
La Ley de Probidad de los Servidores Públicos en su Capítulo Tres, del Régimen de Restricciones al Ejercicio de la Función Pública, Artículo 8, prohíbe “solicitar o recibir regalos o lucros provenientes directa o indirectamente de un particular o de otro servidor público, que impliquen compromiso de acción u omisión en la realización de funciones propias del ejercicio de su cargo”.
También, dice, prohíbe a cualquier funcionario público “solicitar o aceptar, en beneficio propio, comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del Estado”.
Álvarez dice que también viola la Ley Orgánica de la Contraloría, pues en ésta se establece en su artículo 171 que se debe sancionar por un monto no menor y no mayor a seis meses de salario, entre otras acciones; el exigir a sabiendas sumas mayores a las legales, o recibir regalos o pagos o recompensas no autorizadas por la Ley.
“Éste es el caso. A los pobres empleados públicos les están haciendo caer en delito al darles esta prebenda, en peligro de ser sancionados por ley, porque el único pago que deben recibir debe estar autorizado en el Presupuesto”, insiste Álvarez, para quien la Contraloría debería estar interesada en pedir explicaciones sobre todo el tema.
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Y también tendrían lista la nueva normativa de regulación de la Ley de Tarjetas de Crédito. Ambas normas regulatorias son imprescindibles ante la presión por lograr que el Directorio del Fondo retome la discusión de la cuarta revisión del programa con Nicaragua.
De esta manera, el Gobierno se estaría encarrilando en el marco del programa, al menos en dos temas que fueron los primeros en provocar los retrasos para culminar la cuarta revisión, y obtener con ello el desembolso de 18 millones de dólares.
Sin embargo, Rosales dijo que en lo que “urge aclarar” y convencer al FMI es en cuanto a que no se afecta la masa salarial del Estado con la entrega del bono-regalo de 529 córdobas.
Rosales reveló que en la discusión, además del manejo fuera del Presupuesto, el Gobierno tendrá que plantear si el bono se incorporará en el Presupuesto del 2011, lo cual implicará un incremento salarial directo, algo que les obliga a garantizar de dónde obtendrán los recursos adicionales para sostenerlos.
“Ya aprobamos la norma sobre la famosa Ley Moratoria, la cual saldrá el lunes a más tardar. El miércoles, estoy seguro, aprobaremos la normativa de la Tarjeta de Crédito”, aseguró Rosales.
Respecto a la norma de las tarjetas, sólo explicó que deberá, además de reflejar los nuevos controles de la Superintendencia de Bancos, los cambios internos que unilateralmente los bancos deberán hacer para mejorar la relación con los tarjetahabientes.
“Aquí los bancos están obligados a tomar medidas de carácter unilateral, que independientemente de la Superintendencia de Bancos, ellos deben tomar un conjunto de medidas que estoy seguro serán aplaudidas por la población”, dijo.
FMI NI IDEA TENÍA DEL BONO
En el otro tema importante de negociación con el FMI, Rosales reiteró que en la nueva Carta de Intención deben aclarar las recientes políticas económicas adoptadas por el Gobierno, pues no son parte de los compromisos previamente asumidos.
Reconoció que el FMI tuvo razón en reaccionar suspendiendo el Directorio, porque no le habían comunicado el anuncio que haría el presidente Daniel Ortega, el primero de mayo, de dar un bono salarial por seis meses a los empleados públicos; incluidos Ejército y Policía.
Por eso tienen urgencia de “dar las aclaraciones del caso”, en que los 500 millones de córdobas donados por la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), no será manejado por el Gobierno y no es parte del Presupuesto.
“Nosotros trataremos de convencer al FMI de las decisiones que hemos adoptado, de las medidas que hemos tomado, (lo que) nos urge (es ver) cómo vamos a registrarla”, afirmó.
Deben definir las políticas en materia salarial futura para el 2011, las que deben seguir en correspondencia al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la competitividad del país, lo cual tiene que ver con que el Gobierno cuente con los recursos suficientes para garantizar el Presupuesto.
Rosales explicó que deben expresar los escenarios y las medidas que el Gobierno asumirá, por las repercusiones que el bono-regalo tendrá en la demanda de los sindicatos por que se incorpore en el salario mínimo. Además de la exigencia de los trabajadores del sector privado y del resto de entidades públicas, como empleados de las alcaldías, que no son beneficiados por el bono-regalo.
“Y hay que ser claros en decir qué va a pasar si en el 2011 se decide esa empresa privada (Albanisa) volverá a distribuirlos (el bono). ¿Cómo va a ejercer presión en la inflación? ¿Qué va a pasar en un año electoral? Son temas a dilucidar con el FMI”, externó Rosales.
LA GRAN METIDA DE PATA
La necesidad de llegar a un acuerdo y encaminar el programa con el Fondo Monetario está en que el Gobierno necesita utilizar 70 millones de dólares de sus reservas internacionales —que le permitió el FMI— para cubrir los programas de inversión pública.
En el BCN hay 1,548 millones de dólares en reservas internacionales. Para que el Gobierno disponga de los 70 millones de dólares, necesitan los 36 millones del FMI y los 42.5 millones del BID —atados al programa— para suplir las reservas a utilizar.
Admitió que Nicaragua tiene el riesgo de perder esos recursos si el Gobierno no es capaz de llegar a un acuerdo con el FMI, donde igual está atado a lograr mantenerse dentro del programa para acceder a recursos internacionales e impulsar proyectos para reducir la pobreza.
Rosales volvió a tomar distancia de la postura del asesor para asuntos económicos del Presidente, Bayardo Arce, sobre que el país no necesitará un programa con el FMI a corto plazo.
Dijo que si bien la aspiración es que llegue un momento de no necesitar más un programa económico, en este momento “claramente Nicaragua requiere seguir en el programa con el Fondo. A menos que exista alguien, o algún país que diga ‘yo voy a sostener la economía de Nicaragua’, que tampoco es algo que nos interese. Nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos”, afirmó.
Contrario a lo afirmado por Bayardo Arce, quien aseguró que a más tardar el 20 de mayo vendría a Nicaragua una nueva misión del FMI, la información extraoficial es que los equipos no se han puesto de acuerdo aún en el día del encuentro, y que si bien se puede dar a fines de mayo, no definen si un equipo del Gobierno iría a Washington o si el FMI viene.
ASOMIF CONFORME CON NORMATIVA
El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), René Romero, dijo que quedaron conformes con la normativa de la Ley de Moratoria, pues en ella se aclara a quiénes y en qué condiciones realmente se deberán reestructurar las deudas con los productores y comerciantes morosos.
Entre las disposiciones se establece que sólo podrán aplicarse “a los clientes agropecuarios y comerciales cuyos créditos con las instituciones de microfinanzas se encontraban en mora al 30 de junio del año 2009”.
La norma excluye de poder beneficiarse a los que tengan créditos dirigidos al sector servicio (hoteles, restaurantes y bares), consumo e hipotecario para vivienda.
Excluye también a los clientes cuyos préstamos, al momento de la entrada en vigencia de la ley, ya habían sido cancelados en efectivo o como resultado de adjudicaciones judiciales firmes o daciones en pago de bienes suficientes a satisfacción del acreedor.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A ,1 A
