Arriesgando perjudicar aún más las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno habría aceptado que Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) entregue el bono-regalo haciendo uso de la nómina a través de la cual el Estado paga a cada empleado público, lo que sería una intervención directa del Ejecutivo en su distribución, contradiciendo la posición del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales Bolaños.

Desde que se anunció la medida, Rosales Bolaños dejó sentada su posición que al ser fondos provenientes de una empresa privada, el Gobierno no podía intervenir directamente en la entrega del complemento salarial.

Pero LA PRENSA confirmó a través de una fuente de los sindicatos sandinistas, que prefirió omitiéramos su nombre “por precaución”, que “la información que hay es que el bono será entregado vía tarjeta de débito que tienen los empleados públicos”, para lo cual le serán depositados los 529 córdobas a cada trabajador vía nómina del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

“Sí es a través de la tarjeta de débito. Acuérdese que únicamente se hace un depósito al banco, quien lo activa, y luego cada trabajador retira sus 529 córdobas cuando quiera”, afirmó la fuente sindical.

Hasta la hora del cierre de esta edición, LA PRENSA insistió, sin resultado, comunicarse con Antenor Rosales para conocer su posición ahora que se sabe que sí habrá participación directa de las estructuras gubernamentales en la entrega del bono-regalo que anunció el presidente Daniel Ortega.

Para darse este procedimiento, Albanisa necesariamente hará uso directo de la planilla del Ministerio de Hacienda, que a su vez tendrá directa participación en el manejo de los 500 millones de córdobas, para que se dé el complemento salarial que prometió el presidente Ortega, dinero que recibirán durante seis meses los empleados del Gobierno, Policía y Ejército.

• Bancos y Siboif trabados

  Donde también hay problemas es en lograr la nueva Normativa de la Ley de Tarjetas de Crédito, pues los representantes de la banca privada y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) no se han puesto de acuerdo sobre los cambios que habrá, especialmente en lo que corresponde a las tasas de intereses.
  
  El presidente del BCN, Antenor Rosales Bolaños, aseguró la semana pasada que a más tardar este lunes sería publicada la nueva normativa, pero no fue así. LA PRENSA confirmó que las discusiones entre los bancos y la Superintendencia estarían “trabadas”.
  
  Entre los cambios que espera el Gobierno está que los tarjetahabientes sepan el tiempo que tardarán para pagar sus deudas, prohibir a los bancos aprobar y entregar una tarjeta de crédito sin previa solicitud del usuario y sin asegurar su capacidad de pago.
  
  
  REDUCCIÓN DE ACTUALES INTERESES
  
  
  También se presiona para que se acepte que la normativa refleje la reducción de los actuales intereses que se cobran por el uso del llamado dinero plástico, el cual en Nicaragua en varios casos anda en 60 por ciento anual.
  
  Mariano Buitrago, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), dijo ayer desconocer si el Consejo Directivo de la Superintendencia había tomado una decisión respecto a la nueva normativa de la Ley de Tarjetas de Crédito, pero confirmó que ellos habían pasado sus aportes.
  
  “El procedimiento normal es que cuando la aprueban, mandan una copia a cada banco. Yo sé que la estaban revisando”, aseguró Buitrago.
  
  Sin embargo, se conoció que el Consejo de la Superintendencia estuvo reunido para lograr finalizar la normativa, pero que Asobanp ha expuesto su desacuerdo en que se les quiera comprometer en poner tiempos y márgenes en la reducción de los intereses.
  
  
  SIN ACUERDOS
  
  
  Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, afirmó que “no hay acuerdo al respecto” —sobre la normativa—, pero a su vez dijo que en la Superintendencia “se está haciendo el esfuerzo por un acuerdo satisfactorio”.
  
  Esta nueva normativa es la opción que los bancos privados impulsan para evitar que haya una intervención del Estado sobre las tarjetas de crédito por medio de una nueva Ley que estaría lista para ser aprobada por el parlamento y así reemplazar la actual Ley de Ordenamiento y Uso Responsable de Tarjetas de Crédito y Transacciones Electrónicas, Ley 515.
  
  No obstante, en la normativa se incluiría cambios en los mecanismos que utiliza el banco para recuperar el pago.
  
  Se estaría estableciendo un procedimiento administrativo previo ante la Superintendencia de Bancos, donde el tarjetahabiente pueda recurrir ante cualquier problema que enfrente, incluido que caiga en mora con el banco, a fin de solucionar el problema y evitar los juicios.
  
  También se quiere prohibir que en los contratos de emisión de la tarjeta de crédito el usuario renuncie a su domicilio, siendo éste uno de los principales reclamos de las organizaciones de defensa de los consumidores.

ANTES DEL DÍA DE LA MADRE

“Lo que tengo entendido es que el Ministerio de Hacienda le va a facilitar toda la información de cuántos trabajadores tiene cada institución y conforme a esa lista se va a depositar en sus cuentas a nombre de cada trabajador y luego ellos lo van a retirar. Debe de estar pagado antes del Día de la Madre”, afirmó nuestra fuente sindical.

 

Nilo Salazar.

LA PRENSA/ARCHIVO

El anuncio el 30 de abril de dar el bono-regalo causó que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendiera la cuarta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA), suscrito por Nicaragua y que estaba prevista a darse el 5 de mayo pasado.

Desde entonces, el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, negocia con el FMI para que retome la discusión, siendo uno de sus principales argumentos precisamente que el Gobierno no intervendría en nada con respecto al bono-regalo, al no ser fondos públicos.

Incluso, el miércoles de la semana pasada, luego de reunirse con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Rosales dijo: “Creo que sobre ese campo he sido más que claro, el Gobierno no tienen por qué involucrarse si no son recursos del Gobierno, así de sencillo. Ésa es tarea de quien ha decidido dar ese bono”, declaró entonces Rosales.

Pero con la participación de Hacienda y el uso de la nómina del Estado, queda claro que se complica más alcanzar un entendimiento con el FMI, y por tanto, se alarga la posibilidad de que Nicaragua reciba los 78 millones de dólares en el segundo semestre del año, fondos provenientes del Fondo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

GOBIERNO SE ENREDA MÁS

La valoración de Francisco Aguirre Sacasa, diputado liberal y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea, es que “esto es un gran enredo donde Ortega no está midiendo con seriedad las consecuencias de perjudicar que el país se mantenga dentro del programa con el Fondo Monetario”.

“Se trata un tema tan importante y se insiste en esta falta de transparencia. No sé si es legal o ilegal que el Estado le facilite la planilla a una empresa, pero son cosas que deben aclararse”, sostuvo Aguirre.

Expresó la urgencia de evitar nuevos elementos que compliquen la negociación con el FMI, pues “también es de preocupación el impacto de la Ley del Adulto Mayor”, que recién se aprobó.

Por su parte, Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, dijo que esta Ley “no pone en riesgo ningún programa macroeconómico” por cuanto el subsidio en los servicios de energía, agua y teléfono a los pensionados y jubilados, está cubierto por 42 millones de córdobas contemplados en el Presupuesto de este año.

SINDICATOS RECLAMAN Y ALBANISA NO RESPONDE

Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i), criticó que no haya un pronunciamiento oficial, pues aseguró que “ya los trabajadores, especialmente los maestros, están inquietos de si en verdad van a recibir ese dinero”.

Wálmaro Gutiérres.

LA PRENSA/ARCHIVO

Mientras, el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, evitó ayer responder sobre el tema. LA PRENSA le llamó en reiteradas ocasiones y primero su asistente dijo que lo llamáramos por la tarde porque él estaba en un seminario.

Cuando lo hicimos, López respondió su celular pero se excusó por no poder responder las preguntas porque estaba almorzando. Luego su asistente dijo que éste viajó a Venezuela.

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