Totalmente opuestos. Ésa es la posición generalizada de más de cien alcaldes del país, quienes ayer emitieron un pronunciamiento criticando las “arbitrariedades” de la iniciativa de Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la República de Nicaragua, que ya está en la agenda para ser aprobada por el parlamento.
Según el documento aprobado por los alcaldes en asamblea general, el dictamen de la ley “lesiona la autonomía municipal” y “pretende castigar a los municipios”, porque en uno de sus articulados condiciona la entrega de las transferencias del Gobierno hacia las alcaldías.
De acuerdo con los alcaldes, quienes ayer participaron en una actividad promovida por la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), hay al menos veinte mociones en contra de varios artículos contenidos en la iniciativa de ley.
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“La actual propuesta de ley no tiene nuestro consenso porque tiene algunos elementos que están en contradicción con los intereses de las municipalidades. Por ejemplo, una de ellas es una amenaza en contra de las transferencias municipales (…). Si un municipio no ha elaborado su plan de ordenamiento territorial se le castiga suspendiéndole la transferencia (del Gobierno), lo cual viene a ser un retroceso”, criticó el Alcalde sandinista de Matagalpa y presidente de Amunic, Sadrach Zeledón.
De acuerdo con el artículo 74 de la iniciativa del proyecto de ley, “las autoridades responsables de aprobar e implementar los Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial a nivel municipal o cualquier otro nivel territorial, y que no cumplieren con esta obligación de conformidad a lo establecido en el arto. 14, numeral 9 de la presente ley, serán sancionados reduciendo o suspendiendo las transferencias financieras establecidas en las leyes de la materia”.
“Hay muchas arbitrariedades en esta iniciativa de ley, incluso mandan a regular instancias que no existen como un gobierno intermedio que sería el departamento”, criticó por su parte el Alcalde de Estelí, el sandinista Francisco Valenzuela, al referirse al artículo 37 de la iniciativa de ley, en donde se crea un Consejo Departamental de Ordenamiento.
La iniciativa también regula aspectos de la descentralización municipal y de la necesidad de crear sellos postales, dos temas que a juicio de los inconformes deben tener sus propias leyes.
Debido a los elementos “nocivos”, los alcaldes están solicitando que la iniciativa de ley sea sacada de la agenda base y regrese nuevamente a la Comisión de Asuntos Municipales para un nuevo debate.
Sin embargo, a pesar de las inconformidades, la Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es el punto 3.37 en la agenda base de la Asamblea Nacional, por lo que podría ser discutida en plenario en cualquier momento.
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