Telecomunicaciones

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La neutralidad tecnológica, es decir, que la regulación no determine la preferencia de una tecnología sobre otra, debiera regir la forma en que se toman las decisiones en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

El mencionado principio de neutralidad tecnológica se recoge actualmente en casi todas las legislaciones de telecomunicaciones de América y en especial en la legislación y la normativa, así como en las recomendaciones de la Comisión Europea.

No obstante, el desarrollo legislativo hasta el presente ha generado tres sistemas reguladores bien diferenciados: un sistema muy regulado para las comunicaciones electrónicas que enfocan red y servicios; otro sistema menos regulado para los contenidos, y un sistema aun menos sometido a regulación, como es el de los servicios de internet de nueva generación, así como los servicios de valor agregado.

En estos mercados cabe distinguir entre redes y servicios, que en ocasiones adoptan una relación de integración vertical, con el consiguiente peligro a la competencia.

Frente a ese peligro tenemos otros instrumentos que pueden ser más efectivos dependiendo del caso, como es la propia regulación y la competencia sucesiva de tecnologías como proceso de creación empresarial.

En el contexto de la convergencia de las “viejas” telecomunicaciones y los contenidos mediante las nuevas tendencias de la interconexión de redes IP, los “operadores de red” que facilitan las infraestructuras intentan sacar partido de la explosión de banda ancha y asegurarse que recuperan su inversión, pidiendo regulaciones que les concedan más libertad en sus relaciones versus los “usuarios” de su red.

Por otra parte, las empresas cuyo negocio se basa en la innovación sobre la red pero que necesitan las redes y las infraestructuras para proporcionar sus servicios (como Amazon, Google, eBay, Intel, Microsoft, Skype, y Yahoo), defienden la neutralidad de la red e incentivan que la neutralidad sea recogida a nivel de principio fundamental en las legislaciones que gradualmente están sustituyendo los cuerpos legales y normativos de la década pasada.

En vista de las evoluciones técnicas en el ámbito de la discusión reguladora, parece haber una cierta presión por adaptar el marco regulador. La dualidad entre un sector histórico fuertemente regulado y que precisa de grandes inversiones, con el emergente mercado libre y hasta ahora casi “gratuito” de internet, ha provocado un choque de modelos de negocio del que asistimos sólo a sus comienzos.

En lo que ambos contendientes están de acuerdo es que el principal motor de crecimiento será el intercambio por internet. Tanto que algunos operadores globales aventuran que en 2011 el 20 por ciento de la economía girará en torno a la red.

La tendencia resulta en una serie de conflictos entre el mundo tecnológicamente neutro, pero intensamente regulado de las telecomunicaciones y el mundo tecnológicamente menos neutro, pero también menos regulado del mundo de internet. La convergencia de ambos mundos requiere la adaptación de los sistemas regulatorios al objeto de solucionar los conflictos referidos adecuadamente.

Es indudable que el crecimiento futuro del sector dependerá en mucho de las políticas públicas alrededor de estos temas. La escogencia del modelo regulatorio para los próximos diez años es indispensable, por cuanto de ello dependerá las decisiones de inversión en redes y servicios.

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