A pesar que el Gobierno de Daniel Ortega tiene el reloj en contra, sigue sin dar las explicaciones del impacto del bono salarial en la economía nacional que son necesarias para evitar que el programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre en un gran desfase.
A su vez Gabriel Di Bella, representante residente del FMI en Nicaragua, dejó entrever ayer que no es muy conveniente que se junten las dos últimas revisiones del actual programa, pues los temas de agenda en ambas son bastantes complicados que podría provocar que la aprobación de las mismas se extienda y con ello evitar que el país reciba más de 70 millones de dólares atados al programa.
Esos 70 millones “frescos” son necesarios para que el Gobierno pueda utilizar 70 millones de dólares de sus reservas internacionales —que le permitió el FMI— para cubrir los programas de inversión pública.
Y si bien Di Bella dijo que no han puesto plazos para recibir las explicaciones del impacto del bono salarial, el problema de alargar un entendimiento es que el actual programa trianual termina en octubre del 2010.
- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) finalizó y mandó a publicar en La Gaceta la nueva normativa de regulación de las tarjetas de crédito para que la misma entre en vigencia con prontitud.
La normativa está siendo revisada por el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, quien mandó citar al Superintendente y a los representantes de los bancos privados para analizar sus alcances.
De quedar satisfecha la Comisión Económica con las nuevas regulaciones al dinero plástico, desistirían de impulsar una nueva Ley de Tarjetas de Crédito.
Entre los cambios que trae, según Gutiérrez, está la prohibición a bancos y jueces hacer comparecer, en caso de juicios, en un juzgado que no corresponde al domicilio del usuario.
En cuanto a las tasas de interés, la normativa no impone un techo a cobrar y respeta el libre mercado, sin embargo dijo el diputado que “incorpora una nueva fórmula en la que se determina la base de cálculo para cobrarle intereses, de tal manera que el usuario sepa por qué te cobran intereses”.
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Entonces Nicaragua deberá negociar con el FMI su extensión de un año más y uno de los temas más sensibles como es la reforma al Sistema de Seguridad Social para evitar que a futuro no se puedan pagar las pensiones a los asegurados.
“Evidentemente, cuanto antes se termine (la explicación), mejor, porque hace las discusiones más fáciles. Evidentemente está en nuestro interés concluir lo antes posible”, afirmó.
El FMI está interesado tanto en las dimensiones del impacto en la economía como en la legalidad de que los trabajadores del Estado reciban un complemento salarial fuera del Presupuesto.
“Esta medida es multidimensional, nos interesan todos los elementos, pero para poder opinar de manera concreta necesitamos conocer esos detalles “, dijo.
PLÁTICAS HAY, PERO…
Di Bella afirmó que el diálogo con el equipo económico de Gobierno “es óptimo”, pero todavía no se ha aclarado si los 500 millones de córdobas ‘regalados’ por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que se manejarán fuera del Presupuesto afecta o no la base salarial del Estado y los compromisos de estabilidad en la materia asumidos en la Carta de Intenciones suscrita con el organismo.
“Estamos charlando con las autoridades tratando de entender un poco cómo funciona la medida, a qué empleados alcanza… y cuando todos los detalles estén claros y hayamos evaluado bien cuáles son los impactos de la medida, continuaremos los procedimientos para completar la revisión”, refirió Di Bella.
Para el FMI lo único claro hasta el momento es el “anuncio del Presidente”, y por ello requieren las explicaciones del manejo de los 529 córdobas a los 120 mil empleados públicos, incluidos Policía y Ejército.
Esa información es necesaria para que negocien cómo será incorporada la medida en la nueva Carta de Intenciones, que no es más que los compromisos que el Gobierno asume para garantizar la estabilidad macroeconómica.
PIDEN PASARLO AL PRESUPUESTO
Ayer el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió nuevamente la decisión de Daniel Ortega de dar el bono salarial, para lo cual “no debe pedir permiso a nadie” ni consultar siquiera al presidente del Banco Central, a pesar de las consecuencias económicas posibles.
Para Róger Artega, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), es “una actitud irresponsable” porque lo correcto es consultar a quienes conocen del tema y que pueden evitar que decisiones como éstas arriesguen al país”.
Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), se sumó al reclamo de que lo “correcto” es que los recursos del Alba se incorporen en el Presupuesto de la República, recordando que ésta era la misma demanda del FSLN cuando no era gobierno.
“Pero ahora no lo hace para evitar distribuir esos recursos en el 6 por ciento a las Universidades, en el 4 por ciento a la Corte (Suprema) y 10 por ciento a las municipalidades”, criticó.
Mientras, el ex presidente Arnoldo Alemán exhortó ayer al Gobierno a presupuestar el bono salarial para evitar mayores conflictos con los organismos financieros internacionales.
En tanto, el diputado Francisco Aguirre Sacasa manifestó que el FMI está “harto de las sorpresas” de Ortega, al referirse a la aprobación del bono, la Ley de Moratoria, Ley del Adulto Mayor y la falta de transparencia con la cooperación venezolana.
Tanto Alemán como Aguirre Sacasa expresaron que las acciones económicas que ha impulsado Ortega en los últimos meses podría provocar “los lunes y los viernes negros de los años ochenta”, y provocar una grave inflación en el país.
(Colaboración Ludwin Loáisiga).
El Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, confirmó a LA PRENSA que se procedió esta semana a notificar a los bancos de las nuevas regulaciones, aunque no ahondó de los cambios que supondría en la relación entre emisores y tarjetahabientes.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
