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El respaldo que el presidente Daniel Ortega buscó en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para disolver el parlamento, no se interpretó ayer como “una broma”, que es el carácter que algunos le han querido dar, sino que erizó a los diputados opositores y dejó una enorme interrogante en el espectro político local: ¿Se prestaría el Ejército de Nicaragua a esa maniobra?

La noche del miércoles, Ortega abogó por la instauración de un Consejo de Estado debido a la falta de consenso que existe en la Asamblea Nacional “por los vaivenes de los partidos políticos” y pidió apoyo para disolverla, pese a que después admitió que tal acción sería “una hecatombe”.

Ortega le dijo a la cúpula empresarial: “Eso lo podríamos reeditar (el Consejo de Estado), si ustedes me dicen que lo reeditemos, yo voy y lo reedito. Si el Cosep me da el respaldo, yo lo reedito, ya disuelvo la Asamblea Nacional y vamos a ocupar la Asamblea Nacional y vamos a elegir (a 25 funcionarios de Estado), pero ustedes tienen la palabra”.

LO QUE DIJO TEXTUALMENTE

“Sería una salida, que todos los que tienen posiciones que no coinciden con la de los Partidos Políticos que están en la Asamblea, ocupen escaños ahí. Que tengamos de nuevo un Consejo de Estado como el que tuvimos recién el Triunfo de la Revolución, donde estaba la Empresa Privada, estaban todos los sectores ahí.

• Ni Jarquín lo apoya

  El legislador Agustín Jarquín, aliado del FSLN, calificó como “desafortunadas” y “no felices” las declaraciones del presidente Ortega, las cuales no abonan “a la certidumbre, confianza y predictibilidad política que el país necesita”.

• Obsesión por controlar todo es “maña vieja” del FSLN

  • Hace treinta años, el entonces miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Alfonso Robelo Callejas, denunció al entonces presidente Daniel Ortega por “legalizar” mediante un decreto, una decisión que en realidad nunca ganó.
  Robelo Callejas sostuvo que “el supuesto decreto 344, del 16 de abril de 1980”, que alteró la composición del Consejo de Estado, para favorecer al FSLN, era nulo.
  
  Según Robelo, la propuesta del FSLN de cambiar la composición del Consejo de Estado sólo contó con el respaldo de Sergio Ramírez y Moisés Hassan. Ortega no se encontraba en el país y el propio Robelo y Violeta Barrios de Chamorro votaron en contra, por lo cual nunca se aprobó con mayoría de votos el cambio en la integración del Consejo de Estado.
  
  “Ante tal votación, el proyecto no fue aprobado legalmente, ni existe jurídicamente. Mi sorpresa ha sido aún mayor, al ver mi nombre como uno de los suscribientes del supuesto decreto, el cual nunca he firmado. Esto no es sólo una falsedad, sino motivo de nulidad de todo lo publicado”, denunció Robelo Callejas.
  
  “Por todo ello y ante la instalación que pretende hacerse el próximo 4 de mayo (de 1980), del Consejo de Estado, a integrarse de forma ilegal, lo cual a su vez producirá ilegalidad de todos los decretos en que tal Consejo de Estado participe, requiero nuevamente a quienes han asumido la responsabilidad de violar el estatuto, para que recapacitando ajusten sus actos a los preceptos del mismo y no se consume la ilegalidad”, añadió.
  
  La posición de Robelo Callejas quedó registrada públicamente, pero el ilegal decreto que benefició al FSLN se impuso y desde ese momento los sandinistas dominaron todo en Nicaragua en los años ochenta.

“Eso lo podríamos reeditar... si ustedes me dicen que lo reeditemos, yo voy y lo reedito. Si el Cosep me da el respaldo, yo lo reedito... Ya disuelvo la Asamblea Nacional y vamos a ocupar la Asamblea Nacional, y vamos a elegir. Pero ustedes tienen la palabra”, dijo Ortega el miércoles en la noche.

Los empresarios rieron, sin embargo, ayer no hubo ni una risa más, tampoco una sola frase de respaldo a la idea del presidente Ortega y, de hecho, los miembros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se aligeraron en decir que hubo una “mal interpretación” de las palabras del mandatario, quien está interesado en ser reelecto sucesiva e indefinidamente, aunque la Constitución lo prohíbe.

El vicepresidente Jaime Morales Carazo mantuvo que el presidente Ortega sólo “bromeó” y que nunca dijo que era en serio su interés por disolver el parlamento.

Sin embargo, los opositores tienen varios meses barajando la posibilidad de que el mandatario ordene el cierre de la Asamblea Nacional, ante sus fracasos por llegar a los 56 votos que le permitirían escoger a conveniencia a 25 funcionarios de Estado y reformar la Constitución, para habilitar legalmente la reelección presidencial continua e indefinida.

“NO SON BROMAS”

Miembros de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y diputados independientes, coincidieron en decir que Ortega no es un hombre de bromas.

Además, es conocido por sus abusos sobre los poderes Judicial y Electoral, y ejerce una gran presión sobre la Policía.

El contexto deja a un actor protagónico sobre las brasas: el Ejército de Nicaragua.

“Además de una ofensa, es una amenaza y está el plan hecho (...) al Ejército habrá que preguntarle si estaría dispuesto a acompañar la invitación que hizo el señor Ortega, a que los sectores lo acompañen a disolver la Asamblea Nacional y gobernar quién sabe cuánto tiempo con los estudiantes, para decidir asuntos de Estado. Esas cosas no se pueden permitir en Nicaragua”, advirtió la diputada independiente Jamileth Bonilla.

EJÉRCITO DICE ESTAR ALEJADO DE LA POLÍTICA

El coronel Juan Ramón Morales, vocero del Ejército de Nicaragua, declinó comentar sobre lo expresado por el presidente Ortega, alegando que las fuerzas armadas se mantendrán al margen de los temas políticos.

“Nosotros como Ejército ya hemos dicho que en temas de orden político no comentamos”, indicó.

Al insistirle que el presidente Ortega planteó un escenario de disolver el parlamento, el coronel Morales dijo que no opinan sobre “hipótesis”.

“Y por favor, no nos arrastren a querer emitir opiniones de orden político y no nos compete opinar sobre esos temas”, subrayó Morales.

EL ALTO COSTO DE QUERER REELEGIRSE

Ortega anunció su interés por reelegirse desde 2007, cuando inició su segundo mandato, pero no ha logrado llegar a los 56 votos necesarios para reformar la Constitución y ahora para elegir a 25 funcionarios de Estado que él quiere imponer.

“Ortega no soporta que no pueda controlar la Asamblea y ahora va por el crimen constitucional de matar la Asamblea Nacional y anda buscando cómplices y al primer cómplice que buscó fue la empresa privada. No crean que es una broma de Ortega, él lo está diciendo claramente, está buscando cómo cerrar la Asamblea Nacional y nosotros estamos claros de eso, porque es el único bastión donde se le ha enfrentado a Ortega y se han frenado sus abusos”, mantuvo el diputado Wilfredo Navarro (PLC).

“Con las actitudes últimas de la Policía, creo que lo único que detiene a Ortega de asesinar a la Asamblea Nacional es el temor a la reacción internacional, pero a lo interno tiene a sus turbas, a una Policía dominada, que va a servir como instrumento del golpe de Estado y además tiene un montón de aliados que económicamente los ha comprado para que respondan positivamente a una actitud de éstas”, advirtió Navarro.

BDN: ORTEGA CREÓ LA CRISIS

En un comunicado, la BDN condenó y deploró las ideas del mandatario sandinista, a quien acusó de crear una crisis institucional por violentar el Estado de Derecho y querer forzar la reelección de los magistrados electorales, que cometieron fraude en el 2008.

“Instamos al sector privado a manifestar su rechazo ante estas amenazas y a continuar asumiendo su responsabilidad de contribuir a que todos los nicaragüenses podamos vivir y progresar en democracia (...), hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante estas amenazas y a no dejarse confundir por las acciones y discursos populistas del orteguismo, los cuales son típicos de los regímenes dictatoriales que tratan de arrebatar su libertad a los pueblos”, dice el comunicado de la BDN.

“FASCISTA”

Para el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais (PLC), el mandatario Ortega demostró su inclinación “fascista”, al estilo de Adolfo Hitler en Alemania, Iósif Stalin en la URSS y Benito Mussolini en Italia.

El año pasado, el presidente Ortega admitió en Cuba que está a favor del monopartidismo y acusó al pluripartidismo de “desintegrar a la nación”.

“Debemos tomarla con total seriedad esta amenaza, que es parte del espíritu totalitario de Ortega, que no desea independencia de los poderes del Estado, no entiende del equilibrio de poderes”, señaló Pallais.

AGUERRI LA AGARRA CONTRA LOS MEDIOS

El empresariado nicaragüense reaccionó ayer ambiguo sobre la propuesta que les hizo Ortega.

A pesar que un periodista leyó textualmente la oferta que Ortega hizo a los empresarios sobre la posibilidad de disolver el parlamento nicaragüense, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, se limitó a decir que ellos fueron claros en su agenda Cosep 2010, de que no se deben tomar decisiones por encima de la Constitución.

Pero en lo que sí fue claro Aguerri fue en sus críticas contra los medios de comunicación, a los cuales acusó de priorizar en sus agendas los asuntos políticos que traen a la confrontación.

“En Nicaragua no debe ser únicamente el tema político. Ustedes mismos los medios (de comunicación) lo que priorizan son los temas políticos, lo que priorizan es la noticia que trae la confrontación. Nosotros necesitamos el respaldo de los medios de comunicación para priorizar los temas que realmente le dan respuesta a la población de este país, los temas que realmente le dan respuesta a la demanda de empleo, a la demanda de mejorar la calidad de vida, a la demanda de cómo mejorar el tema de la vivienda, de la educación y en ese sentido ésa es la necesidad que tenemos de priorizar la agenda económica”, comentó Aguerri.

Sin embargo, cuando se le consultó si el Cosep respaldaría la propuesta de Ortega, de desaparecer la Asamblea, Aguerri dijo: “Ya habíamos respondido cuando el Presidente hizo esa propuesta. Recordemos el punto número uno de la presentación que hicimos hoy (sobre la agenda Cosep 2010): la primacía de la Constitución Política. Nosotros como sector privado estamos aquí demandando y exigiendo la primacía de la Constitución Política, nosotros somos respetuosos de la Constitución Política. Y eso es básicamente lo que tenemos que responder en relación a ese comentario que hizo el Presidente”.

Aguerri intentó justificar el “comentario” de Ortega al asegurar que el gobernante hizo esa propuesta en el contexto de la solicitud de los empresarios de garantizar elecciones transparentes en los cargos públicos.

“Insisto, cuando el Presidente hizo ese comentario ya habíamos nosotros respondido. Ahora hay que entender que aquí el mensaje que el Gobierno le dio a esta propuesta específica del sector privado, que la respuesta está al final de cuentas en manos de los partidos políticos y que es a través de esa búsqueda de respuesta con los partidos políticos que se va a encontrar esta solución a este tema de la elección de los cargos públicos”, comentó.

IGLESÍA SÍ DESEA QUE SEA UNA BROMA DE ORTEGA

Para monseñor Silvio Báez, la afirmación del presidente Ortega sobre disolver la Asamblea Nacional y reeditar un Consejo de Estado, como en los años ochenta, debe “interpretarse en el contexto en el que se pronuncia”, por lo que espera que sea una broma del mandatario y no una propuesta oficial.

Sin embargo, el Obispo auxiliar estimó que aunque pudo ser una situación jocosa de parte del presidente Ortega, no le resta gravedad a sus palabras, tomando en cuenta que precisamente quien las expresó es el mandatario nicaragüense y causa preocupación en los distintos sectores.

“Sobre estas cosas no se debe ni siquiera bromear”, manifestó monseñor Báez, añadiendo que “siendo él el primer ciudadano de este país, el primer llamado a respetar la Constitución Política no debería de permitirse este tipo de salidas, ni siquiera en plan jocoso. Son cosas demasiado serias, que pueden ser manipuladas y pueden afectar todavía más la estabilidad jurídica institucional del país, que ya de por sí está muy frágil. Creo que no es conveniente este tipo de afirmaciones”.

El Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, insistió que no se le debería otorgar mayor importancia de la que el presidente Ortega le pudo haber brindado, ya que estimó que no es una propuesta oficial.

Retomó el mensaje de la Conferencia Episcopal respecto a la necesidad de instalar un diálogo “hacia un nuevo pacto o entendimiento social”, en el que se busque el bienestar de la ciudadanía, porque al hablar de reediciones de situaciones de los ochenta, lo que genera es temor entre quienes vivieron esa época.

“Esto, evidentemente que no abona a la paz, y se convierte en palabras violentas en un contexto como el que vivimos”, destacó Báez.

ES UNA VIEJA ADVERTENCIA

Por su parte, monseñor Abelardo Mata es del criterio que la advertencia del presidente Ortega, de disolver el parlamento como una salida a la crisis política y dar paso a un Consejo de Estado, como en la década de los ochenta, es una situación que asegura “miraban venir desde hace mucho rato”, por lo que fue expuesta en las reuniones de los principales grupos liberales que negociaban la unidad.

“El irrespetar un grito del pueblo, que está pidiendo cambios en las estructuras de poder, sobre todo en el Consejo Supremo Electoral, y se miraba venir esto, que lo está empezando a anunciar medio en broma, pero yo creo que no está bromeando, eso va en serio, y sería nefasto para la vida nacional, porque sería de todas maneras imponer abiertamente una posición contraria a las normas constitucionales”, indicó el líder católico.

CRITICAN AL COSEP

El ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan Morales, y la vocera de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, coincidieron en que independientemente que el comentario sobre la disolución de la Asamblea Nacional haya sido una broma, como parecen haberlo asumido los empresarios, la forma en que reaccionaron demuestra que les tiene sin cuidado que la crisis política provoque que el país se “caiga en pedazos”, y que únicamente les interesa mantener a salvo sus capitales.

“Ellos con tal que el Gobierno no les toque su capital, el resto no les importa. Así lo percibo, tal vez no son todos los empresarios, pero me parece que ellos son bien permisivos y no les importa lo que pasa en el país, que se caiga el país. Pero ellos siguen en su afán de estar bien con el Gobierno”, afirmó Molina.

Cuando Ortega lanzó la propuesta de disolver el parlamento, varios empresarios soltaron algunas risas.

La diputada Bonilla calificó esas sonrisas como de “nerviosismo y temor”.

Hassan Morales, por su parte, consideró que el Cosep realmente no está jugando un papel muy airoso.

“La impresión que me da es que lo que les interesa es simplemente sus negocios, sus trabajos, pero no están preocupados por las cuestiones de que la nación ande por los caminos de respeto a las leyes y a la Constitución.  No dan esa impresión de estar preocupados por eso o que ése sea un asunto que a ellos le llegue”, dijo Hassan Morales.

Añadió que con los antecedentes de Ortega, en cuanto a violaciones a la ley y a la Constitución, no se deben tomar sus palabras en broma.

“En ese momento lo que (los empresarios) tendrían que haberle dicho, aunque en otros términos no tan crudos fue: ‘no señor, está loco, nosotros jamás vamos a aceptar eso’. Enviarle el mensaje muy claro, porque cada vez que lanzan ese tipo de cosas no lo hacen porque sí, sino para ver las reacciones”, afirmó Hassan Morales.

Considerando los antecedentes de Ortega y los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Molina vio en el comentario de Ortega una posibilidad real, cuyo fin sería reformar la Constitución para que quede a la medida de Ortega.

La euforia de la revolución los llevó a hacer una Constitución “con un sesgo político e ideológico” bajo el liderazgo del comandante Carlos Núñez Téllez.

Hassan Morales, en cambio, estimó que la única forma en que Ortega puede asegurarse la reforma a la Constitución por la vía legal sería que la Asamblea Nacional llame a elecciones para una Asamblea Constituyente.

“Es decir, se autodisuelven y proceden a llamar a una Asamblea Constituyente, y una vez que se elige se instala la nueva, la anterior cesa en sus funciones”, explicó.

Pero advirtió que Ortega “no respeta nada, no entiende de cosas como que existen leyes y la Constitución”. Por tanto, si ve la posibilidad de concretar esa amenaza “impunemente, no la pensaría dos veces”, sino que lo haría de inmediato.

Como en los ochenta, cuando para obtener mayoría absoluta en el Consejo de Estado lo reformó por decreto sin importar que con ello provocó la ruptura con miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

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