Diputados y dirigentes de organismos defensores de los consumidores coincidieron en que todo contrato por compra-venta de energía renovable deberá ser analizado muy minuciosamente por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para lograr establecer costos de generación más baratos y no para “favorecer” a empresarios “amigos” del Gobierno.
Recientemente LA PRENSA reveló que las empresas Eolo S.A. y Blue Power Energy S.A. están negociando con las distribuidoras Disnorte-Dissur, de Gas Natural, el costo por cada megavatio hora mes vendido bajo contratos de compra-venta de energía.
Fuentes del sector eléctrico revelaron que ambos consorcios privados pretenden que se les apruebe en estos contratos un costo de hasta 115 dólares por megavatio generado y vendido a las distribuidoras de Gas Natural, para poder “recuperar” su inversión en un periodo de 10 años.
Según admitió el propio ministro de Energía, Emilio Rappaccioli, las empresas estarían pujando por vender el megavatio a precios que van entre los 100 y 115 dólares, cuando Amayo S.A. oferta el megavatio de energía eólica en 92 dólares con contratos establecidos.
Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea, dijo que era más aceptable, en el caso de la generación eólica, comenzar a negociar contratos específicos por suministro de energía, por aquello de la inestabilidad que ocasiona la generación eólica.
“Es necesario empezar a establecer contratos por suministros de energía y no por generación. Esto significaría reformar la Ley de la Industria Eléctrica, pero daría más garantías de que la energía contratada será suministrada. Recordemos que la generación eólica es inestable y no podés pagar caro por algo que no está disponible en un 100 por ciento”, expresó.
Núñez Hernández dijo que es el INE el garante para lograr negociaciones y obtener los precios más bajos.
Víctor Hugo Tinoco, diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que en este caso la solución para lograr establecer la compra de energía barata es fijar precios de generación en los contratos por periodos cortos.
“Debe dejarse estipulado un mecanismo que permita la revisión de precios cada cierto periodo, para una vez recuperada las inversiones, lograr precios más accesibles”, apuntó.
“Por qué se debe castigar al consumidor, cuando se supone que son proyectos para abaratar costos de generación. Si Amayo cobra 92 dólares por megavatio generado, estas dos empresas deben establecer también costos promedios”, expresó Ricardo Osejo, promotor del Movimiento de Consumidores en Acción.
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