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El encuentro entre la empresa privada y el gobernante Daniel Ortega fue calificado como un “diálogo de sordos”. Cada quien propuso por su lado, pero ninguno obtuvo respuesta a las peticiones.

Estrategia gubernamental: “Empresarios contentos”

El 26 de mayo, en una reunión con la clase empresarial del país, el Presidente contó un “chiste”. Mencionó la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional para que el país marchara mejor. Los empresarios, lejos de inmutarse, rompieron la monotonía de aquel encuentro con risas y carcajadas.

Fotos de La Prensa/Archivo


El 26 de mayo, en una reunión con la clase empresarial del país, el Presidente contó un “chiste”. Mencionó la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional para que el país marchara mejor. Los empresarios, lejos de inmutarse, rompieron la monotonía de aquel encuentro con risas y carcajadas.

La noticia causó conmoción en los medios de comunicación, sin embargo, para los empresarios no fue nada más que un chiste que terminó desviando las miradas de la parte “medular” de un encuentro en el que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) daba a conocer su “agenda” para este año en la que incluyen algunas exigencias para alcanzar gobernabilidad en el país, pero sobre todo, un ambiente propicio para la actividad económica del país.

Los empresarios están preocupados por el desarrollo democrático del país, dicen. Sin embargo, tal como la historia lo demuestra, en la práctica las relaciones gobierno-empresa siempre han estado “de buenas”, indistintamente de la década que se analice.

Una de las principales razones de esa intensa luna de miel de nunca acabar se debe a que dentro en Nicaragua existen políticos empresarios y del otro lado hay empresarios convertidos en políticos, lo que genera una dependencia mutua en la que el gobernante necesita del capital y el capital necesita facilidades gubernamentales para trabajar.

El sociólogo Oscar René Vargas ha escrito y estudiado mucho este fenómeno y según sus cálculos este fenómeno se viene practicando desde hace más de medio siglo atrás. Desde los tiempos de Anastasio Somoza García, a quien llama “Somoza viejo”.

En 1938, comenta Vargas, se da el pacto entre Somoza y el conservador Carlos Cuadra Pasos, lo que permitió que Somoza, vía Constitución, permaneciera en la silla presidencial durante diez años. A cambio, los conservadores recibieron un tercio de las diputaciones en el parlamento, entre otras cosas.

Fue así que “Somoza viejo se vuelve dictador gracias al apoyo de la empresa privada de la época”, agrega.

Para 1950, las cámaras de comercio existentes en el país tenían presencia en el Gobierno y un par de años más tarde se fundan en Nicaragua el Banco Nicaragüense y el Banco de América, pertenecientes a los gremios liberal y conservador, respectivamente.

Cada gremio de empresarios tenía acciones políticas y por lógica también el gobernante tenía tentáculos en el gremio empresarial. Para citar un ejemplo sobre la dualidad de poderes en la empresa privada de la época, Emiliano Chamorro era el presidente de la asociación de ganaderos de entonces y el vicepresidente era el mismo Anastasio Somoza.

Pero el idilio de ese enamoramiento duró hasta 1972, cuando Somoza funda su propio banco y tras el terremoto de ese año, crea además sus propias empresas constructoras, medidas con las que comenzó a disputar parte del pastel que antes era disfrutado mayormente por los empresarios. En buen nica, Somoza “viejo” se les fue arriba y los empresarios comenzaron a tomar distancia.

¿Pero cuáles eran las razones por aún mantenían viva aquella relación? Las mismas que mantienen hoy la unión entre empresa privada y Gobierno.

Según Oscar René Vargas, al estar de buenas la empresa con el Gobierno, este último se garantizaba la casi inexistencia de movimientos sociales porque la clase obrera se mantenía ocupada trabajando. Por su lado, el Gobierno le garantizaba a la empresa privada cero reivindicaciones sociales. Además, políticamente hablando, “la oposición permanecía fragmentada y la gente con las manos arriba y ellos lograban tener el espacio político suficiente para tener la posibilidad de incrementar sus ganancias”, explica.

Cualquier parecido con la realidad podría no ser mera coincidencia. “Unos gobiernan y otros hacen reales”, dice Vargas.

Pero para el gremio empresarial actual las cosas no son tan así. José Adán Aguerri, presidente del Cosep, es de los que opina que “no se puede juzgar un libro por su portada”, y lo que existe entre el gobierno de Daniel Ortega y la empresa es un compromiso constante por la economía y la democracia del país.

Es por eso que defiende el que exista un diálogo permanente como una “responsabilidad” a cumplir por el bien del país.

“Indistintamente de algunos que están en el ámbito político y no tienen relación con lo que significa crear empresas, generar empleo, atraer inversión, reducir la pobreza, desde ese punto de vista a nosotros nos corresponde seguir dialogando”, dice.

Entre los 20 puntos presentados por el Cosep como parte de su Agenda 2010, los empresarios plantearon ese día al presidente Daniel Ortega la problemática que causa el horario reducido y la burocracia con la que funcionan las instituciones del Estado, sobre todo aquéllas ligadas el sector comercial. Además, plantearon una vez más la necesidad de el nombramiento de funcionarios respetables para que arbitren las próximas elecciones nacionales, como magistrados del Consejo Supremo Electoral.

Pero lejos de eso, la famosa reunión del Gobierno con la empresa privada en el Incae no fue más que “un diálogo de sordos”, como lo describió el político Edmundo Jarquín en su análisis Pulso de la semana .

“En cuanto al conjunto de propuestas sobre la institucionalidad democrática, que van desde la primacía de la Constitución Política hasta que ‘los morteros deben desaparecer de las calles’, pasando por la garantía de buenos procesos electorales, incluyendo el cambio de todos los Magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), hasta la demanda de transparencia en la gestión de la cooperación internacional y la vigencia de la noción de Estado-Nación y no Estado-Partido, Ortega solamente reaccionó jugueteando-tanteando con la idea de disolver la Asamblea Nacional y el régimen de partidos políticos”, señala Jarquín.

Y agrega que “en cuanto a las propuestas para el desarrollo económico, que incluso incluían la reforma de 10 importantes leyes y la aprobación consensuada de otras 18, también muy importantes, no cabía esperar de Ortega que se pronunciara sobre cada una de ellas, pero sí que al menos las diera por recibidas, indicara que se estudiarían y señalara cómo se les daría seguimiento. Pero nada, salvo la muy importante reiteración que seguirá negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y un par de regaños a las autoridades de la Dirección General de Aduanas por el engorro burocrático en torno a los casos de las “candelas chinas” y de la Mina la Libertad”.

Los empresarios están preocupados por las exigencias del Fondo Monetario Internacional que pide a los países con los que trabaja que realicen reformas tributarias y al seguro social, una medida que traería efectos directos en las ganancias del gremio empresarial y por eso, están proponiendo que cualquier cambio que se requiera, no se haga sino hasta en el 2012, con un nuevo Gobierno, tras la excusa de que no es viable que se realice una segunda reforma tributaria dentro de un mismo periodo gubernamental.

En noviembre del 2009, el Gobierno realizó una reforma tributaria en la que, en su idea original, se planteaba la aplicación de un impuesto sobre las ganancias de los bancos, sin embargo, esta medida no tuvo futuro tras las negociaciones entre la empresa y el Gobierno.

“Si se hubiera reformado tal a como se estaba planteando, hubieran sido 145 millones de córdobas los recaudados, entonces te das cuenta que ahí hay un amarre, un pacto múltiple que no solamente es con un partido político. Se pasó del pacto bilateral al pacto multilateral y los banqueros están en esa lógica”, dice Oscar René Vargas.

Según estudios que ha realizado Vargas, el 80 por ciento del crédito bancario del país está concentrado en el consumo de las tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios para la compra de automóviles y viviendas, dejando a un lado el otorgamiento de créditos para promover la producción agrícola. Existen bancos, dice Vargas, que apenas destinan el uno por ciento de su crédito al agrícola.

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Mario Zelaya, afirma que la principal preocupación de los empresarios es el bienestar del país, el crecimiento económico y la creación de empleos. Según él, la empresa privada no puede desviarse de su rol como generadores de empleo, ya que la principal afectada sería la clase obrera. Y “no es que seamos condescendientes”, dice, sino que “no le sirve a nadie un país en cenizas, un país en ruinas”.

Nicaragua continúa en una crisis política que se ha venido agudizando desde el fraude electoral de 2008, sumado al vencimiento de una veintena de funcionarios públicos que aún continúan en función producto de un decreto emitido por el Presidente, a pesar de las fuertes críticas que han surgido por su ilegitimidad e ilegalidad.

Aún con la crisis política que se ha vivido en las calles y que provocó daños en un hotel privado y deterioro en la imagen del país, los empresarios no hacen más que criticar pero sin querer presionar al Gobierno, ya que éste también tiene “amarrada” a la empresa privada a través del otorgamiento de exhoneraciones, las que al final de cuentas se convierten en el talón de Aquiles en las negociaciones, explica Vargas.

Otro de los problemas que el analista ve es que la empresa privada del país se ha estancado en la actividad comercial y no ha hecho los esfuerzos necesarios por dinamizar la economía del país.

Es por eso que en Nicaragua no existe una industria ligada a la transformación de la materia prima. Las pocas empresas que sí lo hacen, como las de la industria licorera o la producción de leche pasteurizada, son herencia de empresas familiares que se iniciaron en el campo muchas décadas atrás.

“La empresa privada en Nicaragua está limitada al comercio, se dedica a representar firmas extranjeras. La empresa privada en Nicaragua es parasitaria, necesita de las exoneraciones para multiplicar sus ganancias”, dice Vargas.

Pero además critica la manera en que la empresa busca multiplicar sus ganancias con la actividad comercial que realizan. Según él, algunas representantes de marcas venden productos con un precio hasta 300 veces superior al real. Así, en Nicaragua se vender ropa mucho más cara que en Nueva York.

Durante el último encuentro de Daniel Ortega con los empresarios, Bayardo Arce, visto como asesor económico del gobierno, explicó que si el Cosep apoyaba a Dainel Ortega, “él está dispuesto a disolver la Asamblea Nacional y organizar una legislación con
Estado botín

El 74 por ciento de la inversión pública del país está  financiado por la  cooperación internacional.

Al no existir una verdadera iniciativa por parte de la empresa privada para dinamizar el desarrollo del país, ese papel debería ser retomado por los gobiernos, sin embargo, eso nunca ha sucedido debido a que como describe Oscar René Vargas en uno de sus libros, en Nicaragua impera la lógica del estado-botín y los permanentes arreglos entre políticos y empresarios.

En diversos gobiernos se ha visto empresarios convertidos en políticos y políticos metidos en la empresa privada.

Un ejemplo de esto son las tantas empresas Alba de la familia Ortega-Murillo, que bajo el concepto de “Sociedad Anónima” podrían estar cubriendo con su mando a muchos políticos más.

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Políticos empresarios

“La historia política nicaragüense, con gobiernos civiles o con dictaduras, es la de la dominación de la oligarquía, no la de la democracia. En toda la historia del capitalismo nicaragüense las grandes decisiones no se han adoptado en los parlamentos sino en las juntas directivas de los bancos y de las cámaras industriales y de comercio”, comenta Oscar René Vargas en su libro De los Comandantes a los Banqueros, 25 años después.

Según la estrategia del FSLN, el acercamiento entre Daniel Ortega y la empresa privada propiciará un sentimiento de “bienestar” entre la población.
Alianza y consenso

El reciente encuentro entre el gobernante Daniel Ortega y los empresarios nicaragüense, no es nada sacado de la manga, sino que responde a una estrategia de comunicación planteada a pricipios de febrero de este año.

En el documento presentado por la primera dama Rosario Murillo, titulado “Campaña de la Victoria”, el FSLN se plantea una serie de objetivos con los que espera obtener el triunfo presidencial  de Daniel Ortega  en las elecciones del 2011, a través de una “alianza” con la empresa privada.

En su estrategia el Frente reconoce su acercamiento con los empresarios para propiciar un ambiente de tranquilidad entre el resto de la población, lo que no  necesariamente significa bienestar.

A través de esa “alianza”, gobierno, empresa y trabajadores “hoy pueden sentarse a una mesa y trabajar unidos, respetando y conciliando sus intereses, unidos por el mismo amor a Nicaragua”, reza en una de sus partes la estrategia comunicacional.

Sin embargo, aunque ese acercamiento aparece como una gran novedad en la actualidad política, es una estrategia que ha sido utilizada por los distintos gobiernos, siguiendo los pasos de Anastasio Somoza García cuando estableció la creación de mesas tripartitas entre gobierno, empresa y empleados para la negociación de beneficios, encuentros en los que siempre los trabajadores llevan las de perder, 2 a 1.

Pero además, en el documento, el gobierno deja claro que ese idilio no es por puro “amor y reconciliación”, sino que “…esta cercanía del gobierno con los empresarios y el capital de Nicaragua aísla aún más a la derecha política, tanto de cara a la ciudadanía como del concierto internacional”.

De ahí que, según el documento, la percepción de una mejoría en la situación del país ha sido validada no sólo por la población “sino que la gran empresa nicaragüense y el capital, representado en sus organismos gremiales, valora y reconoce la paz, la estabilidad social, política y económica que garantizan gobernabilidad, así como el manejo macro-económico del gobierno”.

Ver en la versión impresa las paginas: 10, 11, 12, 13

Política Asamblea Nacional Daniel Ortega Somoza Garcia archivo

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