CORRESPONSAL/ COSTA RICA
Costa Rica estrenó esta semana nuevos directores de Migración y Extranjería, noticia que ha pasado inadvertida por los costarricenses, pero cobra relevancia para los nicaragüenses que residen en Costa Rica por razones de legalización.
La Dirección General de Migración y Extranjería será asumida por la abogada Kathya Rodríguez, quien sustituye en el cargo al anterior director, Mario Zamora, quien ahora es viceministro de Gobernación.
La subdirección general de Migración será asumida por el antropólogo Freddy Montero.
Para el presidente de Confederación Solidaridad, un organismo que trabaja con inmigrantes nicaragüenses, la asunción de nuevos directores en migración costarricense no genera expectativas entre la comunidad.
MIGRANTES DEBEN ESTAR INFORMADOS
“El problema sigue siendo de fondo. Nuestra mayor preocupación es que el migrante tenga información válida sobre cómo regularse, ¿qué es en concreto lo que se puede gestionar, qué permiso de trabajo está aprobando migración?”, cuestionó Gerardo Sánchez, presidente de Confederación Solidaridad.
“Facilidades no están dando ninguna. Por el contrario, la información recae más en este momento en el criterio propio del funcionario de migración, ya sea por desconocimiento de la ley, la falta de directriz o incapacidades técnicas de la institución porque no están preparados para aplicar la ley”, añadió.
Desde el primero de marzo de este año, en Costa Rica entró a regir una nueva ley de migración y extranjería que ha generado confusión y miedo entre miles de nicaragüenses que viven en el país en condición migratoria irregular.
La ley exige una multa de 100 dólares mensual para el extranjero que viva en condición migratoria irregular, pero a la fecha la medida no se está implementando.
“Se han tenido reportes constantes de malos tratos, amenazas, cobros adicionales a la visa y rechazo (en la frontera de Peñas Blancas). Vale recalcar que es falso que se deba pagar en la frontera 100 dólares. También se ha informado que se han violentado los documentos, como pasaporte, se le escriben leyendas a mano u otras irregularidades”, denunció el Servicio Jesuita para Migrantes.
Por su parte, Sánchez explicó que la nueva ley incrementó los costos para regularse. “Demasiados altos, entre 600 y 800 dólares por persona y falta de una política clara en trámites de afiliación a la seguridad social, que lo exige la nueva ley. Ojalá que los nuevos directores hagan un buen papel en la Dirección General”, indicó.
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