Leonor Martínez, activista de la Coordinadora Civil, fue golpeada por Félix Armando Tercero, alias “El Gato”, empleado de la Alcaldía. De nada valieron las pruebas documentales, el Gobierno se lava las manos.

LA PRENSA/ARCHIVO

La negativa del gobierno de Daniel Ortega, en representación del Estado de Nicaragua, de adherirse al Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional y del Protocolo facultativo de la Cedaw, deja al país “en total retroceso”, dice Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Éstas son dos de las recomendaciones a las que habían alentado a Nicaragua a firmar, los Estados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en febrero pasado, en Ginebra, Suiza.

Jiménez estimó que esta situación “nos coloca a la par de países musulmanes, que han tenido más resistencia en suscribir todos los tratados en materia de derechos para la mujer”.

En un comunicado conjunto emitido ayer por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), lamentan por su parte que “el Estado de Nicaragua haya rechazado valiosas recomendaciones, muchas ya formuladas anteriormente por órganos de Tratados de Naciones Unidas”, entre los que mencionan el Tratado de Roma y el protocolo de la Cedaw.

• Algunas recomendaciones

  • Entre los pendientes que tenía el Estado de Nicaragua con relación al Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra destacan:
  Además del Estatuto de Roma y protocolo facultativo de la Cedaw, el respeto pleno de las disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión, garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan expresar sus opiniones libremente respecto de las políticas gubernamentales e implementación plena de la ley de acceso a la información.
  
  Asegurar que los miembros de la oposición política puedan expresarse libremente sin intimidación y violencia. Reformas urgentes al Código Penal para restaurar derechos de mujeres y niñez víctimas de violación. Revisar la prohibición de todas las formas de aborto, entre otros.

Nicaragua es suscriptor de la convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, efectuado en 1979 . El protocolo de la Cedaw vendría a ser como el reglamento.

Pero es más, dicen estas organizaciones que el Estado rechazó restituir el aborto terapéutico “haciendo caso omiso de las recomendaciones de cuatro Órganos de Tratados y de las numerosas recomendaciones que sobre el tema presentaron los Estados en la sesión del EPU de febrero”.

Sin embargo, Nicaragua no quiere suscribirlo, pese a que ha sido ratificado por casi todos los países, indicó Jiménez.

El hecho de no suscribir el protocolo al igual que el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), demuestra que “su voluntad política es no cumplir con un instrumento, que casi todos los países del sistema de Naciones Unidas lo han suscrito”.

A criterio de Jiménez, el trasfondo de no firmar el estatuto de Roma es de que “como son violadores de derechos humanos constantemente, no les conviene la jurisdicción, porque estarían sujetos a cualquier denuncia que hubiera en relación a cualquier tipo de violación a derechos humanos”.

En cuanto a la Cedaw , piensa Jiménez que es “por odio, menosprecio, y de no permitir que sigan avanzando los derechos de las mujeres”. Aunque estima que el Gobierno pretendió “maquillar” con la ley de igualdad se contradicen al no querer suscribir el protocolo y por tanto se ve el doble discurso del 50 por ciento que le dicen a lo interno “al clientelismo”, pero afuera esto es claro que no tienen voluntad política.

“Por otra parte, no nos parece constructivo que algunas recomendaciones hayan sido aceptadas bajo la premisa de que el Estado ya las está implementando, lo que no se corresponde con la realidad”, señalan los organismos defensores de derechos humanos.

Para los organismos defensores de derechos humanos es causa de preocupación la afirmación efectuada por el representante de Nicaragua ante Naciones Unidas, Carlos Robelo Raffone, de que las organizaciones de la sociedad civil tienen plena libertad para manifestar sus opiniones sobre la política gubernamental, pero que las organizaciones internacionales están impedidas alegando razones de soberanía.

REACCIONES DE AFECTADOS

La afirmación alegada por Robelo de que las agresiones sufridas por los defensores provienen de particulares ha sido causa de reacciones.

Juan José Toruño, propietario de Radio Darío, en León —a quien el 18 de noviembre de 2008 un grupo de hombres encapuchados y armados con rifles AK le destruyeron las instalaciones de la radio— dijo que quieren “tapar el sol con un dedo, pero todo mundo sabe de dónde vienen los ataques a los medios de comunicación y a quienes no piensen como ellos”.

“Cuando vinieron acá, venían con los rostros tapados y se identificaron como gente del Frente (Frente Sandinista), incluso usaron armas de fuego y cuando iban saliendo gritaron ¡que viva el Frente Sandinista!”, recordó Toruño.

Para Enrique Sáenz, diputado y presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la versión del Gobierno en Ginebra lo que hace es comprobar la reiteración de la falsificación de la realidad como política oficial del gobierno orteguista, además de quedar en ridículo. “Porque todos estos casos han sido a la vista de la población, además no han sido casos ni aislados, se pudo ver a magistrados y jueces reconocidos comandando a las turbas que fueron a destruir la propiedad en el caso del Holiday Inn”.

A Sáenz le fue quemado su carro en una marcha realizada en León, el 20 de septiembre de 2008, donde también resultaron lesionadas cinco personas.

Oscar Moncada, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) —quien junto a otros diputados fue atacado con piedras y morteros en su vehículo, el 20 de abril de 2010— señaló que quien dijo que las agresiones las han hecho ciudadanos particulares y no turbas afines al partido del Gobierno, “o es un tarado mental o no vive en Nicaragua y aunque no viviera en Nicaragua, basta que lo haya visto todo el mundo por los periódicos y la televisión, porque quienes dirigían esa agresión eran ex magistrados y jueces”.

Por su parte Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, dijo sentirse sorprendida por la versión presentada ante la comunidad internacional, cuando en cuatro diferentes momentos miembros de la coordinadora han sido víctimas de las turbas lideradas por funcionarios del Gobierno.

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