La oposición en sus diferentes manifestaciones debe mantenerse firme contra las malsanas pretensiones reeleccionistas del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, quien junto a sus familiares y allegados pretende perpetuarse en el poder y seguir erosionando la democracia en el país.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), además de ser un partido tiránico, se ha convertido en una organización política corrupta a la que ya no le importan ni los más elementales principios de democracia, institucionalidad y respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Su dirigencia, encabezada por el presidente Ortega, no sólo ha ordenado vapulear a quienes disienten de su forma de gobierno, sino que ha amedrentado a sectores sociales, políticos, económicos, entre otros, con tal de que avalen sus actos que incluso violan la Constitución Política de Nicaragua.

Es oportuno recordar cómo el antidemocrático FSLN ha pasado por encima de la Ley 40, de Municipios, y una muestra clara está en las alcaldías de Dolores y Jinotepe, en Carazo, así como en Ciudad Sandino, en Managua, donde de facto la dirigencia rojinegra ha echado de sus cargos a los alcaldes y vicealcaldes que trabajaban por el bienestar común. El delito de los expulsados fue hacer a un lado las órdenes sectarias del orteguismo. Esta actitud tiránica se ha impuesto como un escarmiento para que los demás alcaldes del orteguismo no osen siquiera disentir de las arbitrariedades de la pareja presidencial y sus protegidos.

Como muestra otro botón. Los magistrados orteguistas de la Corte Suprema Justicia (CSJ), con toda la desfachatez que los caracteriza, se alistan para dar otro zarpazo al tomar el control del Supremo Tribunal y atropellar la legalidad, institucionalidad y los principios democráticos propios de un Estado de Derecho. Estos magistrados están contribuyendo a que el gobernante FSLN se hunda más en su soberbia y que aumente el descontento, justo cuando las elecciones nacionales están a las puertas.

Como si fuera poco, el presidente Ortega, quien cada vez más se desgasta y se vuelve impopular por su estilo tiránico, insiste en mantener a sus aliados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), donde se cometió el latrocinio electoral municipal más despiadado en los últimos años en Nicaragua, robándole muchas alcaldías a la oposición.

Y para cerrar con “broche de oro”, saltan a la palestra las denuncias de diputados de la oposición, en contra de colegas suyos aliados del orteguismo, quienes han ofrecido fuertes sumas de dinero y cargos públicos para sus familiares, con tal de que los legisladores halagados voten en favor de la reelección de funcionarios cuestionados en sus cargos públicos (como es el caso de Roberto Rivas Reyes y otros) y que aprueben las reformas constitucionales para permitirle a Ortega que nuevamente sea reelecto, por las buenas o por las malas, como Presidente de Nicaragua.

Todo lo anterior es parte de la naturaleza del FSLN y frente a eso la oposición debe seguir firme en impedir más daño al país. En este sentido, esperemos que los magistrados liberales de la CSJ, respetuosos del orden jurídico, institucional y democrático, así como los diputados opositores e independientes, hagan prevalecer la legalidad.

Por eso es el llamado permanente a no permitir la reelección de caudillos como Ortega, que dañan la democracia, el desarrollo del país y lesionan los derechos fundamentales de las mayorías.

Ver en la versión impresa las páginas: 13 A