La Contraloría General de la República se negó ayer a investigar los 2.72 millones de dólares repartidos en el sector vigilancia entre allegados al presidente Daniel Ortega y al secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenín Cerna Juárez.
Guillermo Argüello Poessy, presidente de facto de la CGR, incluso llamó “empresas líderes” a las beneficiadas Servicios de Protección y Vigilancia S.A (El Goliat), El Vigilante S.A. y a la Empresa de Seguridad Interna S.A. (ESISA), esta última registrada en Chinandega.
El Vigilante S.A. y ESISA son propiedad del ex jefe policial Leonel Espinoza Linarte, lugarteniente de Cerna, mientras El Goliat está ligada a José Mojica Mejía, empleado cercano a la pareja presidencial, demostró una investigación de LA PRENSA.
“Me imagino que son líderes en sus ramos, ¿o no? Ustedes creen que la Contraloría tiene facultades que no tiene. No tenemos facultad de meternos en ese tipo de contrataciones, el que se sienta perjudicado tiene las impugnaciones como recurso. No es en el periódico donde se impugna, es a través de un proceso administrativo”, sostuvo.
Para el diputado José Pallais, de la Comisión de Justicia de la Asamblea, los reportajes de LA PRENSA demostraron que existe un negocio en el sector vigilancia, en el que están participando testaferros.
“El hecho que aparezcan como cabezas visibles testaferros, sin historial de trabajo, de crecimiento de su patrimonio en forma honesta, pues la conclusión lógica es que detrás de ellos se encuentran pasos de animal grande. Estas personas están cuidando intereses de gente que son los verdaderos propietarios de ese capital y sobre todo que desean permanecer ocultos para que no se conozca de forma abierta, no se transparente las vinculaciones de éstos que hacen favores desde el poder”, añadió Pallais.
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