Dirigentes de varias organizaciones que defienden los derechos de los consumidores criticaron ayer el hecho de que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) reciba de parte de la empresa Gas Natural algún porcentaje económico para ampliar el número de cuadrillas.
Los diputados de la Asamblea Nacional manifestaron el pasado jueves que se está considerando realizar cambios al proyecto de reformas de la Ley 661 o Ley Antifraude, que fue dictaminado favorable en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, para dejar establecido mediante ley, que el INE reciba el uno por ciento mensual de parte de Gas Natural y financiar la ampliación del número de cuadrillas que estarán presentes en los procesos de inspección que haga la distribuidora al verificar una presunta conexión ilegal.
Marvin Pomares, representante del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec), criticó esta medida y señaló que el INE como ente regulador no puede ser juez, ni porte en este proceso.
Pomares reconoció que es bueno que el ente regulador amplíe su capacidad de cobertura, pero que debe hacerlo de otra forma.
“Es peligroso que se den estas situaciones. No es correcto que el INE agarre porcentajes de la empresa distribuidora de forma directa, porque se puede prestar a malos entendidos y los usuarios podrían quedar desprotegidos, ya que en algún momento las resoluciones de apelaciones que hagan los clientes al ente regulador podrían salir en contra de los usuarios”, destacó.
Pomares se mostró en contra de que se apruebe la reforma a la Ley 661 y dijo que el Gobierno debe asegurarse que la empresa Gas Natural cumpla con los procesos de inversiones para mejorar las redes de distribución.
Jorge Rooseess, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), valoró que las reformas a la Ley 661 no son necesarias.
“Los diputados podrían quedar mal con los pobladores, porque si se aprueba la Ley Antifraude se estaría dejando la puerta abierta para que los consumidores sean sujetos de multas, sanciones y hasta encarcelamiento”, añadió.
Juan Carlos López, promotor del Movimiento de Consumidores en Acción, dijo que no es necesaria llevar a la práctica estas reformas y tampoco valoró de positivo el hecho que el INE reciba dinero de parte de una empresa privada.
“No vemos sano ni nada positivo que el INE reciba dinero de Gas Natural, más bien lo vemos como algo que a largo plazo será un obstáculo para defender los derechos de los consumidores, así que no ayudaría en nada”, expresó.
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