Poder Judicial a merced de crimen organizado

El presidente de la Comisión de Justicia en el parlamento, José Pallais, y el fiscal de la unidad anticorrupción y crimen organizado, Javier Morazán, dieron la alerta de la incidencia que puede estar teniendo el crimen organizado en algunos sectores del país. Y que de tomar medidas adecuadas se puede detener esta amenaza para la institucionalidad democrática en el país.

 

Mientras Pallais cuestionó que pese a que la población en los barrios señala a la Policía los sitios donde se expenden drogas, éstos no son detenidos.

 

Esto lo llevó a expresar: “Me hago la pregunta ¿será que se está quebrando a los cárteles transnacionales que no están pagando protección?”. Para Pallais, “el crimen organizado ya está establecido aquí, ya está instalado aquí, y ya está penetrando todas las instituciones del Estado, esto debe sensibilizarnos, debe preocuparnos”. Aunque Pallais estimó que todas las instituciones son vulnerables, piensa que donde más ha penetrado el crimen organizado es en el Poder Judicial.

 

El fiscal Morazán habló en un tono similar, mencionó la fuga de narcos, las narcoliberaciones y es más, señaló al mismo Poder Legislativo, con los narcoindultos, en contradicción a lo que dice la Ley 285, sobre Control de Estupefacientes.

 

“A mí me causa impresión, la otra vez miraba que un grupo de ciudadanos llegaban y le marcaban a la Policía las casas donde se estaban vendiendo droga. Y eso me obligaba a pensar y analizar vemos cada tanto, quiebres de operaciones transnacionales, pero no hemos visto en los muchísimos años ningún quiebre de la organización nacional, de las estructuras de distribución”, señaló Pallais.

 

Tanto Pallais como Morazán hicieron sus comentarios durante la presentación de un informe sobre las modalidades del crimen organizado en Nicaragua, una investigación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que también abarcó las fronteras sur de Costa Rica y Panamá.

 

NARCOLIBERACIONES Y NARCOINDULTOS

 

 

Morazán dijo que en el último indulto obtuvieron su libertad varias personas condenadas por narcotráfico. “Y a la hora que se investiga que quién fue que sugirió que se incluyera en la lista a fulano de tal, que estaba acusado y condenado por narcotráfico, nadie sabe quien lo incluyó a la lista, eso es muy significativo, puede ser que todos lo saben”, señaló Morazán.

 

“Hay muchas narcoliberaciones, hay cosas que no se pueden obviar, hay narcoindultos, hay narcofugas, y hay una normativa que favorece al narcotráfico, entonces muchas veces en algunas narcoliberaciones, algunos operadores de justicia se apoyan en la misma norma, y algunos le echan la culpa a los que hicieron la ley”, dijo Morazán.

 

El fiscal además criticó el hecho de otorgar beneficios cuando la condena no fue superior a cinco años, conforme al Código Procesal Penal (CPP), ahora eso es posible.

 

“Muchas veces se condena a la persona, pero se le condena a un poquito menos de cinco años para que quede la opción a que pueda obtener ese beneficio”, expresó Morazán. Las partes interesadas maniobran de diferentes formas, y “a veces ni siquiera nos manda a oír” para poder otorgar ese beneficio.

 

En otras ocasiones, sostuvo Morazán, se invoca de que hay un dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML), que establece la gravedad extrema del detenido, y en los casos cuando se le manda a oír a la Fiscalía, los fiscales cuestionan los informes médicos del IML, y en algunos casos han logrado que los peritos se retracten.

 

Entonces, refirió Morazán, “acuden a la alternativa de no mandarnos a oír para que no podamos cuestionar a los peritos, por ejemplo”.

 

EN BLUEFIELDS TIENEN ABOGADOS LISTOS

 

 

En el Caribe sur, según el periodista de LA PRENSA, Sergio León, quien comentó el informe presentado por el IEEPP, advirtió que al momento de quiebres al narcotráfico por parte de la Policía, los oficiales no han terminado de llegar al lugar, cuando ya se ha presentado un equipo de abogados que radican en Bluefields en defensa de los sospechosos.

 

La investigación la realizó el IEEPP en localidades fronterizas como Cárdenas, Peñas Blancas y Tola, en Rivas.

 

Así como Bilwi y Walpasiksa, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Bluefields, Kukra Hilly Laguna de Perlas. Roberto Orozco, investigador del IEEPP, indicó que entre los hallazgos encontrados destacan que el crimen organizado tiene cada vez mayor presencia en las comunidades fronterizas y costeras del Caribe y el Pacífico, que se aprovecha de las vulnerabilidades existentes tanto geográficas, sociales, económicas y ausencia estatal o débil capacidad.

 

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