Fiscal Javier Morazán.
LA PRENSA/ARCHIVO B. PICADO

El jefe de la unidad Anticorrupción y Crimen Organizado de la Fiscalía, Javier Morazán, refirió que existe una vinculación entre el tema del narcotráfico con el tema de la corrupción pública, la que no sólo puede abarcar corrupción judicial sino legislativa y administrativa.

Al mismo tiempo aseguró que en el país “hay mucho rumor de que hay mucho dinero que está corriendo de parte del narcotráfico”, para conseguir las narcoliberaciones, ya sea por la vía de sentencias, de indultos o de las mismas fugas.

“Detrás de una fuga de narcos, de un indulto, narcoliberación o detrás de aprobación de una ley favorable al narcotráfico — no se va a ser de gratis—, tiene que haber el involucramiento de altas personalidades del país que apoyen este tipo de acciones”, dijo Morazán.

Asimismo indicó a la vez: “Porque un funcionario solo no lo va a hacer (...) hay una vinculación del tema del narcotráfico con el tema de la corrupción pública, y esa corrupción puede abarcar no sólo corrupción judicial sino corrupción legislativa, corrupción administrativa”.

Las advertencias las hizo Morazán tras asistir a la presentación de un informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) sobre crimen organizado.

El Fiscal aconsejó a ese organismo que realice una investigación en torno a este tema para que se ponga en evidencia y así evitar su incremento. Morazán reconoció la labor que en estos casos han desarrollado los medios de comunicación que han impedido que se concreticen nuevos casos de narcoliberaciones.

“En la medida que diputados, en la medida que magistrados, no digo jueces, que ministros, estén por debajera apoyando alguna de estas acciones, eso es gravísimo, porque si los están apoyando ya son parte de la organización, ya están reclutados, y entonces ya estaríamos con parte de la red dentro del Estado”, alertó el funcionario.

“Preocupa cuando nos damos cuenta que dentro del mismo sistema de justicia existen personas que están trabajando para las organizaciones criminales, que están trabajando, colaborándoles para que ellos consigan su impunidad, ya sea vía narcoliberación judicial o vía de un narcoindulto, o sea vía por un narcobeneficio o narcofuga, eso nos preocupa a todos”, señaló Morazán. No descartó que algunos de estos casos se hayan ejecutado “apoyados por algunas personas superiores a ellos mismos”.

A la vez, apuntó que las instituciones como la Fiscalía invierten muchos recursos en estos casos, a su vez que “se corre un enorme riesgo por parte de los operadores de justicia”.

“Muchas veces nos sentimos frustrados de que no se aplica la justicia a como está diseñada y que se favorece en muchísimos casos a las personas que son capturadas como partícipes en este tipo de actividades”, sostuvo por su parte el diputado José Pallais.

Es por ello que —dijo Pallais— verifican lo relativo a la ejecución de penas, en las que “estamos tratando de aclarar, los claros digo yo, (porque) para mí ya está claro”.

El parlamentario mencionó que tratan de cerrar la posibilidad de algunas discrecionalidades de los jueces de ejecución de penas. “En el sentido (de) que no continúen aplicando beneficios y que no sigan confundiendo beneficios con derecho, vamos cerrando, estamos cerrando las aristas, las gavetas que pienso yo que se han abierto para favorecer este tipo de actividades”, indicó.

 

Roberto Orozco. LA PRENSA/ARCHIVO B. PICADO

HALLAZGOS DEL IEEPP 

El IEEPP realizó una investigación en los puestos fronterizos del país, así como en el Caribe nicaragüense, que es parte de otra igual realizada en Costa Rica y Panamá.

El investigador del IEEPP, Roberto Orozco, advirtió que en el Caribe nicaragüense “podría haber una legitimación de las actividades ilícitas del crimen organizado en esta zona”. El narcotráfico aprovecha “a sus anchas” las vulnerabilidades socioeconómicas de muchas localidades —indicó— mostrando preocupación de que algunos pobladores “están considerando el narcotráfico como factor de desarrollo, eso es muy grave, es decir la falta de incentivo económico, la falta de políticas la está supliendo el dinero del narcotráfico”.

Y lo peor, dijo Orozco, “están llegando elementos armados externos que están haciendo presencia en el territorio nacional”.

En su investigación el IEEPP determinó que hay pago por “servicios” brindados al crimen organizado, así como una profundización de las actividades ilícitas, como el tráfico de migrantes. Y hay una íntima relación entre el narcotráfico y el tráfico de armas.

Al analizar expedientes de los casos que la Fiscalía de Bluefields remitió a los tribunales, el IEEPP encontró que en uno de los casos de tráfico de migrantes éstos habían permanecido “en un campamento selvático” durante días, mientras podían salir del país. Esto demuestra que “ya se están creando estructuras”, para este ilícito, dijo Orozco.

En Rivas, la investigación encontró que no sólo se da el sicariato o el tráfico interno de armas, sino la creación de bases logísticas donde las comunidades abastecen a estos grupos transnacionales de combustible, alimentación, alojamiento y seguridad.

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