Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pertenecen al FSLN van a sustituir con conjueces (especie de suplentes) a los magistrados liberales del PLC, temporalmente según dicen los orteguistas pero de manera definitiva temen los liberales.

Al respecto hay que decir ante todo, que el hecho de que haya magistrados sandinistas y liberales —o sea de partidos políticos— en la Corte Suprema de Justicia es una aberración de la justicia en cualquier país que se considere civilizado, moderno y democrático. La justicia, por su propia naturaleza tiene que ser imparcial e independiente, o no es verdadera justicia. De manera que quienes integran el Poder Judicial, comenzando por los magistrados de la Corte Suprema que son su cabeza, su conciencia y su corazón, deben de ser ante todo personas independientes, además de ilustradas, justas y probas.

No importa en qué forma son escogidos los magistrados, ni que sean elegidos por funcionarios políticos, como son los diputados a la Asamblea Nacional. A partir de que toman posesión de sus cargos, los magistrados tienen que actuar de manera independiente, incondicional, ajenos a simpatías, presiones e influencias externas inclusive de quienes los eligieron y de los partidos a los cuales pertenecen sus electores. Por eso es que en el artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua se dice que: “Los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y sólo obedecen a la Constitución y a la ley…”

Sin embargo, en Nicaragua la Constitución y el principio jurídico universal de la independencia de la justicia, y por lo tanto de los magistrados y jueces, no valen nada para los que detentan el poder estatal. Y lo peor es que los magistrados del FSLN no son democráticos, sino autoritarios, y están subordinados a los intereses e incluso a los caprichos personales de un caudillo autocrático, pero son ellos los que controlan la Corte y por eso mismo atropellan la Constitución y ultrajan a sus colegas liberales; todo eso para imponer la reelección de Ortega y la instauración de una nueva dictadura.

Realmente, la destitución de los magistrados liberales o su sustitución con conjueces orteguistas sería de hecho un golpe de estado judicial. De acuerdo con la ley, los conjueces son para sustituciones temporales en cuatro situaciones específicas, en ninguna de las cuales cabe el caso de los magistrados liberales a quienes se pretende sustituir. Además, el mecanismo de conjueces no puede operar mediante un simple acuerdo de la Corte o de algunos magistrados reunidos en el comité de base de su partido. Sólo puede funcionar por medio de una ley que regule la disposición correspondiente establecida en el inciso 17 del artículo 138 de la Constitución. Una ley que no ha sido aprobada todavía.

Pero eso no les importa a los magistrados orteguistas. Ellos quieren destituir o sustituir a los magistrados liberales a como sea, porque éstos no aceptan el decreto inconstitucional de Daniel Ortega que ordena mantenerse en los cargos de magistrados, a quienes ya se les venció su período. Además, los quieren destituir o sustituir porque tampoco han aceptado la falsa sentencia mediante la cual se pretende suspender, para el caso personal de Ortega, el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y para quien hubiera ejercido el cargo dos veces.

Los magistrados del FSLN quieren someter a sus colegas liberales, pretenden obligarlos a ser cómplices –a cambio de seguir disfrutando los cuantiosos sueldos y privilegios que disfrutan los magistrados— de los atropellos a la Constitución y de la instauración de la dictadura de Daniel Ortega. De manera que los magistrados liberales se encuentran frente a una disyuntiva trascendental para Nicaragua y para ellos en lo personal, cual es la de someterse al orteguismo y así conservar sus cargos y privilegios, o ser fieles a los principios de la justicia y el derecho, defender la Constitución aunque tengan que sacrificar su interés particular.

Si los magistrados liberales resisten a despecho de que los destituyan, como han resistido hasta ahora, se ganarán el respeto de la ciudadanía y quedarán para siempre como personas dignas, íntegras y honorables. Pero si por la razón que sea claudican y se entregan al orteguismo, se cubrirán de ignominia y pasarán a la historia como individuos indignos y despreciables.

Los magistrados liberales tienen la libertad de escoger. Nosotros esperamos que elijan la opción de la fidelidad a los principios, de la decencia judicial y su dignidad personal.

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