Los representantes de poderes judiciales de 15 países que participan en la VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), que se celebra en Managua, rechazaron el hecho de que jueces del régimen del presidente Daniel Ortega politizaran el evento.
El magistrado orteguista Francisco Rosales Argüello, quien ejerce la secretaría pro témpore (temporalmente) de la CIJC, rompió al mediodía de ayer la agenda de la conferencia para darle lugar al magistrado de Apelaciones, Carlos Padilla, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), quien leyó un pronunciamiento en pro del orteguismo y atacando a los magistrados liberales.
La lectura del pronunciamiento causó el malestar de los magistrados extranjeros, quienes están en la conferencia para tratar temas de justicia constitucional y derechos sociales, económicos y culturales, obligando a referirse al asunto a la representante de la Secretaría Permanente de la CIJC, la magistrada del Tribunal Constitucional de España, Elisa Pérez Vera.
RESOLVER DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN
“Quiero insistir en que esto (la lectura del pronunciamiento) desde luego no ha pasado, no tenía por qué pasar y desde luego la Conferencia lo que quiere es desearle la mejor de las fortunas a los compañeros nicaragüenses en la solución dentro de la Constitución de Nicaragua de los problemas que ahora mismo tienen planteados, pero creo que más allá la Conferencia nunca puede (inmiscuirse)”, expresó la magistrada Pérez Vera.
La magistrada española admitió que Rosales ya le había informado de que posiblemente se iba a leer el comunicado, pero que ella en un primer momento pugnó entre evitar que se utilizara a la Conferencia de manera política y el no dañar el derecho a la libertad de expresión de los judiciales del régimen.
“En ese momento (cuando Rosales le informó) yo pugné entre el deseo de evitar cualquier utilización de la Conferencia para la resolución o el planteamiento de algún problema que, por ser doméstico, es ajeno a la Conferencia y en el que la Conferencia debe ser extraordinariamente respetuosa de la situación interna, y no es un tema de que no queramos participar, es que no podemos participar, ni podemos posicionarnos, por tanto, es un tema que creo que nunca debió tener acceso a esta sala”, añadió Pérez Vera.
ROSALES OPORTUNISTA
El magistrado Rosales quiso curarse en salud antes de las declaraciones de la magistrada Pérez Vera, señalando que la lectura del pronunciamiento no será incluida en el acta de la Conferencia.
Otros magistrados extranjeros no quisieron opinar abiertamente sobre el asunto.
“Son problemas ajenos, lo único que puedo hacer es exhortar a que este problema se supere para el bien de los justiciables (usuarios de la justicia), eso es lo ideal”, dijo el magistrado peruano Gerardo Eto Cruz.
“Entendimos (el pronunciamiento), pero no podemos intervenir en problemas de países hermanos. La hemos escuchado (la problemática), llevaremos a nuestro país la situación, pero en este caso yo no puedo hacer comentarios”, dijo el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Omar Chediak González.
USURPADORES
En las afueras del hotel Barceló Managua, sede de la Conferencia, jóvenes y abogados opositores trataron de contactarse con los magistrados extranjeros para exponerles las violaciones a la Constitución Política que realiza el Gobierno del presidente Daniel Ortega, pero fueron impedidos por seguridad del hotel, policías y funcionarios del Poder Judicial.
El jurista Sergio García Quintero indicó que los magistrados extranjeros deben saber que sus anfitriones son usurpadores y violadores de la Constitución, refiriéndose a que Rafael Solís sigue en la CSJ con cargos vencidos, y que la magistrada Alba Luz Ramos asume funciones de presidenta de la CSJ de manera ilegal.
QUEMAN BANDERA FSLN Y LOS LLAMAN DELINCUENTES
Jóvenes de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Managua quemaron una bandera del FSLN frente al hotel Barceló, luego de denunciar que fueron golpeados en su intento de entregar un pronunciamiento a los magistrados extranjeros, en el que se señalan las violaciones a la Constitución por parte de los orteguistas.
En tanto, los jueces y magistrados de apelaciones del régimen orteguista, al igual que otros trabajadores del Poder Judicial, abandonaron sus puestos de trabajo para ir a apoyar a los magistrados judiciales oficialistas. Un grupo de abogados independientes les recriminó su falta de independencia respecto a los políticos.
La abogada Glenda Orozco les gritó: “Porquería Judicial”; también les recordó a los jueces que debían estar trabajando, y no apoyando a los magistrados orteguistas, a quienes llamó “sinvergüenzas, ladrones, delincuentes”.
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