Una mayoría de miembros de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, incluyendo a dos aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), emitieron ayer un informe estableciendo que la reciente destitución de alcaldes, vicealcaldes y concejales violó la Constitución y las leyes de Nicaragua.
El informe, que está radicado en la primer secretaría y podría ser discutido la próxima semana en el plenario, también exhorta a las autoridades municipales y electorales a restituir a los funcionarios.
El informe establece que “los concejos municipales y Consejo Supremo Electoral (CSE), en el futuro procedan conforme a la ley y que las mismas autoridades reviertan lo sucedido en los municipios y que las cosas vuelvan a su estado natural, porque no se siguieron los procedimientos que se estipulan en la Constitución y las leyes para destituir a los ediles”, dijo el diputado Pedro Joaquín Chamorro, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
El legislador agregó que el informe confirma que los magistrados del CSE no deben ser reelectos, ya que juramentaron irregularmente a las nuevas autoridades y nunca facilitaron al parlamento la documentación de cada funcionario removido.
“Quedó demostrado que el Consejo Supremo Electoral es inoperante o está coludido para que estas destituciones se den”, indicó Chamorro.
El presidente de la comisión, Agustín Jarquín, afirmó que las “evidencias son abundantes” para presumir que las destituciones son anómalas.
“Concluimos que hay evidencias suficientes y abundantes para presumir que se incumplió la ley, tanto en la actuación de los concejos municipales como en el Consejo Supremo Electoral”, lamentó Jarquín.
Mientras, el diputado Allan Rivera, miembro de la comisión, resaltó que los funcionarios destituidos contarán a su favor con un informe legislativo de gran importancia.
“Va a ser un instrumento que tendrán las autoridades destituidas, ya sean alcaldes, vicealcaldes o concejales, para que recurran en primera instancia a sus concejos municipales, en segunda instancia al Consejo Supremo y en tercera instancia a la Corte Suprema de Justicia para que puedan resarcir los daños y perjuicios que sufrieron”, explicó Rivera.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió en un informe que el afán del partido de gobierno por continuar arrebatando alcaldías, para imponer su modelo autoritario, puede conducir al país a un nuevo conflicto bélico y lamentó el uso que se dio en Boaco a la Policía Nacional, CSE y Poder Judicial, para remover a Hugo Barquero.
(Con la colaboración de Elízabeth Romero)
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