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Pobladores de la zona donde se ubicaría el proyecto minero han protestado en contra del mismo. LA PRENSA/ARCHIVO/J. BRAVO

Gobierno tico podría cancelar minería Crucitas

El Gobierno costarricense podría cancelar la concesión a una empresa canadiense que proyecta extraer oro en la zona norte de Costa Rica, si lo considera conveniente y asume las consecuencias pecuniarias de esa decisión, según determinó la máxima instancia judicial del país.

SAN JOSÉ/AFP

El Gobierno costarricense podría cancelar la concesión a una empresa canadiense que proyecta extraer oro en la zona norte de Costa Rica, si lo considera conveniente y asume las consecuencias pecuniarias de esa decisión, según determinó la máxima instancia judicial del país.

[doap_box title=”Potenciales riesgos” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

Los grupos opositores al proyecto minero Crucitas señalan los peligros de contaminación con cianuro —elemento tóxico usado en la extracción del oro— para una de las zonas hidrológicamente más ricas de Costa Rica. Igualmente, el riesgo que puedan contaminarse afluentes del río San Juan de Nicaragua.

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La aclaración la hizo la Sala Constitucional al resolver un recurso interpuesto por un ciudadano en representación del movimiento ecologista, que se opone al polémico proyecto de explotación minera Crucitas, en una zona próxima a la frontera con Nicaragua, por considerar que su impacto ambiental es devastador.

Aunque el tribunal no accedió al propósito del recurrente, que era una declaratoria de inconstitucionalidad contra la minería a cielo abierto, el alto tribunal determinó que la aprobación y desaprobación de tales proyectos corresponde al Gobierno y al Poder Legislativo.

“Incluso, eventualmente, el Poder Ejecutivo tiene plenas competencias y atribuciones para rescindir, por razones de oportunidad, conveniencia, mérito o de interés público las concesiones y permisos otorgados en el pasado a cualquier empresa, debiendo enfrentar las eventuales responsabilidades consecuentes”, agrega el fallo.

La presidenta Laura Chinchilla decretó una moratoria de la minería a cielo abierto el pasado 8 de mayo, el mismo día que asumió el poder, pero se atuvo a que la Sala Constitucional resolvería el espinoso caso del proyecto Crucitas, que el anterior gobierno del presidente Óscar Arias había declarado de “interés nacional”.

La Casa Presidencial emitió ayer viernes un comunicado en el que afirma que está analizando “en detalle” la sentencia y que ha integrado una comisión para que analice “las responsabilidades legales y pecuniarias” de una eventual revocación de la concesión a la empresa canadiense Industrias Infinito.

Sectores políticos, del movimiento ecologista y de las universidades, entre otros, se oponen al proyecto y argumentan que la explotación implica remover un bosque tropical de 120 hectáreas, que constituye hábitat de numerosas especies de flora y fauna en peligro de extinción.

Nacionales Chinchilla Costa Rica Minería Crucitas archivo

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