Cobro de cédulas en manos de CGR

La población prefiere reponer su cédula con formato viejo, porque su bolsillo no le ajusta para pagar 300 córdobas.
LA PRENSA/ARCHIVO

En cada proceso electoral nacional el Estado gasta el uno por ciento de su Presupuesto General para cubrir los gastos de propaganda de los partidos y alianzas políticas; sin embargo la población ahora tiene que pagar por obtener su nueva cédula de identidad, aun cuando la Ley de Identidad Ciudadana establece que la emisión de la misma debe ser gratuita.

Mauricio Zúñiga, representante del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), señala que la Ley Electoral establece que el Estado destina el uno por ciento del Presupuesto General de la República para que los partidos políticos puedan cubrir los gastos de propaganda, lo cual significa que si actualmente hay un presupuesto de 25,262 millones 760 mil córdobas, y si el presupuesto del próximo año es el mismo, se deben destinar para gasto de partidos 252 millones de córdobas, los cuales se traducen en entre 11.7 millones y 12 millones de dólares.

Zúñiga explica que el CSE debe ser muy cuidadoso y ver que el proceso de cedulación sea cubierto por cooperación o por el Presupuesto General de la República del próximo año. “Ese costo de 300 córdobas es inaccesible para los ciudadanos, es importante ver otro tipo de gastos que se hace en el aspecto político”, resaltó.

“Si para los partidos hay 12 millones de dólares (unos 250 millones de córdobas) para la campaña electoral que se les entrega de forma gratuita, cómo no se les va a entregar a los ciudadanos su cédula”, expresa Zúñiga.

Cabe señalar que expertos en la materia han señalado que el costo real del nuevo documento de identidad es de tres dólares; sin embargo el CSE lo está vendiendo a un costo de 14 dólares, lo cual, a criterio de Zúñiga, está confuso.

• Hace falta campaña de divulgación

  • Mauricio Zúñiga dijo que se necesita una campaña de divulgación, porque la gente no está informada.
  “El CSE es el primero que debe garantizar transparencia para generar confianza, de por sí ya está cuestionado por las irregularidades de las elecciones del 2008 y de las recientes elecciones en la Costa, donde hubo manipulación al menos en cuatro circunscripciones en la RAAS y en 15 municipios en el 2008”, expresó Zúñiga.
  
  A criterio de Zúñiga, el CSE debería iniciar una campaña donde especifique cuál es su estrategia. “Es una campaña pública que no se puede manejar bajo el secretismo, es una política pública que no puede ser administrada como secreto de Estado, debe ser del conocimiento de la ciudadanía, cuál va a ser el proceso para otorgar la cédula nueva, cuánto tiempo va a llevar, informar de la apertura de las oficinas de cedulación en cada departamento, activar la Comisión Nacional de Cedulación para que haya monitoreo y supervisión de la transparencia del proceso, y evitar la manipulación partidaria del proceso, que cada día es más evidente en el país, y eso es grave porque le pone una nube negra al proceso electoral”.
  
  Durante ese proceso electoral se puede aprovechar para depurar el padrón electoral, porque el CSE tiene un bolsón de más de 300 mil cédulas que nadie las ha reclamado. Según la auditoría que el Ipade realizó en el 2006, hay cerca del 8 por ciento de gente sin cedular y un 9 por ciento de fallecidos en el padrón electoral, además de un 28 por ciento que había cambiado de dirección.

Si se cobrara el costo real de 3 dólares, por 4.1 millones de ciudadanos que tendrían que cedularse, tendrían un total de 12 millones 300 mil dólares, un presupuesto similar al otorgado a los partidos políticos para sus campañas electorales.

Es decir que el CSE se “reembolsara” el uno por ciento que le daría a los partidos políticos para su campaña y su presupuesto no sufriría ninguna reducción, por lo que siempre saldría ganando.

¿Y LA DONACIÓN DE6 MILLONES DE EUROS?

“Entiendo que el presupuesto que ha dado la cooperación ha sido de 6 millones de euros, que casi llega a 10 millones de dólares, entonces no entiendo porqué están cobrando semejante cantidad; el Estado no debe obrar con ánimos de lucro, debe prevalecer el ánimo de cubrir un servicio básico de la población”, sostuvo.

Por su parte, Dionisio Palacios, ex director de Cedulación del CSE, recuerda que en 1993, cuando se emitieron las primeras cédulas de identidad, no se cobró ni un centavo, tal como establece la Ley de Identidad Ciudadana; el proceso fue financiado por España y países nórdicos.

CSE LEGISLA DE FACTO

“Ahora hay muchas cosas contra la ley. La Ley de Identidad Ciudadana de 1993 (ésta) facultaba al CSE para que en caso de deterioros y daños el CSE fijara un arancel para reponer al ciudadano su cédula y en primera instancia fijaron 100 córdobas, pero luego por petición de los partidos políticos se bajó la cuota a 50 córdobas a través de la Asamblea Nacional, porque todo impuesto, cánones por servicios que haya que pagar, el monto tiene que ser fijado por la Asamblea Nacional, en consecuencia si hubiese que pagarse algo en base a lo fijado debería ser 50 córdobas, porque en cuanto al arancel fijado erróneamente por el CSE de 300 córdobas la Asamblea no ha dicho ni una sola palabra, es una exageración para una población donde existe tanto desempleo y gente pobre”, señala Palacios.

El experto en proceso de cedulación explica que otra de las ilegalidades del CSE es la emisión de un recibo simple por el pago del arancel de la cédula en lugar de un recibo oficial del Estado.

LEY MANDA GRATUIDAD

Por su parte, Zúñiga señala que el proceso que se está dando es la emisión por primera vez del documento, no una reposición, por tanto ésta debe ser gratuita, como manda la Ley de Identidad Ciudadana.

“Es distinto cuando se pierde y tiene que recurrir a reposición; cuando la cédula es nueva es importante que sea entregada de forma gratuita, porque si cobran 300 córdobas a 4.1 millón de ciudadanos que tendría el padrón electoral el próximo año, significan 1,230 millones de córdobas que va a recaudar el Poder Electoral, es decir, 57 millones de dólares, y ese dinero no se sabe qué destino va a tener”, expresó Zúñiga.

Palacios afirma que con los cobros que se hacen en el registro público y en la reposición de cédulas es más que suficiente, para autofinanciar sus servicios. “Si ocupara ese dinero para el proceso de cedulación no fuera necesaria la autorización de un presupuesto adicional, porque es autofinanciable”, afirma Palacios.

Zúñiga indica que fijar ese arancel de 300 córdobas es condenar a la mayoría de la población pobre de Nicaragua a no tener una cédula de identidad confiable y moderna.

Cabe señalar que de acuerdo a la Ley Electoral el padrón electoral se cierra tres meses antes de una elección, lo cual significa, a criterio de Zúñiga, que el CSE debe publicitar una estrategia de cuánto tiempo le va a llevar cambiar las cédulas de todos los electores y ese proceso debe durar lo máximo un año, porque, según la ley, para agosto tiene que estar el padrón electoral definitivo.

“Creemos que este proceso debe tener en primer lugar una estrategia, al igual que en El Salvador, cuando cambiaron el documento de identidad lo cambiaron en todo el país, el proceso llevó entre 6 y 8 meses”, expresó Zúñiga.

PROCESO SERÁ UNA CAJA DE PANDORA

Zúñiga sostiene que no podemos ir a las elecciones en el 2011 con un padrón electoral en el que hay cédulas nuevas, cédulas viejas vencidas, cédulas con formato viejo recién entregadas y documento supletorio. “Eso es abrir una caja de Pandora donde no hay ningún tipo de control y cualquier tipo de irregularidad se puede cometer”, señala Zúñiga.

Según el experto, durante el proceso de cedulación, de manera paralela se puede aprovechar para depurar el padrón electoral, por tanto el CSE deberá detener la emisión de cédulas con viejo formato.

“Si querés actualizar el país, esa cédula (nueva) es la única que deben tener, no se puede entrar a un proceso electoral donde hay cuatro documentos para votar, es como tener cuatro tipos de monedas en un país, eso es abrir el campo a la anarquía”, señaló Zúñiga.

El representante del Ipade agregó que si se empieza a privilegiar a quien pueda pagar y a quien es afín al partido de Gobierno, como está ocurriendo actualmente, se está estableciendo un proceso de exclusión, discriminatorio, un proceso en el que pesan más los derechos económicos que los derechos humanos y ciudadanos.

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